Pablo Casellas alegó que temía por su vida en solicitud de portación de armas

08/08/2012 |
Pablo Casellas fue declarado como sospechoso de la muerte de la ejecutiva Carmen Paredes, madre de sus hijas. (Archivo)  
El peticionario declaró en un documento que era el hijo de un juez federal y que, por lo tanto, tenía temor de recibir amenazas o daño corporal.

El principal sospechoso de la muerte de la reconocida ejecutiva Carmen Paredes, su viudo Pablo José Casellas Toro, solicitó una licencia de portación de armas en mayo de 2010 bajo el argumento de que temía por su seguridad y la de su familia.

El permiso especial, que fue concedido por una jueza de primera instancia el 12 de julio de 2010, fue revocado junto con la licencia de armas de Casellas a raíz de la investigación preliminar realizada por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón sobre la muerte de Paredes.

En la solicitud, radicada ante el Tribunal de Primera Instancia de la Sala de Guaynabo, se alega que “el peticionario, por lo antes expuesto, teme de forma constante por su vida y seguridad, razones por las que eleva ante este honorable foro su petición para que le sea autorizado portar sobre su persona un arma de fuego, con propósitos de defensa”.

Las razones esbozadas por el ejecutivo de seguros, a través de su abogado, se centran en sus negocios, su manejo de dinero y el hecho de ser “hijo del Senior US District Judge Salvador E. Casellas Moreno y, como tal, tiene temor inherente a recibir amenazas o grave daño corporal a él o su familia”.

La petición, de tres páginas, de la cual obtuvo copia este diario, establece que el ejecutivo es un corredor de seguros que “trabaja hasta altas horas de la noche, custodia documentos sumamente confidenciales, maneja en instancias transacciones en las que hay envueltas sumas de dinero considerables, (e) instrumentos negociables”. También hace una descripción de los negocios del solicitante como “presidente y chief executive officer (director ejecutivo) de Casellas Toro Insurance Brokers”, una agencia de corredores de seguros. Pero también destaca que el sospechoso del asesinato de su esposa, igualmente se desempeñaba como el jefe de la división financiera de Red Properties, Inc., “negocio que es propietario de bienes inmuebles que son dedicados al arrendamiento”.

A pesar de otras versiones que ponen en entredicho el carácter del empresario, la solicitud establece que Casellas es “una persona de buena conducta y reputación, de carácter sereno y apacible, y ciudadano cumplidor y respetuoso de las leyes”.

La petición fue firmada por un representante legal de Casellas, Enrique A. Rodríguez Cintrón, en mayo de 2010, y la misma fue concedida en julio de ese mismo año por la jueza Albis Rivera Medero.

La togada concluyó que Casellas “no hace uso excesivo o habitual de bebidas alcohólicas, ni es adicto a droga alguna, nunca ha sido convicto por la comisión de delito grave o menos grave que implique depravación moral, es persona de buen carácter y goza de buena reputación en la comunidad donde reside, y cumple con las leyes fiscales”.

Casellas fue declarado como sospechoso de la muerte de la ejecutiva, madre de dos niñas adolescentes, quien fue asesinada a tiros en su residencia el pasado 14 de julio.

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