Advierten riesgo de procesamiento criminal por obstrucción a electores

11/05/2012 | 12:44 p.m.
La determinación de la jueza federal Vargas de Cerezo tiene que acatarse a menos que se produzca una revocación del Primer Circuito de Boston antes de mañana martes.

Los funcionarios de colegio u otras personas que obstruyan el derecho de cualquier elector mediante el mecanismo de añadidos a mano "se corren el riesgo de ser procesados criminalmente", advirtió hoy, lunes, el representante popular Charlie Hernández.

El legislador cameral explicó que la determinación de la jueza federal Carmen Consuelo Vargas tiene que acatarse, a menos que se produzca una revocación del Primer Circuito de Boston antes de este martes.

Si algún ciudadano excluido de las listas de votantes quiere emitir el sufragio y se lo impiden, debe acudir a la Policía, a la Fiscalía Federal y a sus partidos para evitar esa "obstrucción ilegal de un derecho constitucional", dijo Hernández en una conferencia de prensa.

A juicio del legislador mayagüezano, la apelación del dictamen de Vargas representa "una barbaridad conceptual" y un "claro menosprecio al mandato constitucional" sobre el derecho al voto.

Explicó que la decisión en cuestión se refiere al derecho al voto y no a su adjudicación.

 La jueza Vargas, del tribunal de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico, emitió una orden para que se les permita ejercer el voto a los electores que quedaron inactivos por no haber votado en las elecciones pasadas.

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo, afirmó temprano que no acatará la orden de la juez federal.

 "Si la juez entiende que estamos desacatando la orden, tendrá que encarcelar a 30,000 funcionarios (de colegio) y a su comisionado porque no vamos a acatar la orden", sentenció Mundo a los medios informativos.

Al mediodía, el gobernador Luis Fortuño se mostró esperanzado de que Boston revocaría la decisión del foro federal en San Juan.

Mientras, el representante Hernández defendió la decisión al subrayar que se ampara en el Help America Vote Act (HAVA, por sus siglas en inglés) y dijo que el tradicional colegio de "añadidos a mano" es la respuesta puertorriqueña a la máxima garantía de derecho al voto y "el PNP, ni ningún partido político puede desafiar una orden del Tribunal con el ánimo de impedir el derecho al voto de 330,902 electores".

Lamentó que Mundo y el PNP busquen "crear un clima de confrontación en los centros de votación" e hizo un llamamiento a la calma para que no permitan provocaciones.

 Insistió en que el fallo de Vargas no tiene consecuencia en la adjudicación de votos de personas excluidas en las listas porque eso es un asunto que se atendería posteriormente, pero insistió en que nadie puede obstruir el derecho al sufragio de los ciudadanos.

Cruciales en una elección cerrada

Aunque explicó que ese tipo de votos quedaría en suspenso de adjudicación en sobres sellados, reconoció que esos sufragios podrían ser cruciales en caso de una elección cerrada.

"Creo que el PPD tiene una ventaja cómoda (para ganar las elecciones), pero, sí, es posible una contienda cerrada y que estos votos puedan ser decisivos", opinó Hernández.

El líder popular entiende que los 330,902 electores fueron "removidos ilegalmente" del registro, y repudió que el PNP mediante "triquiñuelas electoreras" busque lograr una victoria.

Recalcó que si una persona tiene su tarjeta electoral y desea votar, debe acudir al centro de votación, y si fue sacada de las listas, acudir al colegio de añadidos a mano para emitir allí el sufragio. Si se lo impiden, insistió en acudir a la Policía, a su partido y ante el fiscal federal Ernesto López, a quien se le encomendó atender este asunto.

Hernández alegó que Mundo votó a favor del reglamento vigente de la CEE que garantiza el derecho al voto y que fue creado para proteger a los ciudadanos de errores clericales u otros que pueden haber ocurrido durante la depuración de las listas.

Concluyó que el PNP ha adoptado en este caso una postura "hipócrita", porque inicialmente no pidió las listas de excluidos, pero luego cambió de posición y ahora busca intimidar para desalentar el voto de miles de puertorriqueños.