¿Licencia para discriminar a inmigrantes ilegales?

02/20/2013 |
Don José Cuello, de nacionalidad dominicana, lleva 30 años residiendo en la Isla y conoce bien cómo se discrimina contra el inmigrante ilegal, especialmente en el salario que este devenga por trabajar. (jose.rodriguez@gfrmedia.com)  
Gobernador propone otorgar permisos para conducir a inmigrantes ilegales, pero levanta interrogantes cómo se implementaría.

Ser inmigrante prácticamente te asegura ser víctima del discrimen, el rechazo y la burla. Pero cuando se es ilegal, no hay forma de evitar esos insultos y sinsabores.

Si alguien puede hablar de ambas caras de la moneda es Jesús Regalado, quien hace 17 años llegó en yola a Puerto Rico de forma ilegal desde la vecina República Dominicana.

Hace siete años, finalmente, logró legalizar su permanencia, pero en el ínterin tuvo que aceptar trabajos mal pagos, sin seguridad alguna y en los que, en algunos casos, era amenazado con ser llevado ante las autoridades para ser deportado por ser un “mojado”, como también se les llama a los inmigrantes ilegales.

Por eso, Regalado no dudó ni por un segundo en apoyar la enmienda a la Ley de Vehículos y Tránsito propuesta por el gobernador Alejandro García Padilla a los fines de que se les permita a los inmigrantes ilegales en el país solicitar la licencia de conducir sin presentar prueba de su estatus migratorio.

Claro, no es lo mismo tener una licencia para manejar que tener permiso de residente o ser ciudadano americano.

La medida propuesta por el gobernador está en pañales, pero piezas similares ya han sido implementadas en jurisdicciones de los Estados Unidos, como Washington, Illinois, Utah y Nuevo México.

En el ámbito local, sin embargo, prevalecen varias interrogantes, como: qué tipo de distinción tendrá la identificación de conducir versus la de los ciudadanos legales y si dicha diferenciación podría ser utilizada para discriminar.

“Cuando tú vas a buscar trabajo, lo primero que te preguntan es si tienes papeles. Si no tienes papeles, te rechazan o te tratan de otra manera y no puedes reclamar nada porque te botan”, señaló Regalado, quien denunció que dicho discrimen existe también entre los miembros de la misma comunidad.

Recordó que, cuando llegó, utilizó papeles con el seguro social de otra persona para poder trabajar. Y aunque en aquel entonces pudo obtener unos ingresos, los beneficios marginales eran para el otro individuo.

¿Qué hiciste esos primeros años?

De todo. Trabajar, aguantar humillaciones, aguantar de todo para poder llegar. Ahora tengo libertad, dijo Regalado, quien, al menos una vez al año, viaja a Santo Domingo a visitar a su familia.

El sentir de José Cuello es muy similar. Él, contrario a Regalado, llegó de forma legal, pero en sus más de 30 años en la Isla, son muchos los relatos que ha escuchado de sus compueblanos. “Al patrono le conviene tener indocumentados porque el legal le pide $8 y al indocumentado le dan $5 o $6”, denunció.

La medida, añadió, representaría además un beneficio para la economía de la Isla.

En síntesis, la propuesta busca concederle a la comunidad indocumentada el permiso de conducir. El mismo, sin embargo, no puede ser utilizado para viajar a territorio dominicano, exención que sería visible en la licencia.

“Facilita mucho. Cuando yo estuve ilegal, no tuve temor a enfrentarme a nadie. Nunca necesité un abogado cuando empecé a legalizarme”, sostuvo Sención Cairo mientras jugaba dominó junto a otros amigos dominicanos en la plaza Barceló.

En la misma dirección de igualdad, García Padilla se propone firmar otra orden ejecutiva para que se establezca como política pública el que no se les hagan preguntas sobre su estado migratorio a las personas que busquen servicios de salud en instituciones médicas públicas.

En una tercera medida, establecería como normativa que el Departamento de Educación garantice el acceso a la educación pública de todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio.

“En Puerto Rico, al año hay entre 400 y 500 deportaciones de personas que los agarran en la calle guiando y, al no tener licencia, los regresan. Totalmente de acuerdo que tengan licencia y que andemos ready”, sentenció Raúl Ramírez.

Pide espacio

El secretario designado del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres, solicitó espacio para estudiar la propuesta junto con su equipo de asesores y diseñar el mecanismo.

Entre esos puntos por definir están el tipo de distinción del permiso para manejar y si el mismo sería solo otorgado a la comunidad con estatus migratorio ilegal, dos factores que pueden ser un arma de doble filo.

“Son cosas que no hemos entrado a mirar. Eso es parte de lo que queremos discutir, pero recuerden que lo que tenemos que proteger es que se atienda el asunto de no tener conductores que no conozcan los parámetros para poder operar un vehículo de motor en las vías”, expuso el funcionario.

En Utah, por ejemplo, el permiso no puede utilizarse para volar. Mientras, en Washington, las personas sin número de seguro social pueden firmar una declaración jurada que les exime de la obligación de tener que proveer al departamento de vehículos un número válido a su nombre. Este caso aplica también a personas extranjeras con visas para estudiar o trabajar.

En Nuevo México, el trámite se logra presentando como una prueba de identificación un número fiscal emitido por el IRS.

Por su parte, José Rodríguez, del Comité Dominicano de Derechos Humanos, se mostró satisfecho con el hecho de que el gobernador haya acogido varias de las propuestas que le presentaran la semana pasada durante una reunión.

Rodríguez no mostró reparos con el hecho de que la licencia esté identificada como un documento que no puede utilizarse para salir del país, lo que claramente reflejaría que le pertenece a una persona extranjera.

Entiende que esta información no sería utilizada en contra del individuo. “La Policía no estaría mandando a que nos deporten porque el gobernador es el comandante en jefe de la Policía y esa no ha sido la directriz... ellos no estarían fungiendo como agentes de inmigración”, planteó quien estimó la población dominicana en la Isla en 400,000. De estos, unos 240,000 son ilegales.

Propuestas para la comunidad inmigrante

Orden ejecutiva para enmendar  la Ley de Vehículos y Tránsito a los fines de que se les permita  a los inmigrantes ilegales  en el país solicitar la licencia de conducir sin presentar prueba de su estatus migratorio

Orden ejecutiva para que se establezca como política pública el que no se les realicen preguntas sobre su estado migratorio a las personas que busquen servicios de salud en instituciones médicas públicas

Orden ejecutiva que establecería como normativa que el Departamento de Educación garantice el acceso a la educación pública de todos los estudiantes, sin importar su estatus  migratorio