Federación de Alcaldes busca alternativas a proyecto que regularía sueldo de los alcaldes

Por Rebecca Banuchi 04/17/2013 | 02:39 p.m.
La senadora María de Lourdes Santiago insistió en que el único criterio que debe prevalecer al determinar el salario de un alcalde es la población del municipio. (ismael.fernandez@gfrmedia.com)  
La Federación de Alcaldes busca desarrollar una propuesta alterna a las que se consideran en el Senado.

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) advirtió este miércoles que las propuestas que se evalúan en el Senado para ajustar el salario que devengan los alcaldes podrían agravar la situación fiscal en los ayuntamientos, y atentan contra la autonomía municipal que por décadas se ha promovido como política pública.

Para ilustrar sus argumentos, Suzette Suárez Pacheco, asesora legal de la OCAM, indicó que, de aprobarse el Proyecto del Senado 467, de la autoría de la senadora María de Lourdes Santiago, 29 alcaldes recibirían un aumento de sueldo el próximo año fiscal, mientras que 45 ejecutivos municipales sufrirían una baja en su salario.

La funcionaria se fundamentó en los datos del Censo del 2010, y en la información que tiene la agencia respecto a los salarios que ahora reciben los alcaldes.

El proyecto de la legisldora independentista elimina los siete criterios que establece la Ley de Municipios Autónomos para determinar el salario de los alcaldes -que incluye el presupuesto municipal, la situación fiscal, la población, la complejidad de las funciones, entre otros- y fija la compensación a base exclusivamente del número de habitantes en cada pueblo.

Mientras, la medida presentada por el senador popular Martín Vargas -el Proyecto del Senado 490- establecería un sueldo base, y propone una escala salarial, también basada en la población de los municipios, que oscilaría entre los $5,500 hasta los $8,500 mensuales.

Ambos proyectos son evaluados de manera conjunta por la comisión senatorial de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización, que preside Vargas, quien por 12 años fue alcalde de Guánica, y durante su primer cuatrienio en ese puesto recibió un aumento de sueldo de $3,500 a $5,000 mensuales, según dijo el propio senador.

"Esta medida (P. del S. 490), al igual que el Proyecto del Senado 467, pudiera comprometer los presupuestos municipales, puesto que establece que los municipios deberán realizar un ajuste en su presupuesto para cumplir con la legislación. La realidad es que las finanzas de muchos de nuestros municipios están en déficits millonarios, e imponer una carga de esta naturaleza pudiera no responder a su realidad fiscal", subrayó Suárez Pacheco durante la audiencia pública.

La abogada de la OCAM resaltó que, según el proyecto de Vargas, 45 alcaldes recibirían un aumento de inmediato para equiparar su salario al sueldo base que dispone la medida, mientras que 23 experimentarían recortes, y el salario de seis permanecería inalterado.

Esto es así, pues la pieza legislativa ordena que aquellos alcaldes con ingresos inferiores al sueldo base propuesto deberán hacer ajustes en sus respectivos presupuestos para equipararlo, y los que devenguen más que lo contemplado en la nueva escala salarial tendrán que modificarlo también "para conformarse" con lo dispuesto en el proyecto de ley.

Suárez Pacheco indicó, además, que restarle facultades a la Legislatura Municipal para determinar el salario de los alcaldes podría lacerar la autonomía municipal que se promueve desde 1991, tras la creación de la Ley de Municipios Autónomos.

"Es la Legislatura Municipal quien conoce el presupuesto y los compromisos financieros del ayuntamiento", acotó la funcionaria.

Previo a la OCAM, compareció la Federación de Municipios, que agrupa a los alcales electos por el Partido Nuevo Progresista, y sus comentarios evidenciaron que, aunque hay consenso en que el salario de los alcaldes debe ser revisado, existen marcadas diferencias respecto a los criterios que deben regir el proceso.

La FM, representada por su director ejecutivo Reinaldo Paniagua, junto a Raúl Santiago, asesor legal de la organización, solicitó a la comisión senatorial que le concediera más tiempo para comentar la pieza con el objetivo de consultarles directamente a los 31 miembros de esa organización los cambios que se deben hacer al proceso.

La intención es desarrollar una propuesta alterna a las que se consideran en el Senado, y que sería discutida conjuntamente con la Asociación de Alcaldes, que reúne a los ejecutivos del Partido Popular Democrático (PPD).

"La Federación ha coordinado una reunión con toda su matrícula y luego con la Asociación de Alcaldes con el propósito de buscar una enmienda al Artículo 3.012 (de la Ley de Municipios Autónomos) que sea justa y razonable para los primeros ejecutivos municipales, pero a tono con las realidades económicas de nuestro país", indicó durante la audiencia Paniagua. La comisión le permitió diez días más para completar el análisis.

La Asociación de Alcaldes se excusó de comparecer a la vista debido a que su presidente, el también alcalde de Comerío, José A. Santiago, se encuentra fuera de la Isla, pero en una comunicación escrita, la entidad advirtió que no emitiría comentarios sobre los proyectos porque se encuentran "trabajando en la recopilación de información de sus 47 asociados".

A pesar de los reclamos de tiempo extra, Paniagua y Santiago comentaron extensamente ambas piezas legislativas, aunque se concentraron principalmente en el P. del S. 490, que además de establecer el salario base, ordenaría que cualquier aumento de sueldo tendría que ser entre un 5% y 10%, y no podría entrar en vigor durante el cuatrienio que se apruebe.

Esa medida también elimina el séptimo criterio que ahora dispone la Ley de Municipios Autónomos para que una Legislatura Municipal pueda avalar un alza salarial, que es el que se tomen en cuenta los sueldos devengados por la Asamblea Legislativa y los secretarios del gabinete constitucional, y en cambio, propone otros tres requisitos que tendrían que ser de cumplimiento estricto.

Santiago coincidió en que hay que aprobar criterios que sean mandatorios, y reconoció que actualmente han surgido controversias respecto a si los siete puntos que rigen actualmene son simplemente unas guías o si obligan a las legislaturas municipales al conceder o denegar un aumento de sueldo a un alcalde.

Sin embargo, Santiago destacó en que, al momento de establecer el salario de un alcalde, resulta insuficiente tomar en cuenta exclusivamente el aspecto poblacional, y exhortó a añadir otras consideraciones como las responsabilidades del ejecutivo, la complejidad de sus funciones y el presupuesto con el que opera el gobierno municipal.

"Aquí no solamente es la población. Se deben traer variables donde se pueda hacer un balance justo y equitativo", subrayó el asesor legal de la FM.

Por su parte, la senadora Santiago insistió en que el único criterio que debe prevalecer al determinar el salario es la población del municipio, pues afirmó que dirimir otros aspectos abre la puerta a que se tomen en cuenta subjetividades.

"En la medida en que exista un criterio, los que sean, que se tengan que evaluar, se pierde la idea de que sea algo fijo", sostuvo la legisladora pipiola.

El P. del S. 467 elimina los siete criterios contenidos en la Ley de Municipios Autónomos, y en sustitución, establece que en aquellos pueblos con más de 40,000 habitantes, el alcalde recibirá un salario equivalente al de un secretario de gobierno, que asciende a unos $80,000 anuales.

Mientras, en los municipios con una población entre 20,000 y 40,000 habitantes, el ejecutivo municipal tendría un sueldo equivalente al 85% del de un secretario de gobierno, y en aquellos con menos de 20,000 habitantes la paga sería equivalente al 70% de la compensación del miembro del gabinete ejecutivo.