Se paraliza juicio contra Pablo Casellas

Por Melisa Ortega Marrero / melisa.ortega@gfrmedia.com 04/17/2013 |05:08 p.m.
Pablo Casellas fue acusado por el asesinato de su esposa, Carmen Paredes, el pasado 14 de julio. (juan.martinez@gfrmedia.com)  
El Ministerio Público hasta el viernes para presentar su postura a la solicitud de tiempo adicional hecha por la defensa.

La defensa del corredor de seguros Pablo Casellas, acusado de asesinar a su esposa Carmen Paredes el año pasado, logró que el Tribunal de Apelaciones paralizara, al menos por unos días, el juicio que inició este miércoles con la selección del jurado.

Los abogados Harry Padilla y Arturo Negrón presentaron temprano en la tarde un recurso de auxilio de jurisdicción y "certiorari" en el que solicitaron 30 días más con el propósito de obtener varios documentos necesarios para completar la defensa.

Aunque no concedió de plano el plazo requerido, el foro apelativo dio hasta este viernes a la Fiscalía para presentar su postura y entonces emitir una decisión.

La solicitud de tiempo extra había sido denegada repetidamente en la mañana por el juez José Ramírez Lluch, del Tribunal de Bayamón. Tras largas argumentaciones y súplicas de parte de Padilla y Negrón, el togado determinó comenzar con la selección del jurado y así se hizo.

Durante la mañana, las partes llegaron recusar a más de una decena de candidatos que habían solicitado que se les eximiera del proceso judicial por diferentes razones. Mientras que en la tarde se les tomó juramento a 55 potenciales jurados, 32 de ellos mujeres.

Posteriormente, desfilaron –algunos en persona y otros a través de fotografías- 15 testigos que la Fiscalía sentará a declarar durante el juicio para que los candidatos indicaran si conocían alguno, razón por la que podrían ser excluidos del panel que finalmente juzgará a Casellas. Ese fue el caso de cuatro de ellos.

En total, el Ministerio Público cuenta con 57 testigos.

Al recibir la orden del Apelativo a eso de las 4:30 p.m., el juez Ramírez Lluch informó inmediatamente a los candidatos que la sesión recesaría. Les indicó que regresarían a la corte cuando recibieran una notificación de los alguaciles y les instruyó finalmente a abandonar la sala.


Entonces, el togado leyó en voz alta la orden que ordenaba la paralización. Y luego emitió una resolución en la que concedió a la defensa de Casellas acceso al expediente de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) de uno de los testigos del Ministerio Público, que los abogados Negrón y Padilla habían solicitado en la mañana.

“El Tribunal de Apelaciones ha hecho una decisión sumamente justa y ha atendido nuestros reclamos y lo menos que se esperaba era que paralizara los procedimientos como lo ha hecho”, dijo Padilla al salir de sala junto a Negrón y Casellas.

Al ser cuestionado en torno a los detalles del recurso de cerca de 25 páginas, más apéndices que habían presentado en el Apelativo, Padilla indicó que se habían plasmado los mismos reclamos hechos en corte en la mañana.

Entre los múltiples planteamientos hechos por la defensa estaba la posposición del juicio hasta que se resolviera una moción de supresión de evidencia pendiente, para lo cual hay una vista pautada el 23 de abril. También solicitaron unos informes periciales del Instituto de Ciencias Forenses y los "currículum vitae" de todos los peritos que serán utilizados por el Ministerio Público.

También a la salida sala, la fiscal Phoebe Isales indicó que el Ministerio Público acataría la determinación y que sería la Procurada General quien estaría a cargo de presentar antes del viernes la postura de la fiscalía.

“Todo tiempo adicional se va a aprovechar al máximo”, expresó Isales, acompañada de los fiscales Janet Parra y Sergio Rubio.

El juez Ramírez Lluch pautó para el próximo martes, la 1:30 p.m., una vista sobre el estado de los procedimientos en la que se discutirá la decisión del Apelativo, si ha emitido alguna para entonces. Posteriormente se realizará la vista de supresión de evidencia ya en agenda.

Casellas, quien se mostró silencioso como de costumbre durante el proceso, está acusado de asesinato en primer grado, Ley de Armas y destrucción de evidencia, además de un cargo menos grave por mentir a las autoridades al alegar que fue víctima de un robo de carro a mano armada en el que presuntamente le llevaron el arma que, se alega, usó para matar a su esposa en la urbanización Tierralta III en Guaynabo.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de julio.