Justicia y Retiro buscan desestimación de demandas

Por Frances Rosario / frances.rosario@gfrmedia.com 05/23/2013 |10:56 a.m.
Las desestimaciones se discuten en la mañana de hoy, jueves, en la sala del juez Ángel Pabón Ocasio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

El Departamento de Justicia (DJ) y la Administración del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno radicaron sendas mociones para intentar desestimar una demanda de más de un centenar de empleados que tratan de impugnar la constitucionalidad de la Reforma del Retiro.

Las desestimaciones se discuten en la mañana de hoy, jueves, en la sala del juez Ángel Pabón Ocasio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Sin embargo, ya se adelantó que no habrá ninguna determinación durante el día de hoy, pues la decisión debe resolverla la jueza Gisela Romero, quien se encuentra ausente.

No obstante, el abogado del Retiro, Rafael Escalera Rodríguez, esbozó sus argumentos sobre la petición de desestimación del pleito que busca impugnar la Ley 3 del 4 de abril del 2013.

 El primer defecto que el abogado mencionó es que "ataca la constitucionalidad de una reforma que no ha entrado en vigor". Escalera Rodríguez afirmó que no hay ninguna controversia madura y que actualmente los empleados públicos demandantes no están bajo los efectos de un daño inminente.

 Asimismo, señaló que existe un interés apremiante del Estado en reformar el Sistema del Retiro porque el Fondo General no es capaz de ayudarlo a resolver la deficiencia de fondos con la que carga el Sistema.

"El impacto de este problema no es uno que se limita a los retirados. El impacto es sobre todo el pueblo de Puerto Rico… El Fondo General no puede cargar consigo mismo ahora, mucho menos puede cargar con un déficit de $35 billones ($35,000 millones)", argumentó.

"Si ese es el impacto, ¿cuál fianza se fijaría? ¿Cuánto vale la degradación de bonos en Puerto Rico? ¿Cuánto vale mantener las escuelas abiertas? La posición del Sistema de Retiro es que no hay caso", agregó Escalera Rodríguez.

A media mañana, la abogada del DJ, Claudia Juan García, esbozaba sus argumentos para que las demandas de los empleados públicos sean desestimadas.

 El tribunal tiene ante su consideración tres demandas de poco más de 400 empleados públicos que buscan impugnar la ley aprobada hace poco más de un mes. Los pleitos incluyen 68 empleados de la Oficina del Contralor, 350 empleados de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) y alrededor de una decena de policías.