Nueva ley de Retiro debilita finanzas de Compañía de Parques Nacionales

Por Rebecca Banuchi 06/04/2013 |06:25 p.m.
La Compañía de Parques Nacionales no cuenta con dinero presupuestado para cumplir con la nueva ley del Sistema de Retiro. (Archivo)  
La agencia no cuenta con dinero presupuestado para cumplir con esa obligación.

La deuda de la Compañía de Parques Nacionales (CPN) con la Administración de los Sistemas de Retiro del Gobierno se duplicará más a raíz de la recién aprobada ley que modificó el sistema de pensiones de los empleados públicos.

La agencia no cuenta con dinero presupuestado para cumplir esa obligación el próximo año fiscal, que inicia el 1 de julio, confirmó Carlos Del Valle Meléndez, subdirector ejecutivo de la CPN.

El funcionario dijo este martes, en una vista pública de la comisión senatorial de Hacienda y Finanzas Públicas, que la CPN mantiene al presente una deuda de $471,741 con los Sistemas de Retiro por concepto de leyes especiales, pero la aprobación de la Ley 3 en abril pasado elevará esa cifra a $1,1 millones cuando entren en vigor los cambios el 1 de julio próximo.

Esa cifra representa $627,000 adicionales (130%) que la CPN debe pagar a Retiro en momentos en que se recomienda un presupuesto de $30,4 millones para el próximo año fiscal, alrededor de $1 millón menos que lo que recibió este año.

"Con los cambios dispuestos en la Ley 3 del 4 de abril de 2013 al Sistema de Retiro, la Compañía tendrá una obligación mayor ascendente a $1,1 millones, los cuales no están presupuestados para el próximo año fiscal", manifestó Del Valle Meléndez durante la vista de presupuesto que dirige el senador popular José Nadal Power.

"Con la aprobación de dicha ley, se han recibido alrededor de 27 solicitudes de personas que están en trámites de acogerse a su jubilación", subrayó el funcionario.

Esa cifra de posibles jubilados, abundó Del Valle Meléndez, está bajo revisión porque Retiro todavía no ha certificado que los empleados cumplen con todos los requisitos para recibir la pensión.

Incluidas las obligaciones con Retiro, la agencia adscrita al Departamento de Recreación y Deportes mantiene deudas que totalizan $3,9 millones, que abarca también compromisos con las autoridades de Acueductos y Alcantarillados, y la de Energía Eléctrica, y la Administración de Servicios Generales, así como deudas por servicios de seguridad y suplidores.

Para el próximo año fiscal, el presupuesto recomendado para la CPN, que administra diversas propiedades e instalaciones recreativas alrededor de la Isla, asciende a $30,4 millones, que corresponden a $20,3 millones con cargo al Fondo General, $716,000 de asignaciones especiales, $9,2 millones de ingresos propios y $150,000 de otros ingresos.

La CPN ha experimentado graves problemas financieros los recientes años, al extremo de que tuvo que reducir temporeramente la jornada laboral de sus empleados. En el año año fiscal 2010-2011, recibió un aumento de $9,9 millones en su presupuesto para poder restablecer los turnos regulares de trabajo.

Desde el año fiscal 2011-2012, los recursos propios que genera de la venta de boletos de entrada a sus instalaciones, del arrendamiento de villas, cabañas y las concesiones han experimentado bajas al ingresarse $13,5 millones el referido año y tener proyecciones de $9,2 millones para el año fiscal que se avecina.

Del Valle Meléndez anticipó que una de las prioridades de la presente administración es mejorar el estado de sus propiedades en busca de atraer más visitantes que generen mayores ingresos.

"Esta administración está inclinada a aumentar los ingresos con un abarcador programa de nuevas iniciativas y atendiendo nuestras instalaciones brindándoles el mantenimiento adecuado a todos nuestros parques, y así atraer nuevos clientes", sostuvo.

Este plan de mejoras comenzó con el Centro Vacacional y Balneario de Punta Guilarte en Arroyo, con trabajos de limpieza en áreas verdes, reparación de planta física, pintura, entre otras obras.

La CPN también ausculta establecer acuerdos colaborativos con los municipios donde se ubican sus propiedades, en lugar de transferirlas a los ayuntamientos, como algunos alcaldes han propuesto.