Alcalde de Barceloneta duerme en la cárcel

 
 
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Alcalde de Barceloneta duerme en la cárcel

Durante la tarde de ayer, el Alcalde fue trasladado al Tribunal Federal. (Primera Hora / Andre Kang)

jueves, 16 de febrero de 2012
Francisco Rodríguez-Burns/ Primera Hora

El alcalde Sol Luis Fontanes Olivo, uno de los caciques municipales que lleva 25 años al frente del Municipio de Barceloneta, se sumó a la lista de funcionarios arrestados por las autoridades federales por solicitar sobornos a contratistas que desarrollan proyectos en sus respectivos pueblos. Pero, a diferencia de otros acusados, la Fiscalía Federal se adelantó con el arresto del Ejecutivo Municipal mediante una denuncia – y no una acusación, como suele suceder en estos casos– ante versiones que apuntaban a que éste representaba un peligro para la comunidad.

El alcalde afiliado del Partido Popular Democrático fue ingresado ayer mismo al Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo, pendiente de una vista de detención en la que, con toda probabilidad, se dará a conocer una grabación telefónica tomada el pasado Día del Amor en la que el funcionario supuestamente amenazó a un “ potencial testigo y coconspirador” y que alegó que se suicidaría antes de que se iniciara un juicio en su contra por actos de corrupción.

Algunos detalles de la grabación se dieron a conocer durante la vista inicial ante el magistrado federal Bruce McGiverin, en la que el Alcalde estaba siendo representado por tres abogados de alto perfil: Ramón Cestero, Roberto Buxó y Peter Díaz.

Fontanes Olivo fue arrestado por agentes del FBI durante la tarde en el estacionamiento del restaurante Metropol, de Barceloneta.

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Durante la tarde de ayer, el funcionario fue trasladado al Tribunal Federal para su vista ante McGiverin mientras la Fiscalía Federal ofrecía una conferencia de prensa para dar a conocer detalles de los cargos que el Alcalde enfrenta por un esquema de sobornos en el que él supuestamente recibía pagos en efectivo a cambio de la venta de propiedades municipales. Una de estas propiedades era un solar, aparentemente altamente cotizado, pero ayer no dieron a conocer más detalles de los bienes por una investigación que continúa a todo vapor.

Según aseguró la Fiscalía Federal, el funcionario recibió más de $50,000 en efectivo a través del esquema, pero cabe destacar que éste pidió más de $190,000 a diferentes contratistas entre marzo de 2010 y noviembre de 2011.

Según un afidávit, “hay grabaciones de audio y vídeo de Fontanes Olivo haciendo arreglos y recibiendo los pagos ilegales, ascendentes a más de $50,000”.

La jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, informó que los pagos “los recibía un coconspirador y éste, a su vez, se los entregaba al Alcalde”. Las transacciones se hacían en la propia alcaldía.

“Los servidores públicos que solicitan pagos ilegales a contratistas son deshonestos con el pueblo. No vamos a tolerar más actos de corrupción por parte de personas deshonestas que se aprovechan de sus posiciones de confianza para su beneficio y lucro personal”, indicó Rodríguez.

El Alcalde supuestamente cometió fraude a programas federales mediante dicho patrón de extorsión. En medio de una investigación realizada por un Gran Jurado, la denuncia para el arresto del funcionario fue firmada por la presidenta del Tribunal Federal en Puerto Rico, Aida Delgado.

Según la Fiscalía Federal, en una ocasión el Alcalde solicitó $150,000 en efectivo y recibió $28,000. En otra instancia, pidió $40,000 y se le entregaron $27,000. El resto de los pagos fluctuó entre $5,000 y $20,000.

“La eliminación de la corrupción pública en todos los niveles es una prioridad para el Negociado Federal de Investigaciones. Nos dedicamos a atacar este problema tan complejo y recurrente de una manera imparcial. Como en todas las investigaciones, el FBI actúa de forma objetiva, siguiendo la inteligencia y la evidencia desarrollada a través de nuestras técnicas de investigación”, indicó el director del FBI en Puerto Rico, Joseph Campbell.

Por los cargos de soborno, el funcionario enfrenta una pena máxima de 10 años de cárcel y una multa de $250,000.

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