domingo, 5 de abril de 2009
11:48 a.m.
Prensa Asociada
La posible derogación de la colegiación compulsoria de los abogados pondría en riesgo el futuro de los demás colegios profesionales que existen en la isla, advirtió el domingo el Presidente del Colegio de Peritos Electricistas.
José Soto Echevarría instó a los representantes de estas organizaciones profesionales y a sus integrantes a participar en las vistas públicas senatoriales para mostrar su rechazo a la eliminación de la afiliación obligatoria al Colegio de Abogados porque entiende que sería el primer paso para la desaparición de las demás instituciones de ese tipo.
"Nos sentimos amenazados de que en el futuro nos suceda lo mismo", indicó Soto Echevarría en un comunicado de prensa.
"Es hora de despertar y mantenernos alerta para defender los servicios de calidad que los colegios brindamos a los ciudadanos. Es nuestro deber ministerial, como lo es para ambas cámaras, brindar servicio de calidad y proteger a los ciudadanos", señaló.
Para el líder de los peritos electricistas, la medida aprobada la semana pasada en la Cámara de Representantes amenaza la existencia de sobre una veintena de colegios profesionales y, por ende, los servicios que estos organismos ofrecen a la ciudadanía.
Entre estos, mencionó la labor social que realizan estas instituciones, su responsabilidad asegurar un nivel óptimo entre los profesionales que representan, así como la oferta de seminarios y cursos para que su matrícula esté al día con los cambios y las nuevas tendencias en su campo.
El miércoles pasado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que eliminaría la colegiación compulsoria de los letrados y que, además, reasignaría un gran número de las partidas del Colegio de Abogados a otras entidades de servicios legales.
La medida se encuentra ahora ante la consideración del Senado, e incluye, además de la voluntariedad de la colegiación, que todo abogado que no sea miembro del Colegio pague una anualidad de $200 al Tribunal Supremo que será transferida para pagar los gastos de Pro Bono Inc., Servicios Legales de Puerto Rico, la Oficina Legal de la Comunidad y cualquier otra entidad que provea asistencia legal a indigentes en casos civiles.
Al presente, los abogados pagan una cuota anual al Colegio de $250.
La medida también establece que el ingreso recibido por concepto del sello de práctica forense será destinado íntegramente a Pro Bono Inc., y que el impuesto notarial será asignado en partes iguales al Instituto del Notariado Puertorriqueño y a la Asociación de Notarios.
