martes, 9 de febrero de 2010
Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora

Convertir la Oficina de Comunidades Especiales en una procuraduría sería, según líderes de varios sectores marginados del país, echar por la borda el esfuerzo de autogestión para sustituirlo por una agencia de quejas.

Wilfredo López, líder del barrio Sonadora, en Aguas Buenas, defendió la Ley Número 1 que creó el proyecto de comunidades especiales por ser un modelo de intervención que permite que sean las comunidades y su liderato los que desarrollen estrategias para romper con la dependencia y el asistencialismo del Gobierno.

“Es un retroceso que se pretenda derogar esa ley. Hay muchas comunidades y muchos líderes que se están formando al calor de ese esfuerzo. Esta idea de juntar en una misma oficina todas las procuradurías entorpece este proceso de desarrollo comunitario”, aseguró López.

Aunque reconoce que la implantación de la ley ha tenido sus complejidades “como todo proceso social”, si se hace un recuento, lo positivo supera por mucho a lo negativo.

“Esta campaña sobre los proyectos que han quedado en el aire se han sacado fuera de proporción. En el balance podemos adjudicar un paso positivo en el desarrollo comunitario”, reiteró el portavoz de la alianza de líderes comunitarios Un Solo Movimiento.

Aun cuando le atribuye a la ex gobernadora Sila M. Calderón el haber mirado hacia las comunidades invisibles, reconoce que “eso es un haber de nuestra sociedad, no de doña Sila”. “Deberíamos aprender que las cosas buenas que se proponen para dignificar a la gente, para darle poder a los que no lo han tenido, eso debe ser aplaudido por todo el liderato de la sociedad. Yo no sé qué mentes están articulando todas estas estrategias de desarrollo”, cuestionó.

La líder loiceña Carmen Villanueva también dejó claro que la Ley de Comunidades Especiales no es para crear un espacio de quejas, sino participativo.

“Están acostumbrados a que uno tenga que llamar para depender de ellos. Es lamentable que veamos una Unesco ratificando que es un proyecto de envergadura; no puedo entender dónde están leyendo”, lamentó la mujer.

Para la ponceña Carmen Pacheco, de la comunidad Clausells, lo que está detrás de la derogación de la ley es eliminar la número 232 de 2004, un estatuto que les da participación a los ciudadanos en casos de expropiación.

“Ellos quieren derogar la Ley 232 que nos protege de expropiaciones forzosas. “(Clausell) está cerca del pueblo y las facilidades, pero en Ponce tenemos varias que se pueden ver afectadas por el megapuerto o la ampliación del aeropuerto Mercedita. Ellos dicen la Ley Número 1, pero es la 232”, insistió.

La abogada Myrta Morales, quien se ha destacado por defender comunidades de escasos recursos económicos, manifestó que es “curioso” que en la propuesta para crear la Procuraduría de Comunidades Especiales no se incluyera una cláusula que protegiera la enmienda que creó la Ley 232.

“La propuesta tiene una cláusula que indica que se protegerán los derechos adquiridos bajo la ley que creó el Fideicomiso, pero no se incluyó la enmienda que establece mecanismos de participación ciudadana en casos de expropiación de municipios autónomos”, señaló la licenciada.

Morales rechazó el desmantelamiento del proyecto “porque se echa para abajo fomentar que las comunidades sean las protagonistas de su desarrollo”.

Ésa es también la apreciación de la investigadora social Marcia Rivera, quien destacó que la Ley 1 modificó el enfoque de intervención estatal tradicional de tipo paternalista y clientelista y lo sustituyó por un modelo que incorpora la capacidad y voluntad de trabajo de las comunidades en la solución de sus problemas.

Entre las razones que planteó la socióloga para no derogar la ley está que “las políticas públicas claves deben ser de largo plazo, consistentes y coherentes”. “La pobreza y desigualdad son los problemas fundamentales de Puerto Rico; no habrá recuperación si no se atienden. La mitad de la población vive bajo niveles de pobreza, lo que significa que no pueden desarrollar plenamente sus capacidades y aportar al desarrollo del país”, señaló.