martes, 25 de mayo de 2010
07:06 p.m.
Nelson del Castillo / Inter News Service
El secretario de Estado de Puerto Rico, Kenneth McClintock, atribuyó al “desconocimiento” de una serie de funcionarios en Estados Unidos el encarcelamiento de un boricua sospechoso de estar ilegalmente, al que el ICE (Immigration and Customs Enforcement) se proponía deportar hacia Puerto Rico.
“Si es como se ha reportado, se trata de una serie de funcionarios que tienen un desconocimiento total de esta relación constitucional contra natura que sufre Puerto Rico por los pasados 112 años”, dijo McClintock a la agencia Inter News Service (INS) en referencia a la dominación colonial que ejerce Estados Unidos al advertir que no ha podido compilar información “fehaciente” en torno a lo ocurrido.
Según medios informativos hispanos de Estados Unidos, Eduardo Caraballo, de 32 años y nacido en Puerto Rico, pasó el fin de semana bajo arresto en el condado de Cook, en el estado de Illinois, con la intención de deportarlo a la “República de Puerto Rico”, por lo que McClintock bromeó al ser entrevistado que ahora es el “canciller o ministro de relaciones exteriores”.
Caraballo fue arrestado en un negocio familiar en Chicago por presuntamente poseer un carro robado y fue mantenido encarcelado a pedidos del ICE con el objetivo de “deportarlo”, pese a que su madre Patricia, de origen mexicano, había pagado la fianza, según el periódico Hoy de esa ciudad.
“No procederemos hasta que no tengamos conocimiento de lo que realmente pasó. Puede que las autoridades pensaran que el ciudadano no fuera puertorriqueño y esté utilizando certificado que no le correspondía”, manifestó McClintock.
Puerto Rico está bajo el dominio de Estados Unidos desde 1898, cuando lo invadió como parte de la Guerra Hispanoamericano, y sus naturales son ciudadanos estadounidenses desde 1917, mediante una ley del Congreso norteamericano, que en 1952 aprobó un estatuto de Estado Libre Asociado para excluirlo de la lista de países coloniales de las Naciones Unidas.
McClintock dijo que los funcionarios estadounidenses tienen mucha suspicacia ante la presentación de documentos puertorriqueños, porque el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó a principios de 2009, que de 8,000 casos de intervenciones con certificados de nacimientos en poder de impostores, el 40 por ciento correspondía a Puerto Rico.
El Secretario de Estado puertorriqueño advirtió que esta situación se subsanará a partir del 1 de julio de este año, cuando entrará en vigencia un nuevo tipo de certificado de nacimiento que invalida los existentes, que en el mercado negro se venden a precios que fluctúan de 5,000 a $10,000, según dijo.
“Hace un tiempo se informó que en una barriada de San Juan se estaba vendiendo drogas a cambio de certificados de nacimientos, lo que los ha convertido en casi una divisa”, reveló el funcionario en entrevista con la agencia INS.
McClintock explicó que Departamento de Estado norteamericano ha colocado a funcionarios puertorriqueños en oficinas de expedición de pasaportes para evitar el fraude mediante la utilización de certificados de nacimientos de la Isla.
Agregó que hay unas preguntas particulares, las que prefirió reservarse, que le pueden hacer a un solicitante para dejarlo en evidencia si no es puertorriqueño.
Además, detalló, hay una comunicación con diferentes organismos federales y estatales de Estados Unidos, que tienen que ver con la expedición de documentos de identidad, con el fin de evitar el fraude mediante la usurpación de documentos puertorriqueños.
McClintock añadió que también se prohibirá “la mala práctica” de que distintos organismos públicos y privados en la Isla retengan los certificados de nacimientos, los que muchas veces son robados por elementos que los mercadean a terceros.
Aclaró que con el cambio que se implantará en julio, no hay necesidad de salir corriendo a solicitar el nuevo certificado, aunque a partir del próximo mes se habilitará un procedimiento de expedición que no tardará más de siete a diez días hábiles, para aquellas personas que los requieran.
McClintock no descartó que la ley antiinmigrantes en Arizona haya envalentonado a algunos burócratas interesados en discriminar, por lo que manifestó su oposición y exhortó a cancelar las convenciones y actividades que puedan generar dinero a ese estado.
En el caso de Puerto Rico advirtió que “si fuéramos estado” de Estados Unidos, como ambiciona el oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) al que pertenece, “este tipo de situaciones no ocurrirían, pero mientras prevalezca la que tenemos contra natura, es inevitable que pasen”.
