Boricuas se unen a movimiento Occupy en Hato Rey

Las exigencias del grupo incluyen:

• Separación del poder corporativo y la política gubernamental. Exigimos que se ponga fin a la influencia masiva de las empresas limitando mediante legislación las contribuciones monetarias a las campañas políticas y hacer ilegal el cabildeo. Los que dictan la política son los mismos empresarios adinerados que se sientan en las juntas de directores de grandes corporaciones. La voz colectiva de un 99% de la población ha sido ahogada por la de 1% y eso no es aceptable. Exigimos que el gobierno sea verdaderamente sensible con aquellos a quienes representa.

• Este movimiento es sobre la justicia financiera. Exigimos reformas fiscales para asegurar que las corporaciones y los ricos paguen su parte justa en impuestos.

• Eliminación inmediata del llamado “Ajuste por Combustible” de las facturas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Más del 75% del dinero que se cobra por concepto del mencionado ajuste no tiene nada que ver con la compra de combustible. Además, demandamos realizar una auditoría forense para analizar cómo se utiliza el dinero que recibe la autoridad y detectar cualquier malversación de fondos y hacer públicos los resultados.

• Cese y desista del proyecto del gasoducto. Su construcción pasará cerca o a través de comunidades, lo que resulta peligroso y representa una amenaza para la vida de las personas que viven en Puerto Rico. No es una alternativa viable para ahorrar dinero en las facturas de la electricidad. Contamina nuestro ambiente. Estará construido en una zona de alto riesgo ya que hay mucha actividad sísmica en la región. Y en caso de una fuga de gas podría ocurrir una catástrofe. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) va a gastar más de $100 millones de dólares en la construcción y tan sólo va a reducir un 3% de la factura de luz de los abonados ($3.00 de cada $100 cobrados). También el valor de las propiedades cercanas a la tubería disminuirá significativamente.

• La energía es el eje alrededor del cual gira el desarrollo económico de los países. Por lo tanto, exigimos un cambio en la fuente actual por alternativas de energía renovable que nos permitan bajar el alto consumo de petróleo tales como: energía usando basura , energía solar, energía por viento, energía termal y garantizar que su implantación no atente contra el bienestar de nuestras comunidades. Los planes para diversificar la capacidad de generación de energía eléctrica en la isla se están diseñando, pero los bosquejos preliminares todavía mantienen su dependencia en el uso de combustibles fósiles. El plan más reciente de la AEE para el año 2010, propone a todo lo ancho del sistema una capacidad de generación de energía eléctrica basada en petróleo en un 49%, gas natural en un 37.5%, carbón en un 13% y energía hidroeléctrica en un .5%. Esta visión contrasta enormemente con la del resto del Mundo que proyecta una generación de energía eléctrica basada en Energías Renovables en un 50% para el año 2040.

• Nueva reforma agraria que logre la soberanía alimentaria. Puerto Rico gasta sobre $8,500 millones anuales en alimentos (año 2010), actualmente sólo produce un 15% de sus alimentos, el otro 85% es importado vía los Estados Unidos. Por tanto, pasaron a los Estados Unidos $7,225 millones solo por el consumo de alimentos. Todos los $2,100 millones que recibió Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional se fueron para Estados Unidos nuevamente.

• Que la educación se reconozca como un derecho y sea gratuito tanto en las escuelas como en las universidades públicas. Que la calidad de la enseñanza sea de altura y que las personas que aspiran a una educación de excelencia para sus hijos no tengan que matricularlos en colegios privados. Además, exigimos que se atiendan los reclamos de los estudiantes de educación especial y que se asignen los recursos para que estos puedan desarrollar al máximo su potencial.

• Vivimos en un país cada vez más violento. Las raíces de esa violencia a todos los niveles, desde la familiar hasta la institucional, son muchas. Van desde la desigualdad social a la dependencia económica y de la desintegración familiar a la poca tolerancia social. De acuerdo a estadísticas recientes, al concluir esta década, en Puerto Rico habrán asesinado a casi 9,000 personas, en su gran mayoría jóvenes de 18 y 24 años. Somos el octavo país de mayor índice de policías (estatales y municipales) por habitante en el mundo (597 por cada 100,000 habitantes) pero ocupamos uno de los primeros veinte lugares en los índices de asesinatos de nuestra región. Queremos vivir en un país seguro. Demandamos acciones estratégicas y efectivas que garanticen la seguridad en los espacios públicos y comunitarios mediante el desarrollo de un plan activo que diseñe, gestione, recomiende y revise políticas públicas relacionadas al tema de seguridad. Reclamamos un plan de prevención para jóvenes de alto riesgo y demandamos acciones concretas para erradicar de la Policía de Puerto Rico la corrupción y la brutalidad policiaca.

• El desempleo que arropa a Puerto Rico mantiene a 19 de los 78 municipios de la Isla con tasas que sobrepasan el 20 por ciento de desempleados y a otros 44 con tasas que superan el promedio del país, que para febrero pasado se estimó en 15.8 por ciento. A pesar de la industrialización y modernización del último medio siglo, el sector privado de la economía puertorriqueña todavía no tiene la capacidad de crear los empleos que el País necesita y la administración actual ha recurrido a las cesantías en masa para conjurar el déficit fiscal del gobierno central del Estado Libre Asociado. De manera explícita, la administración apuesta a la capacidad de la economía privada para hacerse cargo de los empleados públicos desplazados; una apuesta que la historia no favorece. Demandamos un proyecto de ley efectivo para la creación de nuevos empleos y un plan para la enseñanza, el adiestramiento, la consultoría y el desarrollo de programas empresariales.

• Toda persona tiene derecho al acceso a cuidados de salud, independientemente de la condición económica del ciudadano. El cuidado de la salud de la población no puede estar sujeto a las fuerzas y estrategias del mercado. Más de 400,000 puertorriqueños adolecen de un plan de salud, porque no cualifican para el seguro público y tampoco pueden pagar un plan privado. Vivimos con una infraestructura médica obsoleta, nuestras instituciones hospitalarias enfrentan deficiencias en el reclutamiento de profesionales y un centro médico incapaz de suplir la demanda de servicios. El área oeste continúa desprovista de una sala de trauma y en estos días vimos cómo el Hospital Oncológico está en quiebra. El sistema de salud está en crisis. El fortalecimiento del sistema de salud y el aumento de su equidad son estrategias fundamentales para luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo. Exigimos un sistema de salud universal que trascienda las reformas de las pasadas décadas y que haga realmente accesible el cuidado médico para todos los ciudadanos.

Para más información sobre el movimiento el grupo invitó a acceder su página web www.occupypuertorico.org así como los perfiles en las redes sociales Facebook (Occupy Puerto Rico) y Twitter (Occupy__PR).