martes, 26 de mayo de 2009
01:07 p.m.
Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora
La Cámara de Representantes mantendrá las fianzas en la medida de los permisos, pero sólo permitirá que se exija cuando se vaya a paralizar un proyecto en el tribunal.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara, José Chico, dijo hoy que el gobernador Luis Fortuño y él coinciden en que la implantación de la fianza no debe darse sin que haya terminado todo el proceso administrativo, que de aprobarse la nueva ley contempla el establecimiento de una Junta Apelativa del propio estado.
Chico indicó que apoya el que los ciudadanos puedan acudir en busca de auxilio al Tribunal de Apelaciones, y no al Supremo, ya que en este último los procesos son más costosos.
“La fianza se podría imponer para paralizar la obra en el Tribunal Apelativo”, precisó el representante del Partido Nuevo Progresista, quien hoy defendió que se impongan las fianzas para evitar impugnaciones frívolas.
El representante también dijo que el proyecto de ley tiene que garantizarle una participación activa y amplia a la ciudadanía en todo el proceso hacia el otorgamiento de los permisos y endosos que concedería la Oficina de Gerencia de Permisos.
“No estamos conformes con estas enmiendas. El pueblo tiene que tener derecho a paralizar una obra cuando entienda que está ocurriendo un daño. En lo que se investiga, las construcciones tienen que paralizarse”, reaccionó de inmediato Myrna Conty, líder ambientalista de la organización “Amigos del Río Guaynabo”.
Las expresiones de Chico surgieron luego de concluidas las vistas públicas de en que se evalúa la reforma de los permisos.
En esa audiencia, la Escuela de Asuntos Ambientales de la Universidad Metropolitana (UMET) unió su voz a la de los sectores que se oponen al proyecto de ley de los permisos.
La doctora María A. Juncos, directora del Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable, de la Escuela subrayó que esa medida “coarta” la participación ciudadana en los procesos de evaluación, otorgamiento o denegación de los permisos en Puerto Rico.
Según Juncos, el que se pretenda establecer una Junta Apelativa de Permisos dirigida por miembros asociados nombrados por el Gobernador “trastoca la separación de poderes”, ya que deben ser los tribunales los que determinen los trámites de paralización o revocación de las dispensas.
Asimismo cuestionó si la figura del inspector general --que también sería nombrado por el Gobernador y la Asamblea Legislativa “de turno”- habrá de representar verdaderamente el interés público o los intereses del gobierno “de turno”.
“Nos preocupa que las determinaciones finales de ese inspector no serán revisables”, dijo la educadora.
En cuanto a la participación plena de los ciudadanos en los procesos de otorgamiento de permisos, Juncos puntualizó que la pieza legislativa, tal y como redactada, la limita a aquellos que tengan un interés propietario, claro, directo, inmediato e indisputable en la controversia o materia en cuestión.
Las intervenciones quedarían sujetas, por tanto, a que el interés del peticionario pueda ser sustancial y adversamente afectado por la concesión de las dispensas.
“Eso significaría que si yo vivo en San Juan, no puedo intervenir si considero que un proyecto afecta a El Yunque”, dramatizó Juncos.
La directora del Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable también llamó la atención a que el proyecto de ley consigna que el descubrimiento de un error de hecho o de derecho en el otorgamiento de un permiso no conllevará la revocación de éste, ni tampoco la destrucción de la obra.
“Este artículo –dijo Juncos- podría facilitar la corrupción en el otorgamiento de permisos”. No se garantiza tampoco justicia para los ciudadanos afectados y sólo protege el capital invertido del proyectista, según indicó.
En torno a la controversia de las fianzas, la representante de la Escuela de Asuntos Ambientales dijo que esa es otra muestra de cómo la pieza legislativa coartaría la participación ciudadana.
“(Si este proyecto se convierte en ley) será sumamente difícil impugnar las decisiones tomadas por la Oficina de Gerencia. Se provee una vía franca para que los proponentes de los proyectos, los cuales muchas veces tienen mayores recursos para proteger sus intereses, lleven a cabo sus proyectos con la menor intervención posible de la ciudadanía interesada o afectada”, concluyó.
El líder ambientalista de la zona de Dorado, el ingeniero químico José Ignacio Giraldo, por su parte, señaló que el proyecto de ley no está diseñado para mejorar el proceso hacia la obtención de permisos, “sino para que las comunidades no tengan la más mínima oportunidad de hacer sus reclamos” cuando se oponen a un desarrollo.
