La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes realizó ayer la primera vista pública sobre la propuesta Ley Especial Lorenzo. (Primera Hora / Vanessa Serra Díaz)
jueves, 19 de agosto de 2010
Nydia Bauzá / Primera Hora
La propuesta Ley Especial Lorenzo, que les quita la discresión a los fiscales y activa de forma automática los protocolos en el manejo de escenas de crimen en casos de menores de 12 años, fue avalada ayer por legisladores azules y rojos, aunque fue rechazada por el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani.
La jefa del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte, no fue enfática pero dio a entender que el paquete de tres medidas no es necesario.
El titular de Justicia rechazó los proyectos en una ponencia escrita. No se presentó a la primera vista pública que realizó ayer la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes alegando un posible conflicto de interés debido a que los proyectos de ley aluden al caso de asesinato del niño Lorenzo González Cacho, que sigue bajo investigación.
“Actualmente el Departamento de Justicia regula el manejo e investigación de los casos mediante órdenes administrativas, que en términos generales, atienden lo requerido para los distintos delitos con la agilidad que resulta necesaria. Así por ejemplo se establecen las normas a seguir en trámite e investigación de los casos de asesinato, homicidio, secuestro, entre otros”, sostuvo Somoza en el escrito.
La presidenta de la Comisión de lo Jurídico, Liza Fernández, dijo, sin embargo, que citará al titular de Justicia la semana próxima para que explique su posición. “No vamos a entrar en detalles del caso Lorenzo”, dijo la legisladora, quien apoyó dos de las medidas y vio con reservas otra.
El representante popular Charlie Hernández planteó que las medidas, de la autoría de su compañera de partido, Brenda López de Arrarás, van más allá del caso Lorenzo.
“El Departamento de Justicia no tiene la capacidad para autoconvocarse. Debieron hacer el planteamiento aquí. No estamos pidiendo detalles de la investigación. Las medidas son para todos los casos”, sostuvo Hernández.
La representante Arrarás indicó que las medidas buscan esclarecer los casos de muerte de niños menores de 12 años y son de carácter prospectivo.
Explicó que la llamada Ley Especial Lorenzo le ordena a los funcionarios públicos que dentro del marco de la discreción que ejercen se proteja toda posible evidencia relevante para la investigación.
“En el caso de un menor no debe ser discrecional el preservar y recopilar la evidencia necesaria para el esclarecimiento del caso. Además, no se debe hacer distinción de clase alguna por clase social, económica o lugar donde ocurran los hechos”, sostuvo la legisladora.
La patóloga María Conte no fue categórica en su posición, aunque admitió que el ICF cubre solamente la región de San Juan, Carolina, Bayamón, Ponce y Guayama, y por excepción atiende “aquellas regiones donde el fiscal entiende imprescindible nuestros servicios”.
Dijo que el año pasado el ICF atendió 40 casos de menores y para cubrir todas las áreas necesitaría unos 50 investigadores adicionales.
La galena dio un espaldarazo a la labor investigativa de la Policía y propuso extender los seminarios que ofrece la agencia al personal que labora en las salas de emergencias.
El ex presidente de la Cámara, José Aponte Hernández, confrontó a la funcionaria con las escenas alteradas en el asesinato del niño Lorenzo y del agente encubierto de la Policía, Alejandro González Malavé, en el cual recordó que se pegó manguera a la marquesina de la residencia.
“Esto nos lleva a nosotros a legislar para tratar de evitar esos deslices”, sostuvo Aponte Hernández, quien dijo que apoya las tres medidas aunque “hay asuntos que se pueden clarificar”.
Una de las medidas ordena a las agencias investigativas activar los protocolos y directrices vigentes en toda situación en la que muera un menor de 12 años o menor de edad, independientemente de si en el origen la causa de muerte se impute a una enfermedad, accidente o causa natural.
Otra de las piezas legislativas eleva a rango de ley el cumplimiento de las garantías mínimas específicas contenidas en los protocolos.
La tercera medida incluye como delito grave de tercer grado los casos de destrucción, manejo inadecuado, alteración, extracción o el que se oculte de manera intencional evidencia objeto de una investigación.
