El ex presidente de la Cámara de Representantes Edison Misla Aldarondo tendrá que cumplir condena por violar a su hijastra. (Primera Hora / Archivo / Juan Luis Martínez)
lunes, 18 de junio de 2007
Firuzeh Shokooh Valle y Oscar J. Serrano / Primera Hora
Los ofensores sexuales convictos son los únicos criminales marcados públicamente. El temor permanente a que reincidan los ha desterrado de las comunidades donde viven.
Las cárceles, las instituciones psiquiátricas, la pena de muerte, la tortura y el ostracismo social son algunas formas que las sociedades han utilizado para castigar a los transgresores.
El destierro es otra.
En la civilización occidental, el destierro como castigo está desde el Código de Hammurabi en Babilonia, la Grecia antigua y la Edad Media en Europa. La tradición cristiana contiene tal vez uno de los ejemplos más conocidos del destierro como castigo: la expulsión de Adán y Eva del paraíso.
El abogado Corey Rayburn Yung -quien mantiene el blog sexcrimes.typepad.com-, sostiene que las restricciones impuestas a los ofensores sexuales causan un tipo de “exilio interno”.
En Puerto Rico todavía no se contemplan muchas restricciones a los ofensores sexuales convictos que están en la libre comunidad. Pero sus nombres, con otros detalles, son públicos en Internet. Cualquier persona puede saber si su vecino cometió un delito sexual.
En el registro de Puerto Rico (http://sijc.gobierno.pr/CJISPortal/SexualOffenders/search.aspx) aparecen unos 1,800 ofensores sexuales y convictos por maltrato y negligencia bajo la Ley 177 de Menores. Está su nombre, estatura, peso, color de pelo y de ojos, fecha de nacimiento, lugar de estudio, dirección, y si tiene tatuajes o cicatrices.
La Ley del Registro de Ofensores Sexuales de 2004 -que derogó la ley de 1997- incluye además a los que todavía están encarcelados. Uno de los más notorios tal vez es el ex presidente de la Cámara de Representantes Edison Misla Aldarondo, condenado por violar a su hijastra.
La ley actual tiene muy pocas restricciones, comparadas con las de la mayoría de estados en Estados Unidos. Pero eso va a cambiar. El director del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) del Departamento de Justicia, Roberto Martínez, informó a PRIMERA HORA que en julio próximo se incluirán en el registro los delitos cometidos, si fueron contra un menor y los historiales de direcciones y de visitas de la Policía con las incidencias.
La amenaza de la reincidencia de los ofensores sexuales -tema de debates intensos-, es uno de los motores principales de los cambios.
“Está totalmente comprobado que no son rehabilitables, especialmente los de niveles más altos de riesgo. La rehabilitación es la excepción”, opinó Martínez.
Uno de los cambios más trascendentales es que no registrarse será un delito grave, en vez de menos grave. Se dividirá al ofensor en tres niveles de riesgo: primer ofensor, reincidente y habitual. Ahora está en el registro 10 años, pero si se aprueban las enmiendas los ubicados en el primer nivel estarán 15 años, los del segundo nivel 25 y los del tercer nivel toda la vida.
Actualmente sólo los que el tribunal declara “delincuentes sexuales peligrosos”, luego de la evaluación de profesionales de la salud, están en el registro toda la vida. Pero, Martínez advirtió que no se ha asignado presupuesto para contratar a estos profesionales encargados de recomendar esta clasificación.
Otro cambio importante es que se registrará a los ofensores sexuales juveniles si cometieron el delito contra una víctima al menos cuatro años menor. Martínez sostuvo además que se clarificará que en el registro no se deben incluir los convictos por maltrato contra menores que no involucre un delito sexual.
La existencia de estos registros pone en vitrina la capacidad, o incapacidad, de la sociedad para castigar algunos de los actos más íntimos, pero abominables, que un ser humano puede perpetrar contra otro.
Las preguntas fundamentales son: ¿Cómo la sociedad sanciona a los que cometen estos delitos? ¿Se pueden rehabilitar? ¿Qué se hace cuando el agresor es un familiar o conocido? ¿Cómo se puede proteger a la comunidad? La mayoría de estos criminales ni siquiera son denunciados. Los que son encontrados -o se declaran- culpables van a la cárcel o salen en probatoria. En algún momento vuelven a las comunidades. Entonces comienza la segunda parte.
En Puerto Rico sobran los casos horrendos. El policía José Texidor Pérez está acusado de agredir sexualmente a un niño de 13 años y se ha informado que pudo haber abusado a decenas de menores. El sacerdote Aníbal Torres Ortiz estará tres años en probatoria luego que se le encontrara culpable de tocar las partes íntimas de un menor de 14 años.
Éstos son los casos más recientes, pero los más comunes son los de padres, padrastros y otros familiares que abusan sexualmente de sus hijas, hijastras, nietas, sobrinos. Muchos de éstos no están registrados todavía en Internet porque no han sido detectados.
Hasta ahora, sólo están registrados, para siempre, en la mente de sus víctimas.
