Rafael “Tatito” Hernández Montañez aseguró que la pesquisa del DACO lo redime de la presunta falsificación de firmas, asunto por el cual lo investiga el Departamento de Justicia. (Archivo)
miércoles, 1 de febrero de 2012
Istra Pacheco / Primera Hora
Implacable.
El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) concluyó que el legislador de distrito Rafael “Tatito” Hernández Montañez falló como contratista y ahora no sólo debe pagar los daños que causó, sino que junto con un ingeniero debe demoler la casa que hizo como contratista.
La decisión se basa en que supuestamente no siguió los planos y permisos originales. Según el DACO, se cambiaron los materiales sin consentimiento de los dueños.
Hernández Montañez aseguró de inmediato que apelará la determinación porque le parece “ridícula”.
Además, aseguró que la pesquisa del DACO lo redime de la presunta falsificación de firmas, asunto por el cual lo investiga el Departamento de Justicia, ya que lo relacionado con los permisos de la construcción de la casa lo gestionó el ingeniero Ángel Ramírez, quien no era empleado suyo.
¿De qué casa hablamos?
Los dueños se llaman Karly Montañez y Pedro Pérez López. Ninguno de ellos es familiar del ahora legislador.
Todo comenzó en marzo del 2007, cuando Hernández Montañez era contratista - no legislador - y acordó hacer la residencia en Vega Alta para el matrimonio.
Según los permisos, la edificación debía ser en hormigón y bloques. Sin embargo, al final se levantó mediante un sistema de prefabricado que se conoce como M2 (foam) o sistema de sándwich de concreto poliestireno.
Los dueños de la casa indicaron que al cabo de un año las filtraciones y los problemas eran evidentes por todas partes.
Se hizo una inspección y en ese momento fue que supuestamente se dieron cuenta del cambio en los materiales de construcción.
“La estructura edificada aparenta estar no conforme a los planos aprobados por la agencia reguladora”, declaró el DACO en su resolución. También establece que “la residencia no es habitable”.
“La parte querellada Rafael Hernández Montañez incumplió con su obligación contractual”, agrega el DACO.
Por lo tanto, el legislador deberá reembolsar a la parte querellante “la suma correspondiente al precio de la obra pactada y los intereses que haya devengado”. De igual forma, el representante y el ingeniero que intervino en la inspección y radicación de permisos, también tendrán que pagar $5,000 por limitación de uso de la propiedad y $1,710 por la pérdida de los muebles como consecuencia de las inundaciones y filtraciones.
Por si fuera poco, DACO ordenó también a ambos “demoler a su costo, la estructura edificada y dispondrán de los escombros dejando el terreno en el mismo estado que se encontraba”.
Las partes tienen 20 días para solicitar una reconsideración. Contrario a la evidencia que dice tener DACO, Hernández Montañez dijo que el cambio de materiales se hizo con el conocimiento y la “certificación del cliente”. Afirmó, además, que son materiales bien resistentes.
“Destruir una casa que se filtra es exagerado y en este caso, la parte de la falsificación, se ha demostrado que yo no tuve nada que ver con el proceso de permisos y no entramos en ningún tipo de falsificación”, afirmó.
Este caso es distinto al que presentó su prima por una situación similar que está ante la consideración de un tribunal municipal.
