Los integrantes del Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) declararon “no ha lugar” la apelación que presentó el Baloncesto Superior Nacional (BSN) sobre la determinación de la Comisión de Apelaciones de la Federación de Baloncesto que había ordenado la aprobación del contrato de Walter Hodge, escolta de los Capitanes de Arecibo.

Fernando Quiñones, presidente del BSN, había determinado no darle paso a la contratación de Hodge debido a que el jugador enfrenta una acusación por Ley 54 de Violencia de Género bajo el agravante de que presuntamente ocurrió frente a un menor.

La resolución detalla que el curso de acción de Quiñones no fue justo.

“Si el Presidente (Quiñones) hubiera remitido primero a la atención de un Oficial Examinador la controversia, sin imponer sanciones, procesalmente estaría correcto”, reza el documento de 15 páginas.

El BSN tiene entre las alternativas acudir a un Tribunal de Justicia en Puerto Rico para apelar la decisión o al Court of Arbitration for Sports (CAS) en Suiza.

Sin embargo, Quiñones aseguró que acatará la determinación del TAAD.

“No haremos nada. El jugador podrá jugador aunque no estamos de acuerdo de que lo haga. No debió permitirse su participación en el torneo, pero vamos a acatar esta decisión”, reaccionó Quiñones. “Sigo convencido de que nuestro reglamento atiende este asunto, pero vamos a presentar una reglamentación clara con el fin de evitar situaciones como estas”, agregó.

Quiñones frenó momentáneamente la participación de Hodge para el presente torneo sin haber realizado una vista administrativa. El jugador presentó un recurso ante la Comisión de Apelaciones que decidió en contra del BSN. Enseguida, Hodge se reportó a los Capitanes.

El pasado 11 de julio, la juez Aixa Rosado Pietri determinó que Hodge no podrá salir de Puerto Rico con la Selección de Islas Vírgenes. La vista preliminar será el próximo 10 de julio en el tribunal municipal de Aguadilla.

A Hodge se le imputa haber agredido físicamente a su expareja en un incidente que ocurrió el 7 de septiembre de 2017 en Isabela. Los fiscales le radicaron cargos por el Artículo 3.2 D de la Ley 54 de Violencia Doméstica.