El secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ramón Orta, anunció el lunes las enmiendas al reglamento de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico.

Las mismas estuvieron incluidas en un informe que recoge los resultados de unas vistas administrativas que se llevaron a cabo entre el 2014 y el 2015 para resolver unas querellas conjuntas que pesaban sobre el juez de boxeo rentado César Ramos y, a su vez, el entonces comisionado José “Toto” Peñagarícano.

“El reglamento que se promulga para el boxeo responde a recomendaciones específicas que recibiéramos en informe del oficial examinador Hiram Morales Lugo y las vistas públicas. Es uno que atiende nuestras preocupaciones, y que garantiza las enmiendas realizadas y los ajustes reglamentarios de que el boxeo profesional de Puerto Rico se conducirá con la mejor reglamentación, de manera transparente y con las garantías necesarias”, señaló Orta mediante una comunicación escrita.

Una de las enmiendas más significativas es “reducir la puntuación mínima por caídas ocurridas en un asalto a 10-6”. Antes, la puntuación estaba limitada a 10-7 después de una segunda caída.

Parte de la controversia surgió cuando Peñagarícano acudió tanto a Ramos como el también juez José Roberto Torres mientras transcurría un asalto del pleito entre el puertorriqueño José López y el mexicano Roberto Castañeda.

Por ello, se enmendó el reglamento con el fin de “indicar de manera expresa que bajo circunstancia alguna ningún Comisionado o persona se podrá acercar a los jueces mientras estos estén observando la pelea”.

Durante las vistas administrativas, Peñagarícano reconoció que le instruyó a Ramos y a Torres que debían “arreglar” las respectivas tarjetas a 9-7 en lugar de 10-7 como originalmente anotaron. Sin embargo, solamente Torres admitió que hizo el cambio a insistencia de Peñagarícano. La hoja de Ramos fue alterada, pero no iniciada como establece el propio reglamento.

Eso llevó a Morales concluir que fue el propio Ramos la cambió y recomendó una suspensión de 90 días, la que cumplió.

Por otro lado, se establecen “normas de carácter ético aplicables a los Comisionados mientras ejerzan sus funciones y una vez se desvinculen del cargo. Esto ante la determinación de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) a los efectos de que los Comisionados no son servidores públicos sujetos a la Ley de Ética de Gubernamental”.

También atiende unas de las principales preocupaciones que fueron reveladas durante las vistas administrativas en cuanto al posible conflicto de interés por la posición que ocupaba Peñagarícano dentro de la Comisión, a la misma vez que  su hijo, Gabriel Peñagarícano, representaba legalmente a múltiples boxeadores.

“La inclusión y adopción de las normas de la ABC del Profesional Boxing Safety Act, según enmendado por el Muhammad Ali Act del 1998, garantiza el mejor ordenamiento legal. La prohibición absoluta de relaciones entre los Comisionados y familiares de éstos con promotores, manejadores, boxeadores y otros, hace totalmente transparente a la CBPPR”, expresó Orta.