Tal parece que después de todo el tiempo y dinero invertidos en las vistas públicas conducidas por el licenciado Hiram Morales Lugo, estas no pasaron de ser un teatro para dar la impresión de que se haría una investigación seria y sí una burla al sentido más básico de justicia. 

Se me hace muy difícil creer que la persona que vi y escuché conducir las vistas con rigurosidad intelectual, lógica y dominio del derecho sea la misma que recomendó penalidades tan indulgentes para la gravedad de las faltas señaladas que rayan en lo ridículo, además, de ser el cumplimiento de algunas imposibles de fiscalizar. Fueron como dar un demérito en un colegio de párvulos o condenar un vegetariano a no comer carne. 

Pero donde usted, Ramón Orta (secretario del Departamento de Recreación y Deportes), bota la bola es en tratar de justificar la supuesta presencia en la zona técnica del comisionado José "Toto" Peñagarícano en la cartelera del pasado sábado de Promociones Miguel Cotto, H2 Entertaiment y Roc Nation, a base de malabarismos leguleyos que usted mismo no puede creerse. Decir que no violaba las recomendaciones de Morales Lugo refrendadas por usted mismo porque se encontraba allí en calidad de espectador y no como comisionado, insulta la más mínima inteligencia que se pueda tener.

Si se declaró en esas mismas vistas que cuando un comisionado está en una cartelera, va a trabajar, no a mirar las peleas (espectador), entonces ¿se peinan o se hacen rolos? ¿Cómo llegó Peñagarícano allí? ¿En su carro privado o en uno oficial? 

Usted Orta, sí puede ponerle la condición que no asista como espectador a cualquier cosa que tenga que ver con la empresa o boxeadores que su hijo, Gabriel Peñagarícano, representa, distinto a lo que le dijo al compañero Carlos González, ya que el ser comisionado no es un derecho adquirido, sino un privilegio y como tal condicionado a los requisitos legales y razonables del poder denominador. Su mera presencia allí envía un mensaje equivocado y continúa lacerando la maltrecha imagen de la CBPPR. Basta leer las expresiones de los fanáticos en las páginas cibernéticas de los periódicos reseñando las vistas para captar la percepción que tienen de la comisión. A la altura del betún.  

Orta, usted tiene un deber ministerial ineludible e indelegable de proteger la imagen pública de la CBPPR y del departamento que dirige. La situación existente crea innecesariamente un ambiente tóxico con otros integrantes de la industria y requiere acción inmediata, no seguir arrastrando los pies. Yendo más lejos aún, si Peñagarícano no puede estar en nada relacionado a la empresa que su hijo representa por lo que pueda hacer a favor de esta, tampoco puede estar en nada relacionado con las que su hijo no representa por lo que pueda hacer en contra de ellas para favorecer la que este sí representa. 

¿Sencillo, verdad? Ahora, en vez de reprender severamente y prohibirle terminantemente su asistencia a futuras carteleras de Promociones Miguel Cotto, o sencillamente “separarle (de la comisión) sin más oir”, como recomienda el informe, usted Orta, prácticamente defiende que él se burle del sistema. ¿Fue él acaso a la cartelera con su consentimiento previo, basándose en el burdo argumento del inocente espectador? No se puede entrar rugiendo como el león de la Metro Goldwyn Mayer para terminar maullando como gatito de callejón. 

¿Es Peñagarícano su subordinado o su jefe? ¿Es la CBPPR la finca privada de Peñagarícano? ¿Es un “intocable”? ¿Un “amigo del alma”? En el presente, el club de los “enérgicamente censurados” ríe y saca pecho creyendo que ganaron el caso ya que escaparon con penalidades completamente inocuas. Creo que el proceso resultó ser una farsa mayor, una parodia de la administración de la justicia y una tomadura de pelo y falta de respeto a los que esperaban un proceso de mayor seriedad e integridad. 

Tal vez el caso hubiese sido resuelto más contundentemente y con mayor justicia por la jueza Ana María Polo del programa Caso Cerrado, y hubiese costado menos. Orta, aprovecho para emplazarlo públicamente en relación a las copias de siete documentos previamente solicitados por el compañero Carlos González y este servidor. Entiéndase las cuatro cartas de “enérgica censura” de los comisionados Peñagarícano, Dommys Delgado, Daniel Cabán y Miguel Ortega, copia del contrato entre el DRD y Morales Lugo para la celebración de las vistas, la factura presentada por el licenciado, y el contrato entre DRD y cualquier persona para las futuras enmiendas al reglamento de la CBPPR. Además, la entrevista que le solicitamos en relación al cumplimiento de las penalidades recomendadas. 

Mi opinión sobre la evidencia que vi desfilar en las vistas apunta a un episodio de incompetencia colectiva por parte de la CBPPR, interpretación acomodaticia de los reglamentos, miedo escénico y carencia de temple para funcionar bajo presión (“el revolú”), intervención indebida con la apreciación de dos jueces e interferencia con estos mientras ejercían sus funciones durante un asalto en curso, conflicto de interés o la apariencia de este, interés en ocultar información a la prensa (tarjeta master "arreglada", dilación injustificada y obstáculos irrazonables para dar copias de documentos), entre otras cosas. 

En fin, los ratones haciendo fiesta, mientras el gato mira para el otro lado. Orta, no sea cómplice de esta situación vergonzosa. El que la persona que comete la falta menor sea el que resulte más severamente castigado es injusto, improcedente e inaceptable en cualquier sistema de derecho y moralmente repugnante. Dice un sabio refrán que “la soga siempre parte por lo más fino” y este parece haber sido el caso. Ya que no quisieron o no se atrevieron a meterle mano a las vacas sagradas de la CBPPR, lo menos que usted puede hacer es demostrar su sentido de justicia, medir a todos por la misma vara y revocar la suspensión de 90 días impuesta al juez Ramos, sustituyéndola tal vez por una carta de “enérgica censura”.

Orta, usted tiene la palabra.