La reciente radicación de cargos contra el baloncelista Walter Hodge, de los Capitanes de Arecibo, por alegatos de violencia de género contra su pareja ha puesto en el centro de la tarima un tema importante que al parecer no ha sido debidamente atendido: ninguna de las ligas profesionales mayores del país - el Baloncesto Superior Nacional (BSN), el Voleibol Superior, y el béisbol profesional- cuenta con un procedimiento, protocolo o reglamento específico que tipifique y establezca sanciones contra la llamada violencia doméstica según la ofensa y las repeticiones que pueda tener ese comportamiento.

Sin embargo, los líderes de las tres entidades explicaron que las constituciones de sus respectivos organismos le otorgan a ellos como presidentes, o a la Junta de Directores, las facultades necesarias para sancionar, suspender, multar y hasta expulsar a un jugador en caso de ser necesario.

“Vamos a analizar si lo implantamos, pero el hecho de que no se ataquen detalles específicos de las conductas no quiere decir que no se están atendiendo”, dijo el presidente del BSN, Fernando Quiñones.

 “Por ejemplo, aunque no hay un reglamento sobre expresiones en redes sociales, hay uno más amplio que incluye de cualquier comentario público que haga un jugador. En este tipo de situación ocurre lo mismo. Que el reglamento no diga que si es convicto tendrá tal o cual sanción, o que no esté tipificado, no significa que no se puedan aplicar sanciones, porque tenemos lenguajes más genéricos que cubren esa y otras cosas”, agregó Quiñones a Primera Hora.

 La pasada semana a Hodge se le radicaron cargos en ausencia por violar la sección 3.2 de la Ley 154 porque alegadamente el acto de maltrato ocurrió delante de un menor. El juez Rafael Ramos Saenz, del Tribunal de Aguadilla, expidió una orden de arresto con una fianza de $10,000.

Según El Nuevo Día, Federico López, el abogado de Hodge, dijo que este se entregaría entre hoy y mañana.

Este no ha sido el único caso de violencia doméstica registrado este año. En marzo, el canastero Peter John Ramos se vio involucrado en un incidente en el que fue denunciado por violencia de género por su pareja, a la cual se le concedió una orden de protección de nueve meses.

La fiscalía decidió no radicarle cargos a Ramos, quien alegadamente tenía un arma de fuego durante el incidente. Luego Ramos y su familia entregaron a la Policía las cuatro armas que tenía registradas. Al momento del incidente, Ramos no estaba activo en el BSN, aunque luego militó con Isabela.

A diferencia de la Isla, ligas profesionales de Estados Unidos como Major League Baseball (MLB), la National Basketball Association (NBA) y la National Football League (NFL) poseen políticas específicas contra este comportamiento.

Según el USA Today, desde el 2000 se han realizado 103 arrestos de jugadores de la NFL por asuntos relacionados a la violencia doméstica. MLB, incluso, realiza investigaciones independientes a las autoridades y puede sancionar a jugadores aunque la víctima retire los cargos, como fue el caso del dominicano José Reyes.

“En honor a la verdad, no la tenemos. Pero tenemos una constitución que da poderes bien amplios al presidente para tomar acción sobre actos de jugadores que afecten la franquicia, la liga o incluso la imagen y ambiente que debe permear en el béisbol, que es de familia”, dijo Héctor Rivera Cruz, presidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Este recalcó que durante sus siete años al frente del organismo no ha tenido que intervenir en un solo caso de esta naturaleza, aunque sí en algunos de falta de pago de pensión alimenticia.

Entre sus poderes está el suspender a un jugador, citarlo para que muestre causa para que no se le sancione y hasta imponerle multas.

Dijo, además, que como parte del Winter League Agreement (WLA) existente con MLB, y acuerdos con la Asociación de Peloteros Profesionales, “de tener algún referido de MLB lo respetaríamos”.

Lo evaluarán en la liga invernal de béisbol

Con el vencimiento del WLA este año, Rivera Cruz y la LBPRC ya han nombrado un comité para que evalúe las propuestas para agregar al documento, y una de esas será que haya una política sobre cómo atender asuntos de violencia doméstica, dijo.

Por su parte, César Trabanco, presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, admitió que no existe ningún reglamento para este asunto ni en la liga masculina ni en la femenina, y aunque lleva solo un año frente al ente, dijo que en 40 años ligado al voleibol no ha visto un solo caso.

“Pero eso no quiere decir que no pueda surgir. Son situaciones que ocurren fuera del ámbito deportivo, y aunque afectan y ocurren en el ámbito privado, de ocurrir las atenderíamos. La mejor medida es tratar de que no suceda”, sostuvo Trabanco.

Al igual que Rivera Cruz, la constitución le otorga amplios poderes a la Junta de Directores y, en última instancia, al presidente para sancionar actos que vayan contra el reglamento.

Y resulta que para el abogado Ricardo Carrillo, por décadas ligado al deporte boricua, imponer un reglamento específico para tratar la violencia de género sería un tipo de “camisa de fuerza” a la hora de imponer sanciones, ya que para ser justo, habría que ver caso a caso, con agravantes y atenuantes, antes de castigar.

En su opinión, dijo, que para sancionar a un atleta que resulte convicto habría que separar los delitos graves y los delitos menos graves que impliquen depravación moral.

“Una convicción por venta de droga es incompatible con el deporte. Un asesinato o una violación, delitos contra niños, contra mujeres, o contra varones en el caso de las mujeres, eso debería conllevar una sanción y habría que ver la gravedad de la imputación y de la convicción para ver hacia dónde te mueves en una suspensión”, dijo.

Carrillo agregó que cualquier atleta que tenga una convicción podría impugnar, y que hay que darle a cada uno el mismo trato que a cualquier ciudadano, incluyendo la presunción de inocencia. “Hay que garantizar los derechos del atleta como un ciudadano más. Pero, por otro lado, hay que decirle que por ser figura pública, un ‘role model’ para los niños, le vamos a exigir más que lo que se le exigiría a cualquier ciudadano”.