Una empleada de la Colecturía de Santurce observa la salida de empleados del Centro Gubernamental Minillas luego que el Gobierno anunciara la segunda fase de despidos.  (Primera Hora / Archivo / Vanessa Serra Díaz)

Un respiro para 7,191 empleados

miércoles, 4 de noviembre de 2009
Leysa Caro González / Primera Hora

Se van más tarde de sus puestos de trabajo, pero se van.

Tras confirmarse en los tribunales que el proceso de notificación a los empleados unionados seguido por algunas agencias no fue el adecuado, la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF) determinó ayer atrasar por 60 días de una nueva notificación las cesantías de 7,191 servidores públicos.

Aunque, sin suda, la noticia sirve de aliciente para estos trabajadores, pues ya comienza la época navideña, la realidad es que en enero siempre se quedarán sin trabajo, confirmó ayer el secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema, al informar que el anuncio no representa una revocación de los despidos.

“Las cesantías se van a verificar, pero a largo plazo es el mismo efecto. El Gobierno va a tener los ahorros que señaló el JREF, porque en el futuro esas personas no estarán”, dijo.

La nueva fecha de efectividad de estos despidos dependerá de cuándo salgan las nuevas notificaciones y cuánto tiempo tome el proceso de impugnación de antigüedad de algunos empleados en los tribunales.

“La fecha de efectividad va a venir a mediados de enero. Todo dependerá del proceso de notificación y renotificación de cesantías. En los próximos días saldrán las cartas y los empleados volverán a tener 30 días para impugnar el proceso de antigüedad”, explicó Rodríguez Ema.

El viernes siempre quedarán despedidos 2,774 trabajadores gerenciales y de carrera no unionados. Para enero serán efectivos los otros 7,191 que se suponía quedaran sin trabajo el viernes y los 4,556 que desde un principio la JREF mencionó que trabajarían hasta enero, mayormente empleados del Departamento de Educación.

La Junta anunció también ayer una reducción en el número total de empleados públicos despedidos que se supone fueran 16,970, según anunciado el pasado 25 de septiembre. Este número bajó a 14,521, para una merma de 2,449.

La diferencia es el resultado de 1,649 cesantías que fueron dejadas sin efecto por razón de la naturaleza crítica de los puestos y otras 800 que quedarían rescindidas, porque la antigüedad de los empleados era mayor de 13 años y seis meses de servicio al 17 de abril de 2009.

Estos datos, sin embargo, podría cambiar, aclaró la JREF en comunicación escrita, como resultado de un sinnúmero de factores como recertificaciones e impugnaciones de antigüedad, exclusiones por servicio crítico y otros más, pero no estiman que las variaciones vayan a ser significativas.

Rodríguez Ema negó que la noticia fuera una confirmación de que el proceso fue uno realizado a la ligera. Alegó que los problemas que han surgido con algunas cesantías son el resultado de una pobre base de datos en los departamentos de recursos humanos en las agencias gubernamentales.

“Por los últimos años la base de datos de los departamentos de recursos humanos ha sido bastante deficiente y la JREF tuvo que coger las riendas para reconstruir esta base de datos y se asumía que iban a haber unos problemas”, alegó.

En los pasados días, empleados despedidos han acudido a los tribunales para dilucidar que la Junta no les había notificado adecuadamente sus cesantías, saliendo victoriosos.

Al respecto, Rodríguez Ema señaló que atender cada uno de los casos de forma particular habría sido demasiado oneroso y habría tomado demasiado tiempo, por lo que se tomó la decisión anunciada ayer.

Todavía quedan pendientes 29 demandas por ventilarse en los tribunales.

Entre los señalamientos imputados a la JREF, están que la notificación a la unión debió haber ocurrido simultáneamente con la notificación a los empleados y que la notificación al sindicato debió realizarse mediante la entrega de una copia de cada una de las cartas entregadas.

tendrá su impacto

La demora en la fecha de efectividad tendrá un impacto de $60 millones en el flujo de caja del Gobierno, porque los ahorros de esas cesantías se comenzarán a computar en enero de 2010 y no en noviembre como se había establecido.

Esta suma, indicó, habrá que buscarla antes del 30 de junio, fecha en que culmina el presente año fiscal.