Juez ordena a Tito Kayak a bajar de grúa

Los obreros protestaron con letreros similares, impresos profesionalmente. (Para PRIMERA HORA/ José R. Madera)

viernes, 9 de noviembre de 2007
07:35 a.m.
Manuel Ernesto Rivera/ Prensa Asociada

El juez superior de San Juan Carlos Dávila Vélez ordenó hoy al ambientalista Alberto de Jesús, mejor conocido como "Tito Kayak", bajar de la grúa del polémico proyecto Paseo Caribe, que mantiene virtualmente privatizado el acceso al Fortín San Jerónimo.

El juez, quien citó a De Jesús a una vista el martes so pena de desacato, acogió así un recurso de interdicto provisional presentado por ocho trabajadores del referido proyecto.

"Se le ordena al demandado Alberto De Jesús bajar inmediatamente de la grúa de construcción perteneciente a Bird Construction, sita en el proyecto Paseo Caribe, y abstenerse de volver a subir a la misma mientras se ventila este pleito, so pena de desacato", determinó el juez.

El coronel José Caldero, superintendente auxiliar de Investigaciones Crimninales, dijo a Prensa Asociada que él mismo le informó a Tito Kayak sobre la orden judicial, a petición del superintendente de la Policía, Pedro Toledo.

"Subí al final del edificio (aledaño a la grúa), le indicamos a él que había una orden expedida por un tribunbal, y que tenía que bajar inmediatamente, y que tenía que ir a una vista el martes a las 10:00 de la mañana", dijo a la AP.

Caldero indicó que De Jesús no le dirigió la palabra en ningún momento, y que cuando le informaron sobre el interdicto emitido por Dávila Vélez, el ambientalista se trasladó a la punta de la grúa.

El coronel aseguró que había acudido al lugar acompañado por agentes del SWAT especialistas en "rappeling" porque, inicialmente, había considerado que subieran al aparato para entregar el documento, pero luego decistió para "no poner en riesgo la vida de otra persona".

Sin embargo, uno de los manifestantes que se encuentran apostados en el lugar, aseguró a la AP que Caldero no habló con De Jesús.

"Yo estaba aquí todo el tiempo... ellos subieron a una plataforma que hay de cemento, miraron para arriba, estuvieron unos siete minutos, y luego se fueron", indicó en entrevista telefónica Miguel Angel Reyes.

"Ellos ni hablaron con Tito, ellos no hicieron ningún amago de hablar con Tito, en ningún momento hablaron nada, en ningún momento le dijeron a Tito que tenían un documento", reiteró.

Reyes manifestó preocupación sobre la posibilidad de que De Jesús enfrente cargos por desacato, aún si desconoce de la orden emitida el viernes.

"La preocupación nuestra es que se intente bajar a Tito por la fuerza o que se esté planteando en el trinunal que el está desacatando una orden que él no ha recibido", sostuvo.

En su orden, el juez Dávila Vélez sostuvo, además, que los demandantes "tienen una posibilidad real de prevalecer con su planteamiento consistente en que si bien el demandado tiene un derecho constitucional a manifestarse en contra de la construcción del proyecto conocido como Paseo Caribe, este derecho debe ceder ante el derecho constitucional de ellos al trabajo, a devengar un ingreso, a sostener a sus familias y a alimentar a sus hijos".

Dávila Vélez agregó que de haber alguna ilegalidad en los permisos concedidos para la construcción y desarrollo del proyecto son los tribunales los que deben pasar juicio sobre el particular.

"Cualquier ilegalidad en los permisos otorgados por las agencias de gobierno no es responsabilidad de los trabajadores. Además, que si el patrimonio de los puertorriqueños se afecta por el proyecto Paseo Caribe y las agencias gubernamentales no actúan, el foro judicial es el apropiado para determinar la legalidad o ilegalidad de los permisos", destacó el juez en su orden que tiene validez por 10 días.

Tito Kayak se encuentra desde el martes en una grúa de construcción de aproximadamente 200 pies de altura. Desde allí, reclama la demolición del complejo de lujosos apartamentos.

Su protesta llevó al Departamento de Justicia a divulgar el estatus de la pesquisa que realiza en torno a los proyectos allí desarrollados que mantienen virtualmente privatizado al fortín de San Jerónimo.

El secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, reveló que hasta el momento se han entrevistado más de 20 testigos y diligenciado más de 20 subpoenas o citaciones a distintos individuos, agencias y otras entidades.

"Hay testigos adicionales citados y subpoenas en curso. Además, se han recopilado y se están analizando alrededor de 30 cajas de evidencia, compuestas por más de 100 expedientes distintos, los cuales incluyen sobre 100 pliegos de planos y mapas y decenas de miles de páginas de documentación. También se han realizado inspecciones oculares de los terrenos objeto de la controversia", afirmó Sánchez Ramos.

El funcionario indicó que las agencias involucradas en este caso son la Junta de Planificación, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Administración de Reglamentos y Permisos, la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Terrenos, la Compañía de Turismo, la Corporación de Desarrollo Hotelero, la Compañía de Fomento Industrial, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Municipio de San Juan.

Sánchez Ramos sostuvo que la pesquisa es sumamente compleja porque, según lo hallado hasta el momento, se trata de 15 fincas distintas y 13 escrituras públicas.

La investigación está a cargo de 14 abogados de distintas divisiones y especialidades, incluyendo funcionarios de la Fiscalía, el Registro de la Propiedad, la Oficina de Litigios Generales, la División de Opiniones y la División de Legislación, conocedores del Derecho Civil, Penal, Ambiental, Hipotecario, Procesal, Administrativo, Constitucional e Internacional.