Tercera parte de terrenos de Paseo Caribe serían de dominio público

jueves, 13 de diciembre de 2007
(11:39 a.m. )
Prensa Asociada

Una tercera parte de los terrenos donde se edifica el proyecto Paseo Caribe podrían ser de dominio público, según el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Javier Vélez Arocho.

"Podría ser una tercera parte de los terrenos que son de dominio público, pero eso está a discusión del deslinde que se haga. Una vez se haga el deslinde, vamos a saber cuánto exactamente estén en bien de dominio, si es que lo está", señaló Vélez Arocho.

Señaló que se espera que el deslinde de los terrenos, que será realizado por la doctora Linda Vélez y el agrimensor del Departamento de Recursos Naturales José Vilanova, esté completado este mismo año.

Añadió que de ratificarse que al menos una tercera parte de los terrenos donde se construye Paseo Caribe son de dominio público, ya el DRNA tiene varias soluciones que no quiso especificar.

Sólo adelantó que podría acudir al foro judicial.

El jueves, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá ordenó que se suspendan por "un periodo inicial" de 60 días todos los permisos de construcción otorgados a Paseo Caribe.

Sin embargo, la orden del Ejecutivo no paralizará los trabajos inmediatamente, ya que los titulares de la Junta de Planificación (JP) y de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) tendrán que reunirse y hacer los trámites necesarios para oficializar la suspensión.

Los referidos funcionarios tienen que conceder un debido proceso a los desarrolladores previo a que la suspensión entre en vigor, lo que el presidente de la JP, Angel Rodríguez, estimó podría completarse entre hoy y el viernes.

Según el Gobernador, los 60 días de paralización permitirán que se realice un estudio de mensura para establecer cuáles son los terrenos públicos que comparten Paseo Caribe y el hotel Caribe Hilton.

También permitiría que el Departamento de Justicia acuda a los tribunales a presentar una acción de reivindicación, mediante la cual el tribunal confirmaría o rechazaría si las tierras pertenecen al Estado, y que la Asamblea Legislativa evalúe la situación y determine si intervendrá o no.