Exigente y severo al buscar la verdad

Paul Barbadoro se reconoce por su manejo de casos financieros. (Ilustración / Gary Javier)

martes, 1 de abril de 2008
Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora

Meticuloso, hábil, experimentado y exigente son algunos de los calificativos utilizados para describir al juez federal asignado al caso del gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

Conozca al juez

Meteórico ascenso de Paul J. Barbadoro

Nominado por George  H.W. Bush, padre, el 9 de septiembre de 1992.
Confirmado por el Senado el 8 de octubre de 1992.
Juez presidente del Tribunal Federal  de New Hampshire de 1997 a 2004.

Educación

Gettysburg College, bachillerato en Artes y Ciencias, en 1977.
Boston College Law School, Juris Doctor, 1980.

Carrera profesional

Secretario auxiliar de Justicia de New Hampshire, 1980-1984.
Asesor del senador  Warren B. Rudman, 1984-1986.
Práctica privada, Concord, New Hampshire, 1986-1987.
Jefe asesor del Comité Senatorial de Asistencia  Militar a Irán y la Oposición Nicaragüense,  1987.
Práctica privada, Concord, New Hampshire, 1987-1992.

Anécdota interesante

Alegaciones de persecución por parte de fiscales contra los acusados, como las vertidas por el gobernador
Aníbal Acevedo  Vilá en su caso, parecen ser consideradas con seriedad por el juez Paul J. Barbadoro.
En un caso de alto relieve, el juez amonestó al fiscal por no tomar las alegaciones de persecución vertidas en su contra con seriedad.

“Es la cosa más seria que se le puede decir a un fiscal”, indicó  antes de sentenciar a los acusados a largas penas de cárcel.

Recopilación / Francisco J. Rodríguez-Burns

Letrados que han medido su preparación y capacidad de discernimiento dentro y fuera del Tribunal Federal del distrito de New Hampshire prefieren referirse al juez Paul J. Barbadoro, de 53 años, como un férreo buscador de la verdad.

Se le reconoce, además, por su diestro manejo de asuntos financieros, incluyendo crímenes de cuello blanco relacionados con conspiraciones para defraudar al Servicio de Rentas Internas (IRS) y transferencias electrónicas fraudulentas. Precisamente éstos son algunos de los delitos que el Gobierno Federal les achaca al Gobernador y a otras 12 personas vinculadas a sus campañas políticas.

“Se basa estrictamente en los hechos del caso y maneja las audiencias de una manera muy eficiente. Es muy experimentado y asigna penalidades severas si así la ley lo exige” , sostuvo el abogado Michael Iacopino, quien ha litigado ante el Tribunal Federal de New Hampshire desde 1986.

El funcionario se graduó magna cum laude en 1980 de la Escuela de Derecho de Boston College y su figura alcanzó relieve internacional al formar parte del equipo de un senador republicano que investigó el escándalo Irán-Contras durante la presidencia de Ronald Reagan.

Periódicos de circulación nacional, como The New York Times, lo citaron en más de una ocasión ante el hallazgo de piezas de evidencia que confirmaban el envolvimiento directo del “presidente de teflón” en la venta de armas por parte de funcionarios del poder ejecutivo a Irán para financiar a guerrilleros y mercenarios que batallaban contra los sandinistas en Nicaragua.

Pero, últimamente, el juez Barbadoro se destacó por sus severas sentencias contra ejecutivos de la compañía de tecnología Enterasys Networks, Inc., por un complicado esquema financiero que inflaba los ingresos de la empresa para satisfacer las expectativas de analistas de Wall Street. En julio pasado, los cuatro protagonistas de la conspiración fueron sentenciados a cumplir entre 3 y 11 años de cárcel. Según se desprende de un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las sentencias dictadas por el juez confirmaron la “grave naturaleza” de los delitos.

Barbadoro también es conocido por haber presidido el juicio de una demanda millonaria de accionistas del manufacturero Tyco International por auditorías engañosas de la firma PricewaterhouseCoopers. La demanda, que reclamaba $2,900 millones, se transó por $225 millones.

El caso criminal, que no fue asignado a Barbadoro, culminó en sentencias de 25 años de cárcel para los dos ejecutivos acusados.

“No come cuentos y ha presidido cientos de casos”, añadió Iacopino.

Poca información

Como muchos otros jueces federales, Barbadoro es una figura privada. El propio Tribunal Federal de New Hampshire no suministra datos biográficos del juez, nombrado por el presidente George Bush, padre, en 1992.

“Es muy inteligente y muy capaz. Es exigente consigo mismo y ha demostrado sus habilidades en casos financieros”, sostuvo Steve Gordon, otro abogado que ha representado ante él a varios clientes que nunca han llegado a juicio debido a acuerdos extrajudiciales.

El 28 de marzo, un día después de anunciarse las acusaciones contra el Gobernador y los otros acusados, se le asignó el caso a Barbadoro mediante una orden firmada por el juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, José A. Fusté, y el jefe de los jueces del Primer Circuito, Michael Boudin. Se desprende de la orden que los jueces federales del tribunal de Puerto Rico unánimemente accedieron a la asignación de Barbadoro.

“El Gobierno (la fiscalía) de ninguna manera intervino en el proceso”, indicó la fiscal del caso, María Domínguez-Victoriano.