Jornada violenta y súbita paralización

Carola Guzmán abraza a Benito Reinoza luego que se ordenara ayer el retiro de la Policía de la manifestación contra Paseo Caribe. (Primera Hora / Teresa Canino Rivera)

jueves, 13 de diciembre de 2007
Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora

Tras una estela de violentas confrontaciones entre activistas que reclaman la demolición de Paseo Caribe y escuadrones antimotines de la Policía, decenas de manifestantes celebraron ayer tarde la paralización temporal de la construcción del complejo turístico-residencial en medio de bailes y consignas.

"Hay que llevarse a todas estas personas arrestadas. Esto es un territorio americano y aquí hay que respetar las leyes”

Jorge de Castro Font / Senador

Los activistas, algunos de los que calificaban la campaña contra Paseo Caribe como un “segundo Vieques”, despidieron con aplausos a los policías que horas antes los habían hecho replegarse a empujones y macanazos para que no impidieran el paso de una decena de camiones que entraron a la obra con bloques, ventanas y varillas, entre otros materiales de construcción.

Ante la renuencia de algunos manifestantes a salirse del paso de los vehículos durante la mañana, los policías armados de macanas y con cascos protectores los removían de la avenida Ponce de León arrastrándolos por los pies y, en ocasiones, golpeándolos con sus rotenes.

Incluso, algunos manifestantes intentaron impedir la entrada de los vehículos acostándose debajo de ellos, pero igualmente eran sacados por la fuerza de la vía ante un kilométrico tapón que se extendía desde Puerta de Tierra hasta Hato Rey.

Detienen a siete

Manifestantes también lanzaron piedras y palos, algunos con tornillos, contra los agentes que intentaban ponerlos bajo arresto. Cerca de siete activistas fueron detenidos, dos de ellos en medio de la escaramuza matutina durante la cual los policías fueron apedreados.

“Nos tiraron la Fuerza de Choque para violentar nuestro derecho de libre expresión, derecho que fue mancillado a través de agresiones y arrestos”, sostuvo el planificador José Rivera Santana, quien resultó golpeado por agentes que intentaron removerlo de un perímetro demarcado con vallas y agentes frente a la obra de construcción.

También resultaron golpeados por la Policía el productor de televisión Pedro Muñiz, así como el presidente de la Asociación de Fotoperiodistas, Miguel Rosa, mientras ejercía sus funciones como camarógrafo de TuTV. Otros periodistas recibieron empujones mientras intentaban captar las imágenes de los arrestos.

Los policías también se desplegaron entre los vehículos detenidos en el tapón para aprehender a manifestantes que solicitaban a los conductores que apagaran los motores en solidaridad con la protesta que se desarrollaba, y se suscitaron múltiples reyertas a lo largo y ancho de la vía.

Varias ambulancias aguardaban frente al proyecto ante los incidentes violentos, pero sólo Muñiz requirió asistencia médica en un hospital del Condado.

Peligrosa confrontación

“Esto puede desembocar en una tragedia y tenemos que evitarla”, declaró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, Osvaldo Burgos, mientras miraba atónito a los agentes desplegados en los alrededores de la obra de construcción. “La Policía está apoyando la ilegalidad del proyecto y está golpeando al pueblo. Aquí hay que tener vergüenza”, dijo por su parte el profesor Luis Sánchez Longo, presidente de la Confederación de Profesores de la Universidad de Puerto Rico.

El senador estadista Jorge de Castro Font acudió al proyecto para increpar a los manifestantes, pero se mantuvo detrás de una línea de agentes de Operaciones Tácticas. También reclamó el arresto de los activistas por obstrucción a la justicia y alteración a la paz, aunque él también lanzó improperios a los manifestantes.

“Hay que llevarse a todas estas personas arrestadas. Esto es un territorio americano y aquí hay que respetar las leyes”, dijo el legislador, quien salió del lugar en una patrulla.

Por su parte, el superintendente Pedro Toledo respaldó las acciones de sus agentes para despejar la avenida.

Subrayó, además, que los policías fueron golpeados por algunas de las personas que protestaban en contra del proyecto.

“No hay ningún problema con realizar una protesta, pero no de esta manera”, sostuvo Toledo, quien autorizó el despliegue de 60 agentes de Operaciones Tácticas, así como una veintena de otros policías de unidades tácticas de la Uniformada como SWAT.

Al cumplir con su jornada de trabajo, muchos obreros salieron del proyecto desconociendo que el Gobernador había ordenado la paralización de la obra por 60 días. “Esta obra continuará hasta lo último”, dijo uno de los trabajadores, incrédulo ante la noticia ofrecida por un periodista.

En una isleta de la Ponce de León, donde los activistas han permanecido acampando durante los últimos meses, muchas personas celebraron la noticia al son de bomba y plena, marchando con pancartas y pidiendo por la demolición inmediata del complejo, cuya inversión asciende a más de $260 millones.

“Esperamos que en estos 60 días el pueblo de Puerto Rico se dé cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Estamos luchando para y por el pueblo”, dijo por su parte Indira Marrón, una activista vinculada a la organización internacional ambiental Greenpeace.

Junto con otros manifestantes, Marrón se encaramó en una de las grúas del proyecto en agosto, paralizando gran parte de los trabajos de la obra por varios días.

“Estamos contentos con la decisión, pero todavía no se ha demolido la construcción. Y esperamos que en los próximos 60 días no se construya nada”, dijo la estudiante Eloísa Gerena.

Maribel Hernández Pérez contribuyó en esta historia