Le toca actuar al Ejecutivo

El vicepresidente del Senado, Orlando Parga, expresó confianza en que “exista la voluntad política” para velar por el interés público. Arriba, momentos de confrontación entre activistas y la Policía. (Primera Hora / Andre Kang)

jueves, 13 de diciembre de 2007
Irene Garzón Fernández / Primera Hora

Ping pong.

Los presidentes del Senado, Kenneth McClintock, y de la Cámara, José F. Aponte, devolvieron ayer al Ejecutivo la pelota en el asunto de Paseo Caribe y alegaron que se trata de pasar a la Asamblea Legislativa la “papa caliente” y la “presión pública” del caso.

En tanto, el vicepresidente del Senado, Orlando Parga, que lleva a cabo una investigación senatorial sobre el acceso al fortín San Jerónimo, expresó confianza en que “exista la voluntad política” para velar por el interés público en controversia, “sin permitir que se le contamine como en el pasado se doblegó la Rama Ejecutiva y sus agencias reglamentadoras por los gestores de Paseo Caribe”, ya que le preocupa que se pretenda que la Asamblea Legislativa “legalice todos los actos irregulares que se cometieron a través de una década” en este proyecto.

Para Parga, que preside la Comisión de Asuntos Federales y del Consumidor del Senado, el primer paso es el que se dio: paralizar el proyecto de Paseo Caribe, “repensarlo y buscar una solución justa y correcta” que deje al pueblo satisfecho tras el “daño” infringido por desarrolladores que “impusieron su avaricia sobre el interés público”. Añadió que “eso sigue en manos del Ejecutivo” y pidió al gobernador Aníbal Acevedo Vilá acción inmediata.

Desde Hawai, McClintock dijo que el Senado no tiene autoridad constitucional para declarar nada ilegal ni recurrir a los tribunales para que así lo haga, lo que corresponde al Ejecutivo, que debe asumir su responsabilidad y no crear un “limbo procesal” que provoque la paralización económica del país. “Le estamos reclamando al Gobierno central que en vez de estar tratando de pasar la papa caliente, asuma y no abdique su responsabilidad”, afirmó.

Mientras, Aponte dijo que el propio secretario de Justicia, Roberto José Sánchez Ramos, admitió en su informe que hay aspectos que no han sido evaluados y podría haber otros que no estaban considerados. “Ésa es una admisión de incompetencia, de incapacidad, y de simplemente querer pasar la responsabilidad a otros, cuando quien tiene que actuar es el secretario de Justicia... no nos corresponde a nosotros hacer una interpretación legal”, sostuvo al indicar que la Rama Ejecutiva tendría que acudir al tribunal.

Según el presidente cameral, si Sánchez Ramos cree que debe haber acción legislativa, que recomiende al Ejecutivo que radique los proyectos directamente a través de la delegación popular. Pero, dijo que lo que está haciendo es “evadir su responsabilidad” y tratar de “traspasar la presión pública” sobre este caso.