Ponencia de José Aponte Hernández (español)

miércoles, 24 de junio de 2009
Actualizado hace 149 días (12:42 p.m. )
Primera Hora

A continuación, la ponencia de José Aponte Hernández, legislador del Partido Nuevo Progresista, que expuso hoy en la Cámara de Representantes, en Washington, la cual expresa su posición sobre el proyecto para celebrar un plebiscito sobre el futuro del estatus políticos de Puerto Rico.

Ponencia escrita – HR 2499
Rep. José Aponte Hernández

Acudo ante este honorable Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes como Representante a la Cámara de Representantes de Puerto Rico y como uno de sus ciudadanos. Primero, quiero reconocer la importancia que tiene la vista que este honorable Comité de Recursos Naturales está celebrando y el significado del proceso legislativo que tiene en sus manos. Una vez más, quiero agradecer la oportunidad que me han extendido para someter mi ponencia escrita ante el Comité sobre el HR 2499 – La Ley de Democracia para Puerto Rico del 2009.

Por demasiado tiempo, a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico se les ha negado la oportunidad de celebrar un referéndum con aval congresional. Han pasado más de 50 años de incertidumbre y 50 años que no son aceptables. Puerto Rico, como ustedes saben muy bien, ha intentado infructuosamente en varias ocasiones de encontrar una solución adecuada a nuestro problema de status, por ende, estamos aquí hoy discutiendo esta legislación.

Por los últimos 30 años, las facciones políticas e ideológicas en Puerto Rico han estado en un impasse político. Ningún partido o movimiento político domina una mayoría absoluta del electorado. La desinformación, la confusión y la falta de voluntad política del Congreso has reinado cuando se trata del debate de status en Puerto Rico. He ahí la razón por los resultados de los tres plebiscitos locales (1967, 1993 y 1998). Ninguno ha llegado a nada, particularmente los de 1967 y 1993 en dónde las opciones de “Estado Libre Asociado Desarrollado” han resultado ganadoras a pesar de que las definiciones que se le ofrecieron al electorado no eran constitucionalmente viables.

En el primer plebiscito que se celebró en 1967, casi un 60% del electorado favoreció la opción del “ELA mejorado”. La Estadidad obtuvo cerca del 40% ya que el Partido Independentista Puertorriqueño celebró un boicot del proceso, razón por la cual no hubo votos a favor de la Independencia. Como he indicado antes, nunca hubo un esfuerzo concertado de los que apoyaban el ELA para que el Congreso actuara sobre el resultado.

El próximo plebiscito se celebró en 1993 con otra versión del “ELA mejorado” que fue favorecido por el electorado, pero esta vez con una pluralidad de menos del 49%. Otra vez, el Partido Popular Democrático, que abogaba por el ELA, se tardó más de seis meses en informar al Subcomité de la Cámara federal que tenía jurisdicción sobre Puerto Rico sobre los resultados del plebiscito de 1993. Como resultado final, el Subcomité celebró una vista pública el 17 de octubre de 1995 y nunca hubo más acción sobre dicho voto.

En un tercer plebiscito celebrado en 1998, la actual fórmula del ELA que fue ofrecida al electorado obtuvo apenas un 1% del voto. Por ende, podemos estipular que el ELA actual no goza de un mandato del pueblo de Puerto Rico para mantener la relación de ELA territorial actual tal y como está.

En algo quizás alegórico sobre el actual nivel de confusión y desinformación que existe entre los puertorriqueños cuando se trata del tema del status y las opciones reales que existen, la columna de “Ninguna de las Anteriores” obtuvo más del 51% del voto en ese plebiscito.

Es importante destacar que la participación del electorado en esos plebiscitos fue de entre 75% y 85% y en encuesta tras encuesta, el pueblo indica que el problema del status es uno de los más importantes que el gobierno tiene que atender. Claramente, esto demuestra la existencia de un consenso entre los electores, que sobrepasa líneas partidistas e ideológicas, pidiendo una resolución final al problema del status.

En el 2005, la Legislatura de Puerto Rico aprobó unánimemente el Proyecto Sustitutivo a los Proyectos de la Cámara 1014, 1054 y 1058. Esa medida fue producto de una serie de francas y honestas negociaciones con compañeros de las delegaciones de mayoría y minoría de la Cámara de Representantes de Puerto Rico (representativa de las tres opciones de status tradicionales), al igual que con el entonces Gobernador de Puerto Rico por medio de sus representantes tanto en la Cámara como en el Senado de Puerto Rico.

La legislación de status que surgió de esas negociaciones, como previamente mencioné, ganó el aval unánime en ambos cuerpos legislativos que incluyó a los miembros de la mayoría del Partido Nuevo Progresista como de la minoría del Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño.

Desgraciada y sorpresivamente sin embargo, el ex Gobernador Aníbal Acevedo Vilá, vetó la medida a pesar de que los miembros de la Asamblea Legislativa trabajaron incansablemente para incluir las enmiendas que el Gobernador había ofrecido para condicionar su firma al proyecto de ley.

No hay nada con que yo esté más comprometido que con la definición final del status de Puerto Rico. Pero para que ello ocurra, tienen que propiciarse una discusión apropiada y sosegada para llegar a una solución.

El H.R. 2499 provee una gran oportunidad para que el Congreso se exprese sobre la controversia histórica que es el status de Puerto Rico. Sin embargo, existen algunas áreas en dónde entiendo este Comité debe estudiar más minuciosamente antes de continuar con el viaje legislativo de esta medida.

Actualmente, el HR 2499 permite a los ciudadanos americanos nacidos en Puerto Rico, pero que ya no residen en Puerto Rico, participar como electores en todos los plebiscitos que la medida autoriza a través de voto ausente.

Yo no estoy de acuerdo con esta amplia disposición ya que le da un poder de decisión a puertorriqueños, que aunque nacieron en Puerto Rico, ya no viven en Puerto Rico y por ende, ya no son parte de esta jurisdicción.  Como resultado, tendrían un poder de decidir el futuro de Puerto Rico, pero no serán afectados por las repercusiones que su voto pueda tener.

El método de voto ausente que se utilice en estos procesos debe incluir a residentes de Puerto Rico que estén ausentes de la jurisdicción por un limitado número de razones según establecidas por la Ley Electoral de Puerto Rico. Sólo los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico tienen conocimiento de primera mano sobre lo que isla necesita y son estos exclusivamente los que, una vez este honorable Congreso les de la oportunidad, deben decidir el futuro curso de acción.

Segundo, la legislación no establece la actual condición territorial de Puerto Rico. Es de suma importancia que esta realidad esté incluida en cualquier disposición concerniente al status de Puerto Rico ya que es la razón primordial por la estamos legislando y la razón por la cual necesitamos definir el status.

El no incluir la realidad sobre nuestra actual condición territorial en una pieza legislativa de esta naturaleza es ignorar los cimientos de la batalla que Puerto Rico ha llevado para conseguir definición e igualdad como ciudadanos de los Estados Unidos. Es una parte importante de nuestra historia y debido a eso, debe ser incluido en todo lo concerniente al tema de Puerto Rico y nuestro status.

La paradoja y la inequidad de vivir en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico – el territorio no incorporado de los Estados Unidos – es tal que si alguno de ustedes Miembros de este honorable Comité decidiera mudarse a Puerto Rico y retener su deseo de votar en las elecciones federales como elector ausente de su último estado de residencia, se le negaría el derecho al sufragio ya que Puerto Rico no es un estado de la Unión, no es el Distrito de Columbia ni una jurisdicción foránea según definida por el Uniformed Overseas Citizens Absentee Voting Act de 1986.

Por otro lado, si se mudaran a Tehran, Irán; Pyongyand, Korea del Norte; La Habana, Cuba o cualquier otra nación en dónde no hay una embajada americana, sólo necesitan ir a la oficina de Intereses de Estados Unidos para emitir su voto.

Como ciudadanos de los Estados Unidos, ni piensen mudarse a Puerto Rico si quieren seguir ejerciendo uno de los fundamentales derechos de nuestra democracia – de cualquier democracia – el derecho a votar por aquellos que legislan y toman las decisiones que afectan nuestro diario vivir. En otras palabras, Puerto Rico es una tierra de desigualdad de derechos.

Aunque hemos sido bendecidos con muchos beneficios con nuestra ciudadanía americana y hemos defendido la bandera americana con nuestra sangre, no podemos permitir que se continúe legitimizando la desigualdad con la práctica de la política pública de separados y desiguales.

Bajo nuestro status actual, nosotros vamos a la guerra a defender a los Estados Unidos, pero no podemos votar por aquellos que declaran la guerra. Se nos puede imponer impuestos, pero no tenemos un derecho a votar en el Congreso – les pregunto, no es esa la premisa por la cual se redactó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos?

Para aquellos que todavía estén confusos sobre la realidad política de Puerto Rico, déjenme decir para el récord que Puerto Rico no es un estado soberano en asociación con los Estados Unidos. Contrario a la República de las Islas Marshall o a los Estados Federados de Micronesia y el Estado Libre Asociado de Palau, Puerto Rico no goza de un pacto bilateral con los Estados Unidos y tampoco somos reconocidos como soberanos por ninguna otra nación.

Estados Unidos es el único soberano en Puerto Rico. De acuerdo al Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos “el Congreso tendrá el poder de disponer de y redactar todas las Reglas y Reglamentos con respecto a los Territorios u otras Propiedades de los Estados Unidos”.  Es por esta sencilla razón que el pueblo de Puerto Rico comparece ante ustedes año tras año … porque la autoridad constitucional descansa exclusivamente en el Congreso.

Por las razones anteriormente expuestas, entiendo necesario y esencial, que incluya la condición territorial actual de Puerto Rico en el texto del HR 2400.

Por último, quiero establecer la importancia de incluir una fecha específica para la celebración del primer plebiscito. La historia nos ha enseñado que las acciones ocurren con más seguridad y mayor éxito cuando se determina una fecha específica para que ocurran. Le pido a este honorable Comité que considere establecer una fecha específica para la celebración de un plebiscito autorizado por esta legislación.

Como un orgulloso ciudadano americano que soy, se me hace imposible aceptar tener una ciudadanía menor al resto de los ciudadanos americanos de esta gran Nación. Para sería como si un ciudadano Afro Americano aceptara la condición inaceptable de la segregación.

Ha quedado claro y establecido que sus compañeros ciudadanos de Puerto Rico no pueden quedarse en la realidad política actual. Un cambio hacia una solución final que sea totalmente democrático, no territorial y no colonial tiene que ocurrir. No se nos puede negar nuestro derecho absoluto a la libre determinación y llegar a una opción de status que provea por el auto-gobierno, sea bajo la independencia, la libre asociación o la estadidad.

Este derecho humano y civil es parte íntegra de los principios constitucionales de Nuestra Nación, al igual que en el derecho internacional, y requiere que al Pueblo de Puerto Rico se le de un ejercicio justo a su derecho a la libre determinación. Sin embargo, antes de tener un proceso real de auto determinación, necesitamos saber que es los que el Congreso y el Presidente de los Estados Unidos entienden son las alternativas constitucionalmente viables y políticamente aceptables entres las posibles opciones.

De no ser así, estaríamos embarcándonos en otro proceso inútil y estaríamos confundiendo aún más sobre lo que es realmente a lo que podemos aspirar bajo las tres alternativas de status tradicionales.

Entiendo que hablo por todos los ciudadanos americanos en Puerto Rico cuando digo que ha llegado la hora y la oportunidad para tomar posiciones y resolver, de una vez y por todas, el estado de incertidumbre que reina en Puerto Rico.