Ponencia de José Luis Dalmau (español)
miércoles, 24 de junio de 2009
12:44 p.m.
Primera Hora
A continuación, la ponencia de José Luis Dalmau Santiago, portavoz de la minoría popular en el Senado, que expuso hoy en la Cámara de Representantes, en Washington, la cual expresa su posición sobre el proyecto para celebrar un plebiscito sobre el futuro del estatus políticos de Puerto Rico.
Testimony of the
Hon. José L. Dalmau-Santiago
Minority Leader , Senate of Puerto Rico
H.R. 2499
Committee on Natural Resources
U. S. House of Representatives
June 24, 2009
Mr. Chairman and Honorable Members of the Committee on Natural Resources:
I was invited as Senate Minority Leader of the Popular Democratic Party, to testify before this Committee regarding H.R. 2499. The principal language spoken in Puerto Rico is Spanish and as such I will present my testimony in Spanish.
Como defensor de la fórmula del Estado Libre Asociado, que bien le ha servido a los puertorriqueños durante más de cincuenta años, comparezco ante esta Comisión para presentarle mis comentarios sobre la iniciativa legislativa HR 2499, relacionada con un esfuerzo de promover alternativas a la actual situación del status de Puerto Rico.
Antes de comenzar a discutir la medida tengo que plantearles una seria preocupación. Puerto Rico lleva más de cien años de relación con los Estados Unidos y los últimos 57 años han sido al amparo de lo establecido en el convenio conocido como el Estado Libre Asociado bajo la Ley 600 de Relaciones Federales. En ese tiempo se han realizado varias consultas al pueblo puertorriqueño sobre su predilección de status, en la cual ha habido un firme rechazo a la independencia y a la estadidad. También se han realizado esfuerzos de parte del Congreso para promover un proceso de autodeterminación, entre los cuales recordamos el Proyecto del Congresista J. Bennet Johnston en la década de los 80. Ante este Comité, también se han presentado el Proyecto del Congresista Young en 1998, el HR 900 radicado hace dos años y ahora el HR 2499.
Lo medular de todo este proceso es la voluntad que tiene el Congreso de respetar y acatar la determinación que tome el pueblo de Puerto Rico, ya que son los puertorriqueños quienes en última instancia tienen que definir su preferencia. ¿Están preparados para concederle a Puerto Rico las modificaciones que bajo un nuevo modelo de Estado Libre Asociado soliciten los puertorriqueños o de conceder la estadidad o independencia de ser la voluntad del pueblo? Eso lo tienen que contestar ustedes.
En lo que respecta al HR 2499 podemos enfatizar que tiene los vicios del fracasado HR 900, producto del grupo de trabajo presidencial Bush-Cheney sobre Puerto Rico y refleja los mismos valores distorsionados de la democracia que marcaron este período en la historia de los Estados Unidos de América. El Informe del grupo de trabajo Bush-Cheney adopta una visión restrictiva y de cuestionable validez legal, en la cual se plantea que la Constitución de los Estados Unidos prohíbe una relación con Puerto Rico fundamentada en el consentimiento mutuo, que está cimentada en la soberanía del pueblo de Puerto Rico y nuestra ciudadanía norteamericana.
El HR 2499 encamina sus esfuerzos en adelantar un proceso sui-generis en el cual se realizarían dos rondas de votación, lo que realmente resulta en un proceso parcializado hacia una votación de Estado Libre Asociado si o no, y una ronda final entre varias opciones que en anteriores consultas no han recibido el apoyo preferencial del pueblo. Eso realmente no es un ejercicio de autodeterminación democrático sino un proceso parcializado desde sus inicios.
El Presidente Barack Obama, en una carta remitida al entonces Gobernador Aníbal Acevedo Vila el 12 de febrero de 2008 y de la cual le incluyo copia para el récord, sentó las bases de un andamiaje democrático para atender el asunto del status de Puerto Rico. El Presidente ha planteado que este proceso debe ser genuino y transparente, fiel a las mejores tradiciones democráticas, debe ser deliberativo, abierto e imparcial, y debe reconocer todas las opciones... incluyendo el estado libre asociado, la estadidad y la independencia. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, el programa de gobierno del Partido Demócrata, aprobado en la Convención del 2008, enfatiza que la Casa Blanca y el Congreso trabajarán con todas las tendencias en Puerto Rico con el propósito de lograr que el asunto del status sea resuelto en los próximos cuatro años. Tal parece que el HR 2499 no está en la misma sintonía con el Presidente o con la plataforma del Partido Demócrata, que recibió el endoso de la mayoría de los electores en los Estados Unidos. Un proceso justo y equitativo de autodeterminación requiere que se reconozcan todas las opciones validas de status, en igualdad de condiciones. Eso lo requiere el derecho internacional, y es lo justo en una democracia.
Lo que si puedo recomendarles es un proceso que le permita a los puertorriqueños llegar a un consenso libre y democrático sobre cuales son las opciones aceptables que deben presentársele al pueblo en lo que respecta a las fórmulas de status. Me refiero al mecanismo de la Asamblea Constituyente. Esta alternativa viabiliza que se desarrolle un amplio dialogo, un franco debate y permite llegar a un consenso entre los defensores de las diferentes alternativas de status para la Isla.
La Asamblea Constituyente no es un mecanismo novel ni desconocido para los Estados Unidos ni para Puerto Rico. La Constitución de los Estados Unidos de América se adoptó luego de la Asamblea Constituyente que se celebrara en Filadelfia en el 1787. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico surgió como un consenso de la Asamblea Constituyente celebrada desde septiembre del 1951 a julio de 1952. Ambas Cartas Magnas son documentos que han sentado las bases para sociedades democráticas y muchos puertorriqueños han pagado con su sangre y sus vidas defendiendo los principios allí consignados.
La Asamblea Constituyente también fue el mecanismo más utilizado por los diferentes territorios en su proceso para solicitar su unión como estado de la nación norteamericana. Es por ello que la Asamblea Constituyente debe ser evaluada por este Comité como una alternativa viable para encausar el trámite del status de Puerto Rico. El HR 2499 no permite dicha alternativa. Como han solicitado algunos sectores, yo estoy de acuerdo en que es hora de que nos expresemos sobre este tema, pero el mecanismo que presenta el HR 2499 es incorrecto, antidemocrático e injusto con el pueblo de Puerto Rico y no es el vehículo para una consulta imparcial.
No obstante lo anterior, nuestra actual relación con los Estados Unidos requiere modificaciones para permitirle a nuestro país insertarse y aprovecharse plenamente de las ventajas de una economía globalizada.
Debemos enfatizar varios asuntos que ameritan ser discutidos en este proceso, como por ejemplo la restricción establecida por las Leyes de Cabotaje. Actualmente Puerto Rico está restringido a realizar sus movimientos de transportación marítima mediante barcos de bandera norteamericana de forma exclusiva, lo que impone un costo adicional al movimiento de carga en una isla que depende casi en un 100% del transporte marítimo para sus importaciones y exportaciones. Obviamente, esta restricción es una limitación competitiva para que Puerto Rico pueda ser efectivo en su mercadeo de productos en el extranjero. El Estado Libre Asociado debe contar con la facultad de contratar su transportación marítima de manera competitiva, lo cual redundaría en el bienestar de los consumidores, propiciaría un incentivo adicional a los inversionistas y empresarios, así como fomentaría el desarrollo económico del país.
La exclusión de las Leyes de Cabotaje no es nada nuevo para el Congreso, ya que actualmente las Islas Vírgenes, las Islas, Marianas, Guam, Samoa Americana, Wake y Midway están exentas de esta limitación. Esta exclusión es indispensable para el desarrollo de proyectos estratégicos en Puerto Rico, como lo es el Puerto de Trasbordo de las Américas. Los estados de Hawaii y Alaska también están explorando alternativas para excluirse de esta limitación y así facilitar un mayor desarrollo de sus economías.
Otros importantes asuntos de discusión sobre modificaciones a nuestra relación al amparo del Estado Libre Asociado, están relacionados con incentivos de índole fiscal, asunto que podemos ampliar en un escrito posterior de ser de interés para la Comisión.
Por los fundamentos antes expuestos debemos consignar nuestro enérgico rechazo el HR 2499 y enfatizar que favorecemos la utilización del mecanismo de la Asamblea Constituyente que es la alternativa que promovería de la forma más democrática y representativa posible, de la voluntad de nuestro pueblo.
Muchas gracias.
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