José Aponte Hernández. (Archivo / Primera Hora)

jueves, 27 de marzo de 2008
01:28 p.m.
Prensa Asociada

A escasas horas de que el Gobernador fuera acusado por las autoridades federales, la delegación novoprogresista en la Cámara de Representantes inició la discusión de la posibilidad de iniciar un proceso de residenciamiento en contra del mandatario, lo que no tiene precedentes en la historia política puertorriqueña.

Sin embargo, los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) no se apresurarán a comenzar el proceso para sacar al primer ejecutivo de La Fortaleza, advirtió el presidente cameral, José Aponte.

Primero, la Conferencia Legislativa se reunirá el viernes a las 8:30 de la mañana con el presidente de la colectividad, Luis Fortuño, pero la agenda específica del encuentro está sujeta a lo que diga el gobernador Aníbal Acevedo Vilá durante su mensaje pautado para las 5:30 de la tarde del jueves. El cónclave será en la nueva sede del PNP, en Hato Rey.

"Esto no es una situación de ’fuego’ y salir corriendo. Es algo sumamente penoso para el pueblo y tienen que tomarse decisiones prudentes y cautelosas", manifestó el líder cameral tras una reunión del caucus novoprogresista.

"Se habló en términos generales (del residenciamiento) como una alternativa que, siendo una alternativa real que en un momento dado pudiera estarse poniendo en ejecución por primera vez en la historia política de Puerto Rico, conlleva que aquéllos que tenemos que descargar una responsabilidad seamos prudentes y cautelosos en nuestras expresiones", reiteró.

Aponte insistió en que es necesario que los representantes sean muy cautelosos al hablar sobre las 19 acusaciones federales que enfrenta el Gobernador para que no den motivos para que se solicite que se inhiban en caso de que se lleve a cabo el residenciamiento.

Indicó, además, que durante el encuentro no se discutió la posición de cada uno de los miembros del caucus respecto a si se le debe dar curso o no al proceso.

Según la Constitución del Estado Libre Asociado, el proceso de residenciamiento comienza en la Cámara de Representantes, que luego que determine iniciarlo deberá conseguir el aval de dos terceras partes del cuerpo, lo que equivale a 34 votos. La delegación novoprogresista tiene 32 miembros, por lo que sólo se necesitaría el voto de dos representantes de minoría para viabilizar el proceso y referirlo al Senado.

La Cámara actúa como un fiscal y somete su decisión ante el Senado, que deberá evaluarlo en una sesión presidida por el juez presidente del Tribunal Supremo en la que los senadores actuarían como jurado, explicó Aponte. Se necesitaría el voto de tres cuartas partes del Alto Cuerpo —21 votos— para darle paso.

El presidente cameral reveló que desde hace meses se viene asesorando con expertos sobre cómo se lleva a cabo el proceso de residenciamiento a nivel federal.

De igual modo, el presidente senatorial, Kenneth McClintock, instó a los senadores a ser prudentes y "recatados" en sus expresiones ante la posibilidad de que el cuerpo hermano inicie el residenciamiento.

"Estas acusaciones contra el primer ejecutivo podrían provocar determinaciones del cuerpo hermano que requieren que los 27 senadores tengamos que asumir un rol constitucional que ningún senador puertorriqueño ha tenido en toda la historia constitucional de Puerto Rico", sostuvo en parte de prensa.

"Tenemos todos que ser recatados en las expresiones sobre lo que hoy (jueves) ha acontecido", subrayó el líder senatorial, quien se encontraba fuera del país pero regresaría el mismo jueves a la Isla.

Entre los cargos radicados contra Acevedo Vilá y otros 12 acusados, figuran conspiración para violar la Ley federal de Campañas Electorales, someter informes falsos a la Comisión federal de Elecciones, transferencia electrónica fraudulenta de fondos, conspiración para defraudar al Servicio de Rentas Internas federal, rendir planillas fraudulentas y falsos testimonios al Buró Federal de Investigaciones.

Según la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, "el propósito de esta conspiración fue saldar la deuda existente de la campaña de Acevedo Vilá para comisionado residente y recaudar fondos para campañas futuras".

Los acusados se exponen a penas individuales de cárcel de entre tres y 20 años.

De inmediato, el Gobernador emitió unas declaraciones escritas negando las imputaciones y tildándolas de políticas.