El gobernador Luis Fortuño firmó un memorando de acuerdo dirigido a mejorar el ofrecimiento académico a los cadetes y agentes de la Policía de Puerto Rico. Guillermo Somoza, Reinaldo Rivera y Luis Fortuño. (Suministrada)
jueves, 27 de enero de 2011
Actualizado hace 484 días
(creado
11:43 a.m.)
Sara M. Justicia Doll / Primera Hora
A partir del mes de febrero los futuros policías así como los uniformados que ya están en la calle serán adiestrados sobre el manejo de casos relacionados a derechos humanos y crímenes de odio.
El Gobernador firmó hoy un memorando dirigido a mejorar el ofrecimiento académico en el Colegio de Justicia Criminal y el mismo permitirá que se diseñen cursos y seminarios sobre derechos civiles y crímenes de odio. En el acuerdo forman parte el Departamento de Justicia Federal, la Comisión de Derechos Civiles, el Colegio Universitario de Justicia Criminal y la Policía.
De acuerdo a la profesora Palmira Ríos, de la Comisión de Derechos Civiles, la mayoría de las querellas presentadas ante ese cuerpo provienen de la población correccional.
“De igual manera tenemos querellas por miembros de las comunidades pobres, comunidad dominicana, así como personas que tienen alguna discapacidad porque ha habido casos en que policías no saben manejar cuando hay alguien no vidente o sordo mudo. Terminan siendo agredidos. Existe una amplia gama de discrimen por lo que tenemos que procurar que la comunidad se oriente”, dijo Ríos en la Fortaleza durante la firma del acuerdo.
Aunque las autoridades hicieron hincapié en que estos cursos enfatizarán las destrezas para el manejo de casos de crímenes de odio, el secretario de Justicia Guillermo Somoza Colombani informó que en Puerto Rico no se ha procesado un caso criminal por crimen de odio porque no ha habido prueba directa.
“No se ha podido comprobar por ejemplo que se mató a esa persona porque era puertorriqueña”, dijo el titular.
Por su parte, el director regional de Justicia federal, Reinaldo Rivera, descartó que el acuerdo conlleve algún tipo de negociación en cuanto a las investigaciones que realiza el gobierno federal sobre las irregularidades en el manejo de casos por parte de la Policía que han conllevado violaciones a derechos civiles.
