miércoles, 3 de febrero de 2010
Irene Garzón Fernández / Primera Hora
Representatividad y sin legislador a tiempo completo.
Estos fueron algunos de los planteamientos hechos por expertos a Primera Hora, a la luz del anuncio del gobernador Luis Fortuño, en su mensaje ante una sesión conjunta de Cámara y Senado, de que en la actual sesión ordinaria se impulsara una enmienda constitucional para reducir el número de legisladores.
El profesor universitario de derecho constitucional, José Julián Álvarez, llamó la atención al número de enmiendas a la Constitución de Puerto Rico que podrían surgir en una consulta de este tipo.
“Si se eliminan los legisladores por acumulación, tendríamos que ver cuántas enmiendas son”, consignó el letrado.
Álvarez precisó que si se propone eliminar los representantes por acumulación, “eso sería una enmienda que deja sin efecto una disposición específica”. Se refirió al Artículo III, Sección 3, de la Constitución, en que se estaría eliminando su segundo párrafo sobre la elección de los 11 representantes por acumulación y los 11 senadores por acumulación.
“Si eliminaran el concepto por acumulación, se quedaría un Senado de 16 (senadores de distrito) y una Cámara de 40 (representantes de distrito”, dijo sobre lo que sería otra enmienda en esa misma Sección 3 porque se tendría que reducir el número constitucional de 27 senadores y de 51 representantes.
El abogado constitucionalista cuestionó si “también tienen que hacerse enmiendas donde se hable de (los legisladores) por acumulación” en otras secciones de la Constitución, como por ejemplo la Sección 8 del Articulo III que habla de las vacantes de escaños por acumulación.
Una consulta constitucional se restringe a tres propuestas y el experto constitucionalista recordó lo que ocurrió con el referéndum de 1993 (el caso Berríos-Gobernador) en que se determinó que los propuestos eran más de tres asuntos por lo que se votó por dos --limitación al derecho a la fianza y cambios en la composición del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Sobre la representatividad, el concepto de “una persona un voto”, Álvarez dijo que “se cumple con los legisladores de distrito”.
Sin embargo, el también profesor universitario y ex secretario de Estado Héctor Luis Acevedo advirtió que “con la Constitución no se juega” y que “si se eliminan los (escaños) de acumulación creas una desproporción en los cuerpos legislativos.
“Están haciendo ésto sin estudios previos y de manera unilateral, lo cual tiende a crear sospechas y mal ambiente para cualquier tipo de propuesta”, sostuvo el también ex alcalde de San Juan al subrayar que “hay que respetar el principio constitucional de una persona un voto y de no hacer política pequeña con la Constitución de Puerto Rico, porque con la Constitución no se juega”.
Acevedo, experto en asuntos electorales, recordó que en este año se lleva a cabo el censo federal decenal y en el 2011 la redistribución electoral basada en los resultados del censo. Por ello, agregó, “hay que tener paciencia, mucha consideración y respeto al diseño constitucional que adoptaron nuestros fundadores”, en referencia a los miembros de la Asamblea Constituyente.
Dos ex representantes, abogados de profesión, uno independentista y otro estadista, coincidieron en que lo primero que hay que hacer en una reforma legislativa es eliminar la Ley del Legislador a Tiempo Completo y volver al concepto de legislador ciudadano.
El independentista David Noriega sostuvo que el problema en la Asamblea Legislativa no es la cantidad de sus miembros, sino que es la calidad de éstos.
“Es un problema de calidad y de representatividad... sobre la calidad legislativa y la representatividad no hay ningún asomo de medida correctiva”, dijo Noriega al abogar por eliminar el concepto de legislador a tiempo completo, volver al de legislador ciudadano e “instituir la representación proporcional para que las cámaras legislativas reflejen la composición política del país”.
Tras consignar que no se ha revelado las recomendaciones del Comité de Reforma Legislativa designado por La Fortaleza, presidido por el secretario de Estado, Kenneth McClintock, el estadista Benny Frankie Cerezo precisó que, en primer lugar, hay que eliminar al legislador a tiempo completo. “Cualquier cosa que no elimine esa legislación va a terminar con el mismo cuadro triste de gente buscando justificación para su existencia. Entonces, tienen que eliminar las dietas exentas del pago de contribuciones”, sostuvo Cerezo.
Sobre la representatividad, dijo que el criterio legal es un hombfre un voto y advirtió que “el problema aquí (es que) cualquier cosas que se configure tiene que estar supeditada a este principio constitucional de balance”.
“Me da la impresión de que están tirando tiros sin conocer cuál es la situación, porque están improvisando en el vacío”, afirmó Cerezo al hacer referencia a que ahora se está haciendo el censo federal y luego viene la redistribución electoral a cargo de la Junta Revisora.
Mientras tanto, el unicameralista Adolfo Krans dijo que habrá que ver cómo se define “reducción sustancial” del número de legisladores, ante lo dicho por el gobernador Fortuño de que va a cumplir el compromiso programático sobre el particular.
“Los unicameralistas estamos dispuesto a aceptar una unicámara con 51 legisladores”, apuntó.
Un desconfiado Krans planteó que no se puede descartar que luego después que se apruebe y vote una resolución concurrente, “luego alguien la impugne porque no cumple con el criterio constitucional de un hombre un voto”.
La reducción de escaños conllevaría un referéndum constitucional que podría efectuarse a finales de este año o principios de 2011, según ha adelantado McClintock.
Hasta ahora se desconoce el número a reducirse, pendiente de conversaciones entre la presidenta de la Cámara, Jenniffer González, y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que en septiembre de 2009 logró que ese cuerpo legislativo aprobara una resolución concurrente que propone una Legislatura de 42 miembros -- 13 senadores y 29 representantes. Luego propuso una Legislatura de 50 miembros, 15 senadores por acumulación y 35 representantes por distritos, frente a los 78 que dispone la Constitución de Puerto Rico --51 representantes y 27 senadores-- aunque este cuatrienio hay 85 debido a la Ley de Minorías.
