Enrique Questell Alvarado, alcalde de Santa Isabel, informó que aún el Municipio no ha recibido alguna orden emitida por el tribunal -en cuanto a los empleados cesanteados-, pero dijo que una vez la tenga en sus manos la respetará y acatará. (Para Primera Hora / Archivo / Edgar Vázquez Colón)

martes, 3 de noviembre de 2009
Darisabel Texidor Guadalupe / Para Primera Hora

Santa Isabel. Un grupo de 23 empleados municipales que, en unión a otros 72 trabajadores, demandó al Municipio y al alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, porque presuntamente fueron despedidos el cuatrienio pasado por razones políticas, llegó a un acuerdo en el Tribunal Federal a cambio de un estipendio económico.

El proceso aún no ha concluido ya que los restantes empleados planifican apelar la decisión del juez Salvador Casellas, de excluirlos de la demanda, y quien además emitió una orden de mordaza a todas las partes.

Fuentes de Primera Hora explicaron que los ex empleados, que no se tomaron en consideración como parte inicial de la demanda, fueron eliminados del proceso al no comparecer a las vistas de deposición ante el foro federal. Este pleito inició en junio de 2006 e incluía a 109 empleados, todos identificados como miembros del Partido Popular Democrático.

Asimismo, señalaron que la cantidad otorgada a los 23 empleados cesanteados asciende a $450 mil, mucho menos de lo que planteaba la demanda que rondaba más del millón de dólares.

Por su parte, uno de los abogados de los demandantes, Iván Santos, mencionó que se logró el acuerdo y se limitó a contestar que no podía revelar el monto establecido por el tribunal para los reclamantes. Sin embargo, explicó que como parte de las estipulaciones de la demanda los mismos demandantes no pidieron se incluyera su restitución de sus empleos.

Con respecto a los 72 empleados, éste comentó que la decisión de apelar el fallo del tribunal es exclusivamente de ellos. “Se les explicó que tienen una fecha límite para continuar con el caso y los pasos que deben seguir”, dijo el abogado.

Por otro lado, el Alcalde expresó que aún el Municipio no ha recibido alguna orden emitida por el tribunal y dijo que una vez la tenga en sus manos la respetará y acatará.

“Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer luego de una mala administración”, mencionó el Primer Ejecutivo de la Ciudad de los Potros.

Asimismo, indicó que mientras “otros” –refiriéndose a alcaldes populares– hicieron las cosas mal” , él ha tomado decisiones responsables con el único propósito de enderezar las finanzas del Municipio.

Esta demanda se perfilaba como la más alta, en cuanto a reclamo de dinero, que se hubiera radicado contra un municipio en Puerto Rico.