Jorge Steven Lopez Mercado. (Archivo)
lunes, 23 de noviembre de 2009
04:44 p.m.
Primera Hora
Varias organizaciones cívicas entregaron hoy al secretario de Justicia de Puerto Rico, Antonio M. Sagardía de Jesús, cientos de correos electrónicos de personas exigiendo la radicación de cargos con agravante de crimen de odio contra el asesino confeso de Jorge Steven López Mercado.
Las organizaciones, entre estas La American Civil Liberties Union (ACLU) y la Clínica Legal sobre el Derecho lésbico, gay, bisexual, transgénero y transexual (LGBTT) de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, se han quejado que el gobierno de Puerto Rico no le da seguimiento a los casos que a toda luz aparentan ser crímenes de odio, incluyendo asesinatos.
"Se supone que el delito sea investigado para, entre otras razones, llegar a una conclusión confiable sobre las motivaciones que llevó al presunto asesino a cometer este delito. Sin investigar el delito, ni radicar alegaciones de crimen de odio, jamás se tendrá la evidencia necesaria para sustentar la alegación", lee el comunicado enviado por la ACLU.
La fiscal Yaritza Carrasquillo, por su parte, anticipó que no radicaría el asesinato como un crimen de odio por entender que carece de evidencia que sustente este agravante.
"A nuestro entender, dado le información hecha pública, la confesión del acusado fue clara y contundente que el asesinato fue motivado por, entre otras razones, odio hacia este sector", manifestaron las organizaciones.
Para ACLU y la Clínica Legal sobre el Derecho LGBTT, el caso de Jorge Steven López Mercado es el primer caso de alto perfil desde que el se firmara la Ley Matthew Shepard de Crímenes de Odio. El cadáver del joven, decapitado, desmembrado y parcialmente calcinado, fue encontrado en el barrio Guavate de Cayey el pasado 13 de noviembre. Juan A. Martínez Matos confesó el horrendo asesinato.
$5 millones para investigar crímenes
El presidente de los Estados Unidos, Barack H. Obama, firmó este año el "Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act" que persigue que los estados cumplan con su deber de investigar crímenes que aparentan estar motivados por odio contra algún sector tradicionalmente desprotegido o marginado de la población.
La ley federal otorga a la fiscalía de Puerto Rico anualmente $5 millones para el esclarecimiento de crímenes de odio y la asistencia técnica necesaria para esclarecer los mismos.
