La actriz Georgina Borri denunció a través de las redes sociales haber sido víctima de un presunto fraude a través de una falsa denuncia de “hit and run”, que hizo una persona en su contra valiéndose de lo que parece ser una deficiencia en la ley que fija culpas y responsabilidades por ese crimen.

De acuerdo con su relato, su “odisea” comenzó el 7 de mayo, cuando una señora tomó una foto de la tablilla de su carro y puso una querella de “hit and run” en su contra, en un cuartel cercan a las 10:30 p.m. Añadió que luego la persona consiguió su aseguradora a través de la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) y avisó a la misma sobre el supuesto “hit and run”.

La agencia le contactó y, tras aclarar ella que no había sucedido tal “hit and run”, les envió los documentos necesarios para trabajar la situación. La agencia envió un ajustador a evaluar su carro y el de la señora que denunciaba y no encontró daños compatibles con accidentes o impactos. Tras esa evaluación, le dijeron a la denunciante que rechazaban su reclamación.

Poco después, continúa el relato, un vehículo policial llegó a casa de la actriz con tres agentes que le citaron al cuartel, a horas de la noche, e insistiendo en que debía llevar su vehículo. Acudió a la cita, con el carro y la evidencia de los trámites hechos por la aseguradora, pero la policía le habría dicho que no fueron testigos del suceso, por lo cual le dieron otra cita, en la que estaría también la denunciante. En esa segunda cita ante la policía, la denunciante insistía en que el “hit and run” había ocurrido y la policía se habría limitado a decir que como no se ponían de acuerdo, pues irían a una vista ante un juez en el Centro Judicial de San Juan.

Una vez en el Centro Judicial, el juez que vio el caso determinó causa probable para juicio criminal, según la ley que fue modificada para fortalecer las acciones de las autoridades en los casos de “hit and run”, y que se conoce como la ley Mayra Elías por el caso de atropello que sufrió la corredora.

Ante la nueva situación, y la posibilidad de enfrentar una multa o hasta cárcel, la actriz buscó un abogado criminalista. Además contó con la aseguradora que se involucró en el proceso.

Ante el juez, la parte demandante dijo tener evidencia para irse a juicio, pero también dijeron estar dispuestos a negociar. Tras escuchar el análisis del ajustador, la denunciante transó. Todo ese proceso ocurrió delante del juez, la fiscal y el abogado de la actriz, a quien el proceso judicial le costó unos $20,000.

La denunciante, que es vecina de la actriz, firmó un relevo en que se pactaba que no podía hacerle daño y demandarla. Sin embargo, habría obtenido una compensación equivalente a tres meses de trabajo, según describe la actriz en su relato.

Borri lamentó que las autoridades llevaran un caso que terminó compensando a alguien por un suceso que asegura nunca ocurrió, al tiempo que impusieron una carga económica y emocional a otra persona que no habría causado daño alguno.

Finalmente, la actriz concluye en su relato agradeciendo a quienes se preocuparon por ella mientras atravesaba por la infortunada situación.

Además de expresar su consternación e incredulidad, Borri aseguró conocer al menos otra persona que alega haber pasado por una situación similar, en la que la compañía aseguradora habría preferido transar y pagar una cantidad ($35,000) antes que continuar con un proceso legal que terminaría siendo más costoso.