La Cámara de Representantes busca imponer límites a los cuantiosos descuentos que disfrutan los envejecientes que asisten a eventos artísticos y deportivos, y que según algunos de los principales productores de espectáculos del País, tienen a esa industria en un estado crítico.

Los productores César Sainz, José "Pepe" Dueño y Luis Vigoreaux, hijo, comparecieron este martes ante la Comisión cameral de Educación, para el Fomento de las Artes y la Cultura para expresar nuevamente su rechazo a los descuentos conferidos a través de la Ley 108 de 1985, y criticaron la ausencia de respaldo gubernamental que les permita sobrellevar la carga del subsidio.

Gracias a la referida ley, las personas mayores de 60 años reciben un 50% de descuento en el costo de un boleto para eventos artísticos, recreativos o deportivos celebrados en instalaciones del Gobierno, mientras que las de 75 años o más entran gratis.

A pesar de su férrea oposición a los descuentos, los tres poductores se mostraron dispuestos a aceptar la permanencia de la ley, pero a cambio de que se identifique un mecanismo que alivie la presión económica de esos beneficios.

"El descuento, el Gobierno lo quiere dar, el Gobierno lo tiene que pagar, sea en crédito, sea en efectivo, de la forma que sea", manifestó Vigoreaux en vistas públicas.

"Nos tienen que reembolsar ese dinero. No hay ninguna razón por la que nuestra industria tenga que ayudar a los envejecientes. Eso es función del Gobierno", subrayó el veterano productor.

Vigoreaux fue quien más enérgico se expresó en contra de la ley vigente. Argumentó que, cuando se concibió hace casi 30 años, se siguió el modelo de algunos estatutos en Estados Unidos, pero contrario a otras jurisdicciones, no se proveyó un mecanismo para mitigar el impacto de los descuentos en la industria de espectáculos.

El productor de televisión, teatro y conciertos catalogó como un "abuso de los envejecientes" la práctica de algunos miembros de esa población que, según narró, buscan boletos para todos los espectáculos en cartelera, y en ocasiones no se presentan al evento, o se marchan antes de que culmine si no les gusta o incluso los regalan a personas que, por su edad, no cualifican para el beneficio.

Sainz, por su parte, planteó que la ley crea una situación discriminatoria contra el público más joven, pues los productores han optado por elevar los precios de los espectáculos para intentar recuperar parte de lo que dejan de devengar por los subsidios.

Mientras, Dueño comentó, a modo de ejemplo, que hace unos años produjo el concierto de Andrea Bocelli, al que asistieron 585 personas de 75 años o más y 1,692 de entre 60 y 74 años. Ese concierto le produjo pérdidas de cerca de $219,000, pues la ley lo obliga a conceder los descuentos, pero los demás gastos asociados al evento, como el contrato con el artista, el arrendamiento del coliseo, los elementos técnicos y otros gastos asociados a la producción siguen siendo los mismos.

Esta situación, según dijo, ha provocado que cada vez menos productores opten por presentar eventos dirigidos a la población de mayor edad, pues acarrean pérdidas considerables.

Dueño, quien resaltó que no se conceden descuentos similares para los envejecientes en servicios médicos, en el pago de servicios básicos, en marbetes o en restaurantes, propuso que se limite el beneficio a 5% de la cantidad de sillas que se dispone para un evento, y que el descuento sea de 50%. Sugirió eliminar la entrada gratuita.

Recalcó que el límite debe ser con relación a "la capacidad refrendada en el Departamento de Hacienda", pues ante esa agencia los productores informan la cantidad de boletos que pondrán a la venta para un evento. No todos los espectáculos se idean para llenar a máxima capacidad una instalación. Precisó que en el Centro de Bellas Artes de Santurce, un 5% representa 96 boletos, mientras que en un "refrendo" de 14,000 personas en el Coliseo de Puerto Rico, el límite propuesto ascendería a 700 asientos.

Además, propuso que el Gobierno otorgue un crédito contributivo equivalente al 50% del costo del boleto otorgado con descuento.

El proyecto de ley, de la autoría del representante popular Carlos Vargas Ferrer, propone reservar 10% del total de la capacidad del lugar del evento por cada función, "en la mejor ubicación disponible".

La representante Brenda López de Arrarás, presidenta de la comisión legislativa que evalúa el proyecto, aclaró durante la audiencia pública que el propósito de la medida no es derogar la Ley 108-1985, sino fijar como beneficio "una cantidad que pueda ser justa para ambas partes".