Buenos Aires.- Victoria tiene apenas dos semanas de vida y acaba de perder un pie por un error médico desencadenado por la falta de recursos en un hospital argentino, un caso que ha destapado el grave deterioro de la sanidad pública en el país.

Victoria nació el pasado día 5 tras siete meses de gestación en un hospital del sur de la empobrecida provincia de La Pampa que carecía del sistema adecuado para atender a prematuros.

Los médicos le acercaron un calefactor que le produjo graves quemaduras en una pierna y que obligó a la amputación de uno de sus pies.

Un "terrible error" que el director del hospital, Marcelo Güemes, atribuyó a la precariedad con la que los médicos trabajan en el centro.

El caso de Victoria es el último de una larga serie. La propia presidenta argentina, Cristina Fernández, sufrió en carne propia las deficiencias del modelo cuando, el pasado diciembre, se fracturó un tobillo en Río Gallegos (sur) y tuvo que viajar a Buenos Aires a tratarse porque el resonador del hospital provincial estaba roto desde hacía meses.

El Gobierno anunció anoche una medida inusual: la intervención del Hospital Posadas, uno de los centros públicos de referencia de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país.

"No se condice el nivel de inversión con la calidad de las prestaciones en este hospital", denunció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Falta de recursos, de equipamiento, de personal y malas condiciones de las instalaciones figuran entre las principales quejas de los usuarios de la red sanitaria pública argentina, que atiende a unos 14 millones de personas -alrededor del 35 por ciento de la población-, en su mayoría de bajos recursos.

La raíz del problema está en las limitaciones presupuestarias, la mala gestión y la fragmentación del sistema en cada una de las provincias del país, explica a Efe Rubén Torres, rector de la Universidad Isalud y ex miembro de la Organización Panamericana de la Salud.

Argentina, continúa, cuenta con una de las tasas más altas de la región en cuanto a médicos por habitante y destina alrededor del 9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a sanidad, pero apenas el 3 por ciento se destina al sistema público.

"Del total de la inversión en sanidad, el hospital público está vinculado al 2,9 por ciento del PIB (...) Es una inversión relativamente baja desde el punto de vista público", opina Torres.

A pesar de sus carencias, el sistema público absorbe el 90 por ciento de las urgencias médicas del país y sufre también el mayor impacto de la violencia.

Sólo en Buenos Aires, la Asociación de Médicos Municipales recibe una denuncia diaria por agresiones a personal sanitario, desde insultos y palizas a médicos a amenazas con armas o destrozos en las instalaciones.

Para evitarlo, en algunos centros se han instalado cámaras de vigilancia e incluso un botón antipánico conectado con la policía.

No obstante, Torres sostiene que las encuestas no muestran un importante rechazo de los usuarios a la sanidad pública y lo atribuye a que "hoy, en Argentina, quienes se atienden en el sector público tienen un cierto grado de resignación porque es lo único a lo que pueden acceder y en general, por razones culturales y sociales, es un grupo al que no se da voz".

Este progresivo deterioro, según el especialista, es el resultado de un proceso de abandono de décadas por la negligencia de los sucesivos gobiernos en la defensa de la sanidad pública en beneficio de las coberturas privadas.

"La preocupación por la salud ha dejado de ser un problema solidario. Es un problema básicamente de los pobres. Quienes tienen cobertura de salud por otros medios no se ocupan de este tema, incluido el Gobierno", denuncia.