Los residentes de las comunidades aledañas al caño Martín Peña decidieron reclamar en la esfera federal la inconstitucionalidad de la Ley 32 firmada por el Gobernador. (credito)
sábado, 27 de junio de 2009
Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora
En una acción que ya había sido adelantada, el Fideicomiso de la Tierra sometió una demanda ante el Tribunal Federal en la que reclama la inconstitucionalidad de la Ley 32 firmada por el gobernador Luis Fortuño el martes pasado y que revierte la transferencia de terrenos municipales y estatales a la entidad creada en el 2004.
“En este caso, el Gobierno de Puerto Rico violó los derechos civiles del Fideicomiso de la Tierra al incurrir en una incautación arbitraria y unilateral, violentando la protección constitucional de sus derechos propietarios y contractuales y aplicando retroactivamente una ley en menoscabo de derechos adquiridos”, afirmó en una comunicación oficial la licenciada Judith Berkan, quien junto a Mary Jo Méndez y Pedro Saadé Llorens, figura como abogada del caso.
La licenciada Erika Fontánez, profesora de derechos de propiedad y obligaciones y contratos y una de las asesoras del Fideicomiso, explicó que fueron los propios residentes de las comunidades aledañas al caño Martín Peña quienes decidieron someter el recurso en la esfera federal.
“Hubo una asamblea comunitaria y optaron por acudir al Tribunal Federal. Aquí hay violaciones a Ley federal de Derechos Civiles y una de las protecciones que tiene es que a los individuos no se les prive de su propiedad”, declaró la profesora de la Universidad de Puerto Rico.
En la demanda sometida se le pide a la corte que emita una sentencia declaratoria e interdicto al amparo de las constituciones de Estados Unidos y de Puerto Rico, y de la Ley federal de Derechos Civiles.
“Al Fideicomiso se le ha violado su derecho a la propiedad sin un debido proceso de ley”, insistió la licenciada, por lo que esperan que el juez Daniel Domínguez señale vista en uno o dos días.
“Con esta acción, la Junta de Fiduciarios está cumpliendo con su deber de fiducia de defender las tierras que constituyen el Fideicomiso para beneficio de los residentes de las comunidades del caño”, aseguró la también licenciada María E. Hernández Torrales, presidenta de la Junta de Fiduciarios.
