Luis Fortuño defendió el proyecto que impondría una fianza cuando se intente paralizar un proyecto de construcción.
martes, 26 de mayo de 2009
Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora
Aferrado a ésta, el gobernador Luis Fortuño defendió ayer la pieza legislativa que habrá de reformar radicalmente el proceso de concesión de permisos de construcción y usos.
“El problema con los permisos tiene que cambiar; y lo vamos a cambiar. Hay alguna gente que puede hacer mucho ruido, pero no representan a la mayoría. Vamos a cambiar el proceso para beneficio de la mayoría, especialmente de los pequeños y medianos comerciantes y empresarios”, dijo Fortuño al aludir a los opositores al proyecto P. del S. 880.
Expertos en derecho ambiental, ecologistas, planificadores, líderes comunitarios y alcaldes han objetado el proyecto de ley por considerar que les viola a los ciudadanos su derecho a conseguir auxilio de los tribunales cuando consideren que un desarrollo o uso aprobado atenta contra la seguridad, la salud o el medioambiente.
La medida provee para que medie el pago de una fianza cuando se intente paralizar un proyecto. También le quita al Tribunal de Apelaciones la jurisdicción obligatoria sobre estas controversias judiciales.
“La medida salvaguarda el derecho de las comunidades a intervenir, tanto en el procedimiento administrativo como en el judicial. No es cierto que no se quiera promover la participación ciudadana; todo lo contrario, se crea una figura nueva -la del inspector general de permisos- que va a estar defendiendo el interés público”, dijo el Gobernador.
El mandatario defendió la imposición de la fianza señalando que la misma debe imponerse cuando haya transcurrido el proceso administrativo y se ha tomado una decisión; cuando ésta ha sido llevada a los tribunales.
“La mejor manera de hacerlo” es ir al Supremo, dijo, sobre el foro al que se podría recurrir en estos casos.
El problema es que el Supremo no está obligado a ver estos recursos, su acción es discrecional.
