viernes, 7 de agosto de 2009
12:16 p.m.
Prensa Asociada
El gobernador Luis Fortuño defendió hoy el operativo realizado en la humilde comunidad de Villas del Sol en Toa Baja, donde la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la de Energía Eléctrica cortaron servicios de agua potable y electricidad a las 211 familias que residen en terrenos que el estado reclama como invadidos.
Al justificar el operativo, Fortuño aseguró que también se han cortado esos servicios indispensables en comunidades acomodadas económicamente.
"La razón por la cual este operativo se está llevando a cabo es porque el lugar es sumamente inseguro, el lugar es inundable, es peligroso, se ha inundado en el pasado y en caso de lluvias copiosas pondría en peligro la vida de aquellos que residen allí y de las rescatistas", dijo cuando se le preguntó si el gobierno también va a desalojar áreas como La Parguera, donde gente adinerada mantiene ilegalmente casas flotantes para su disfrute.
"Las alternativas están ahí, lo que queremos es que aprovechen las alternativas porque queremos que se haga esto de la forma más sensible posible, pero no puede ser que siga en peligro la vida de esas personas o de los rescatistas que tendrían que volver a entrar allí", afirmó.
El mandatario, quien no habló de la situación en La Parguera, aseguró que hay alternativas de reubicación para los vecinos de Villas del Sol que cumplan con los requisitos para ser acreedores de una nueva vivienda.
De acuerdo con Fortuño, la AAA y la AEE también "están quitando los pillos a aquellos que están robando la luz y el agua en urbanizaciones caras y no tan caras".
"Se está haciendo igual para todo el mundo porque los que pagan la luz y el agua no tienen porque estar pagando la luz y el agua de aquéllos que no la pagan", manifestó.
Insistió en que si la comunidad Villas del Sol no es desalojada antes del 31 de diciembre, obligaría al gobierno a devolver unos $150 millones a la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).
Ello, porque FEMA sufragó la reubicación de más de 200 familias que lo perdieron todo cuando las lluvias del huracán Georges anegaron Villas del Sol en 1998. La mayoría de esas familias fue trasladada a la urbanización Campanilla, construida muy cerca de allí en un terreno más alto.
Ahora, quienes residen en Villas del Sol no podrán ser elegibles para ayudas de FEMA en caso de emergencia y, según legislación aprobada por el Congreso estadounidense, en esos predios no puede vivir nadie, de acuerdo al director de FEMA para la región del Caribe, Alejandro de la Campa.
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