sábado, 1 de mayo de 2010
09:55 a.m.
Inter News Service

La Federación Universitaria Pro Independencia (FUPI) imputó hoy a los abogados del bufete Pietrantoni, Méndez Álvarez (PMA) de entorpecimiento intencional de los procesos de diálogo entre los sectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) al dilatar innecesariamente los procesos judiciales.

La organización universitaria aseguró que mientras los estudiantes reclaman desde hace meses que se establezcan el diálogo y la negociación, la administración de la UPR se niega a ello mediante la dilación de los procesos a través de sus abogados.

“Los estudiantes hemos estado clamando por diálogo y negociación desde hace meses. Luego, una asamblea que reunió a más de dos mil estudiantes se expresó a favor de un proceso de negociación y seleccionó a varios representantes, la administración se negó a reconocer el Comité Negociador forzando a los estudiantes a lanzarse a los portones para defender la sanidad económica del primer centro docente del país”, argumentó la FUPI en un comunicado de prensa.

En lugar de tender el puente para el diálogo, “la administración prefirió ir a los tribunales y darle la espalda los reclamos estudiantiles”, según la organización.

Expresó que esa táctica no le ha resultado “efectiva”, pues “salieron trasquilados y derrotados por dos estudiantes de la Escuela de Derecho”.

La FUPI recordó que en más de una ocasión el juez José Negrón Fernández “ha instado a las partes a entablar un proceso de mediación y a que se resuelvan los problemas como universitarios y se vindique así la autonomía que nuestra sociedad le reconoce a la Universidad del Pueblo”.

Alegó que quienes único se benefician de los procesos judiciales son “los abogados del bufete perfumado de Hato Rey, PMA, que facturan varios miles de dólares al día por entorpecer las labores universitarias”.

Refirió la FUPI que “más de seis abogados han participado directamente de los procesos en los tribunales y estimamos que otros tantos más hacen lo propio desde sus oficinas en la Milla de Oro”.

“Con lo que se le paga al año a estos señores encorbatados se cubriría los 1,2 millones de dólares al año que cuestan las exenciones de matrícula que la Junta de Síndicos le niega a los mejores talentos estudiantiles”, adujo.

La FUPI catalogó como “una falta de respeto al pueblo trabajador, a los estudiantes y a todos aquellos que entienden la necesidad de una universidad pública, gratuita y de excelencia”, a la vez que pidió al bufete PMA y a la administración de la UPR que digan cuán le cuesta al pueblo mantener la universidad litigando en los tribunales. IN