martes, 14 de diciembre de 2010
05:26 p.m.
Mariana Cobián / Primera Hora
Cinco estudiantes de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sometieron hoy una demanda contra la administración universitaria al entender que se les están violando sus derechos de asociación y a la libertad de expresión.
El caso por entredicho provisional, interdicto preliminar, permanente y sentencia declaratoria fue presentado en el Tribunal de San Juan, por Luis M. Pellot Juliá, Aníbal Núñez González, Enrique San Miguel Ruiz, Hiram López Rodríguez, y Rohemir Rodríguez Ballagas contra la rectora del recinto de Río Piedras, Ana Guadalupe, y el presidente de la UPR, José Ramón de la Torre.
La vista de este caso se verá el jueves a las 9:30 de la mañana, en la sala 904 del juez Ángel Pagán Ocasio.
"La parte demandante tiene interés en que se le permita el libre ejercicio de su derecho constitucional fundamental a la libertad de expresión y asociación dentro del Recinto mediante su participación en festivales, marchas, mítines o cualquier otro medio de expresión masiva que sin incumplir con los deberes establecidos en el Reglamento General de Estudiantes. Los demandantes están sufriendo un daño irreparable por las actuaciones ilegales e inconstitucionales del presidente de la Universidad y la rectora del Recinto de Río Piedras.
No tomar acción inmediata al respecto podría tornar las violaciones constitucionales académicas y las manifestaciones de los demandantes pueden verse limitadas por esta censura absoluta y excesivamente abarcadora", lee la demanda.
En el escrito, los demandantes recuerdan que el 7 y 8 de diciembre se realizó un paro estudiantil y se aprobó un voto de huelga efectivo hoy en repudio a la cuota de $800 que se tendría que pagar en enero.
Indicaron que en la mañana de hoy, los demandantes intentaron ejercer su derecho a la libertad de expresión y llegaron a los alrededores del recinto, pero que la presencia "extrema" de miembros de la Policía y "las continuas expresiones de la administración universitaria de imponer sanciones sumarias a todo estudiante que violente la reglamentación universitaria les sirvió como disuasivo para llevar a cabo el ejercicio de nuestro derecho fundamental dentro del campus universitario".
"La violación al derecho fundamental a la libertad de expresión no sería recuperable si no se puede dar dentro del campus y durante estos importantes días de discusión pública sobre los asuntos que conciernen a la Universidad", agrega la demanda.
En el documento se destaca que en la decisión emitida ayer por el Tribunal Supremo, se indicó que la Universidad es un foro público por designación, pero la rectora "pretende prohibir todo tipo de expresión y asociación dentro del Recinto".
"Otorgar el injuction no generará lesión alguna al interés público. Su otorgamiento sólo impedirá que los aquí demandantes estén sujetos a sanciones administrativas, inclusive sumarias, por la aplicación de una resolución inconstitucional. Estudiantes y profesores no pierden su derecho a la liebertad de expresión una vez cruzan los portones del Recinto. Otorgar el injuction protegerá oportunamente el interés público de que se desobedezcan las leyes y las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos", señalaron.
