Una serie de señalamientos contrarios a sana administración fueron denunciados por el Presidente del Comité de Transición en el municipio de Loíza, hallazgos que serán referidos a las autoridades investigativas en los foros estatales y federales.

Asuntos relacionados al decomiso y destrucción de una treintena de computadoras, una de las cuales estaba adscrita al programa federal Head Start, sin el debido proceso legal para hacerlo, deficiencias en agencias como Recreación y Deportes y en la Oficina de Desarrollo Económico, entre otras, figuran como parte de las irregularidades señaladas a la saliente administración del alcalde Eddie Manso Fuentes.

“No nos corresponde acusar a persona alguna, lo que sí nos corresponde es hacer los referidos en descarga de nuestra responsabilidad. Aquí hay asuntos serios como la destrucción de documentos. Desde mi perspectiva como abogado sí hallo causa probable en la comisión de delitos”, declaró Marcos Rivera Ortiz, presidente del Comité de Transición en Loíza.

Según el togado, el informe del grupo que preside destaca la realización de compras sin las correspondientes subastas.

“Eso es contrario a una administración en ley. Además hubo casos de empleados transitorios que estuvieron trabajando por un espacio de tiempo mayor a lo que la ley exige”, denunció Rivera Ortiz.

“El Municipio de Loíza ha estado operando como un ente sin cabeza, cuyos miembros actúan independientemente sin norte y sin dirección definida. Se ha operado de manera improvisada, dando tumbos en ausencia de un líder capacitado”, aseguró el abogado.

“Por ejemplo, el Departamento de Obras Públicas Municipal, es dirigido por una persona sin la preparación académica pertinente, sin un plan de operación ni proyecciones para mejoras en el futuro. Además, existe ausencia de protocolos y directrices que generen una operación eficiente, propiciando actos y deficiencias que pueden degenerar en la comisión de delitos públicos. En dicho Departamento, tampoco hay sistemas o procedimientos para el mantenimiento de los vehículos y su disposición final”.

En el caso particular de la Policía Municipal, los informes rendidos por el Director de ese Departamento recogen una serie de investigaciones relacionadas con actos de negligencia o constitutivos de delitos. Por ejemplo, se investigó el robo de un arma de fuego asignada al chofer del Alcalde. El arma nunca apareció.

 “Aquí se ‘perdieron’ dos rifles de asalto AR-15, una escopeta y dos pistolas Smith & Wesson. La Oficina de Auditoría Interna investigó de manera especial casos sobre hurto de bienes pertenecientes al Municipio de Loíza, uso indebido de propiedad municipal, alteración de boletas para compra de combustible por empleados municipales del Departamento de Manejo de Emergencias Municipal, así como el uso de equipo municipal para fines privados y personales en horas laborables”, destacó el abogado.

El proceso de transición en Loíza reveló además que la Oficina de la Primera Dama y Asuntos de la Comunidad otorgaron dinero proveniente del Emergency Solution Grant a familiares y personas allegadas al Director de dicha oficina y a la manejadora de casos. Para lograr esto, alteraron documentos públicos, no se solicitaron los reembolsos correspondientes y se violaron varios artículos de la Ley de Ética Gubernamental.

“En un periodo de cuatro años, no se reportaron dichos casos a la Oficina de Ética Gubernamental ni tampoco al Departamento de Justicia o las autoridades federales. Esto tuvo el efecto de originar una percepción de impunidad por actos negligentes y constitutivos de delitos”, argumentó Rivera.