El presidente de la UPR, José Ramón de la Torre, y el presidente del Consejo General de Estudiantes, Gabriel Laborde, se saludaron con un apretón de manos a su salida del tribunal. (Primera Hora / Heriberto Castro)
sábado, 12 de junio de 2010
Maritza Díaz Alcaide y Nydia Bauzá / Primera Hora
El tribunal les impuso a la Universidad de Puerto Rico y a los estudiantes el uso de un mediador para que busquen el fin de la huelga.
Tras la determinación del juez José R. Negrón Fernández, a la UPR no le quedó más remedio que negociar sin querer, y con condiciones estrictas dictadas por el mediador escogido: el ex juez del Tribunal Apelativo Pedro López Oliver.
La mediación dará inicio hoy, a las 9:30 de la mañana, con todos los miembros del Comité Negociador estudiantil y luego con dos de sus abogados.
López Oliver también pidió reunirse por separado con la Junta de Síndicos en pleno y con el presidente de la UPR, José Ramón de la Torre.
Ese encuentro se llevará a cabo a las 2:00 de la tarde.
Todas las reuniones de negociaciación se celebrarán en el Centro Judicial de San Juan y continuarán hasta que se resuelva el conflicto, o se certifique un tranque.
De suceder esto último, el juez advirtió que le dará paso a la consideración del interdicto permanente que solicitó la UPR a fin de que los huelguistas le entreguen el control de la institución.
“El ex juez López Oliver me pidió que les dijera que está consciente de que durante 42 días ‘buenas personas, con buenas cabezas han tratado de resolver este asunto’, que él espera que comparezcan a las reuniones con ánimo de armonizar los intereses de todas las partes”, dijo Negrón Fernández, luego que el ex juez le confirmara su disponibilidad a interceder en la controversia que mantiene cerrados nueve de 11 recintos de nuestro primer centro docente.
López Oliver fue juez superior, con 25 años de experiencia en la judicatura.
Ha sido árbitro y mediador en casos de gran complejidad y formó parte del comité Blue Ribbon creado por la administración de Sila Calderón para investigar la corrupción.
Antes de aceptar su encomienda, hizo claro que tiene un hijo candidato a graduación en la Escuela de Derecho de la UPR.
El mediador no cobrará por sus servicios y condicionó su participación a que sea él quien decida cómo se llevarán a cabo las reuniones de negociación.
Las partes no objetaron estas exigencias.
López Oliver fue escogido entre dos candidatos que propuso el juez, luego que no hubo acuerdo entre las partes en torno a dos ternas de candidatos presentadas por cada una de éstos.
Se supo que el otro candidato era el también ex juez apelativo Ángel Rossy, a quien en un principio los estudiantes favorecían.
Luego se allanaron a que el mediador fuera López Oliver, quien prefirió la Universidad.
La mediación impuesta por el tribunal comenzó a gestarse desde horas de la mañana.
El juez les había advertido a las partes que si no lograban un acuerdo en la reunión que originalmente se había citado para las 2:00 en el Jardín Botánico, tendrían que someterse al proceso con la reglas del tribunal.
Negrón Fernández ordenó que de fallar el diálogo, comparecieran a las 4:30 de la tarde a la Sala 904.
El Comité Negociador Nacional les llevó a De la Torre y a la presidenta de la Junta de Síndicos una propuesta final que entendían podría poner fin a la huelga.
En ésta se incluyeron los últimos reclamos de los universitarios: que no se impusiese una cuota especial de $1,000 anuales en agosto para así poder continuar negociando con los portones abiertos y que no haya sanciones sumarias para los huelguistas, ni expulsiones, ni suspensiones.
Cuando llegaron al Jardín Botánico, se encontraron con el edificio de la Presidencia tomado por agentes de seguridad tanto de la compañía privada Capitol como de la Guardia Universitaria.
Se llegó al extremo de exigirles que entrasen sin bultos.
Los despacharon rápido diciéndoles que avanzaran porque tenían una cita en el tribunal. Su propuesta quedó en la nada.
En la corte se presentaron De la Torre y la presidenta de la Junta de Síndicos, quienes dijeron que le iban a pedir al juez Negrón Fernández un proceso de mediación con los portones abiertos, algo que el magistrado ya había descartado desde la mañana.
De hecho, el juez le tuvo que decir varias veces al abogado de la UPR que no lo estaba entendiendo cuando le indicó que ordenaría la mediación, tras el repetido tranque habido en las negociaciones.
El abogado de McConnell Valdés, Raúl Arias Marxuach, le dijo a Negrón Fernández que sus representados le informaron que no aceptaban la mediación a menos que se abrieran los portones.
“Yo creo que usted no está entendiendo... Parece que no me expresé bien… Yo voy a encaminar este proceso bajo la jurisdicción del tribunal. Voy a establecer las condiciones procesales”, le aclaró el magistrado.
Les pidió a los abogados que se pusieran de acuerdo para escoger un mediador y les ordenó que antes del mediodía les sometieran una terna de candidatos.
Si no lograban un acuerdo, someterían una segunda terna y si tampoco lograban consenso, el tribunal recomendaría el mediador.
Los estudiantes propusieron al decano de Ciencias Sociales Severino Pérez, al ex decano de Derecho Efrén Rivera y al profesor de Derecho Guillermo Figueroa Prieto. También se barajó el nombre del creador de Iniciativa Comunitaria, José Vargas Vidot.
La UPR propuso al ex juez del Tribunal Supremo, Antonio Negrón García, y a los abogados Ismael Colón Birriel y Gerardo Carlo.
El juez dijo que había sido flexible suspendiendo las vistas y subrayó que mediación y negociación son cosas distintas.
“Hay que montar el muñeco”, dijo refiriéndose al proceso de mediación y al calendario. Dijo que trabajarían ayer, hoy y mañana, además de lunes y martes. Si el miércoles sigue el tranque, Negrón Fernández dijo que ya tiene jurisdicción sobre siete de los estudiantes demandados y que comenzaría a ver la prueba del interdicto preliminar. Indicó que en esta etapa no atendería las alegaciones de daños y perjuicios.
A la vista comparecieron los estudiantes demandados Arturo Ríos, Verónica Guzmán, René Vargas, Aníbal Núñez, Rashid Marcano, María Mercedes Carruthers y el presidente del Consejo General de Estudiantes, Gabriel Laborde, contra quien se entabló el pleito originalmente.
En el área de los portones no hubo manifestaciones y todo parecía estar en calma, pero la tensión e incertidumbre eran notables ante el nuevo impassé en las conversaciones.
Miembros del claustro de los recintos de Mayagüez, Bayamón, Río Piedras y Ciencias Médicas advirtieron que ante la posibilidad real de un desalojo violento, pondrán en vigor el voto de huelga del pasado 21 de mayo.
“Sabemos que la educación requiere un ambiente de paz, diálogo, libertad y colaboración. No vamos a acudir a las aulas de un campus abierto a palos”, dijo el profesor del recinto Universitario de Mayagüez, Hector Huyke, en una conferencia de prensa en Plaza Universitaria.
El profesor sostuvo que si se pretendiera reanudar las labores universitarias a la fuerza o con la presencia de la Policía, “vamos a proteger la Universidad”.
Al finalizar la vista judicial, Primera Hora se acercó a De la Torre y le preguntó sobre su toga desaparecida y éste dijo que aún no la han encontrado.
