Las más de tres millones de libras de desperdicios biomédicos de las que aún no se dispone evidencian, a juicio de la directora del Programa de Derecho Ambiental de la Universidad Interamericana, la incompetencia de López Freytes. (Primera Hora / Archivo/ Teresa Canino Rivera)
viernes, 31 de agosto de 2007
Firuzeh Shokooh Valle / Primera Hora
Es “Insólito”, inaceptable e ilegal.
La directora del Programa de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Jessica Rodríguez, advirtió ayer que el presidente de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Carlos López Freytes, ha violado varias leyes -además de faltar a su deber ministerial-, en su manejo inadecuado de los 3.6 millones de libras de desperdicios biomédicos dejados por BioCelsius en Caguas.
Rodríguez se refirió a violaciones al Código Penal y a la Ley sobre Política Pública Ambiental que establece las funciones y los deberes de la JCA y del presidente. En la ley, además, se define claramente lo que es una emergencia ambiental y cómo se puede utilizar el Fondo de Emergencias Ambientales que tiene asignado $12 millones. También provee para que la JCA recobre tres veces la cantidad que invierta.
“Esta ley establece la obligación del presidente de la Junta de actuar con carácter de urgencia, irrespectivamente de que tenga otras opciones luego. Lo que ha pasado es insólito. Esto es una emergencia, porque son tres millones de libras de desperdicios peligrosos, no estamos hablando de cuatro bolsas. Durante los últimos cuatro meses en que ha permanecido esta situación de propagación de bacterias, el presidente de la Junta ha hecho lo indecible por no resolver el asunto cuando tenía una disposición legal que le permitía, le autorizaba y, sobre todo, le exigía la acción inmediata. Esto es un mandato de naturaleza constitucional, el funcionario no tiene discreción”, explicó la abogada ambientalista.
PRIMERA HORA reveló que luego de cinco meses todavía nadie había limpiado la acumulación de millones de libras de sangre, gazas, jeringuillas, suero, entre otros desperdicios biomédicos dejados por BioCelsius. Residentes del área declararon a este diario que se han enfermado y ecologistas han advertido sobre los peligros de contaminación de cuerpos de agua.
López Freytes justificó la inacción de su agencia asegurando que estaban esperando que BioCelsius pagara la esterilización, trituración, remoción y disposición final de los desperdicios y la decisión del Tribunal de Quiebras, al que se acogió la empresa.
Finalmente el miércoles pasado -luego de una vista en la que el Tribunal de Quiebras determinó que la empresa no podía pagar-, la JCA decidió echar mano del Fondo, y comenzará a limpiar el martes. El secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras, defendió públicamente la gestión de López Freytes.
“La ley expresamente dispone: 'Usted atiende y resuelve y después le cobra al responsable tres veces lo que el Estado invirtió'. En la medida en que López Freytes no acató la ley que le exige haber hecho eso, indirectamente se convirtió en copartícipe de esa contaminación ambiental”, indicó Rodríguez en referencia a la posible violación del Artículo 242 del Código Penal que establece que incurrirá en delito grave la persona que directa o indirectamente provoque un daño que “ponga en grave peligro la salud de las personas o el equilibrio de los sistemas ecológicos o del medio ambiente”.
“El Gobernador le haría un gran favor al país y demostraría que respeta la ley destituyendo a una persona que ha mostrado, a todas las luces, su incompetencia. El resultado ha sido que López Freytes ha permitido la existencia de un vertedero ilegal, y no cualquier vertedero, sino de uno peligrosísimo. Por un lado, hay toda una campaña contra el dengue, pero nadie habla de este lugar como un criadero”, dijo Rodríguez, quien agregó que la secretaria de Salud, Rosa Pérez Perdomo -llamada a velar por la salud del pueblo-, también ha sido negligente.
La abogada precisó que esto no releva a BioCelsius de su responsabilidad primaria como causante de este desastre ambiental y de salud. Exhortó al Departamento de Justicia a presentar los cargos contra la empresa y a investigar a López Freytes mediante un fiscal especial independiente.





