La ex gobernadora Sila M. Calderón dijo sobre la Oficina de Comunidades Especiales que es “muy desafortunado” que se pierdan agencias que ofrecen servicio directo a los ciudadanos. (Primera Hora / Archivo / Teresa Canino)

martes, 29 de septiembre de 2009
Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora

El despido de casi la totalidad de los empleados de la Oficina de Comunidades Especiales podría terminar en los tribunales bajo el entendido de que el Gobierno cerró “de facto” esa dependencia sin contar con el endoso de la Legislatura.

“Esa oficina tiene que operar. Aquí no se ha derogado la Ley 1 de 2001 que creó Comunidades Especiales”, dijo el coordinador de unión Utier-Prosol, Luis Pedraza Leduc, quien reveló que esa sindical no descarta impugnar en corte el despido de 135 empleados de un total de 148 que laboran en la agencia.

Pedraza Leduc indicó que también se está evaluando la posibilidad de llevar las cesantías a arbitraje.

“Una tragedia”.

Así describió, por otro lado, la ex gobernadora Sila M. Calderón el despido masivo de empleados públicos por parte del gobernador Luis Fortuño.

En cuanto a la Oficina de Comunidades Especiales, Calderón -que creó la entidad- sostuvo que es “muy desafortunado” que se pierdan agencias que ofrecen servicio directo a los ciudadanos.

“Resulta una tragedia que se haya tenido que recurrir a estas medidas extremas que tanto sufrimiento están causando. Medidas cuyos efectos hay que velar con mucho cuidado, pues el aumento en desempleo muy bien puede agravar el ya debilitado cuadro de todos los sectores de la economía”, dijo en declaraciones escritas.

La ex gobernadora agregó que la mitad de los puertorriqueños vive “en gran pobreza” y desmantelar agencias que les brindan apoyo a los marginados puede empeorar la situación “al abrir más la brecha económica y social entre nuestra gente”.

Uno de los líderes comunitarios de Comunidades Especiales, Wilfredo López, de Aguas Buenas, llamó ayer “mentirosos” al Gobernador y al coordinador de la OCE porque aseguraron que esa instrumentalidad seguiría operando.

“Nos han estado engañando durante meses. El Gobernador dijo que respaldaba las comunidades, pero desarticula las organizaciones comunitarias”, sostuvo López, quien también tildó de irresponsable a la Legislatura por apoyar la Ley 7 que viabilizó las cesantías.