En el Capitolio, la oficina de Héctor Martínez era custodiada ayer por un empleado del Senado. (Primera Hora / Juan Luis Martínez)
jueves, 24 de junio de 2010
Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora
El convicto ex legislador Jorge de Castro Font no le dijo nada malo al Departamento de Justicia sobre el senador Héctor Martínez ni sobre el empresario Juan Bravo, imputados los dos por las autoridades federales en la comisión de varios delitos, incluidos los de conspiración y soborno.
El secretario de Justicia Guillermo Somoza reveló que “muchos” de los supuestos delitos que De Castro Font delató ante Justicia ya están prescritos y el resto se siguen investigando en el foro estatal.
Somoza adelantó ayer que próximamente le pedirá a la Fiscalía Federal la prueba que maneja contra Martínez y el ex presidente de Ranger American para, “en su momento”, determinar si se les radicarán cargos estatales o no.
El funcionario advirtió que los federales manejan prueba confidencial, por lo que sólo ellos pueden decidir cuándo y en qué circunstancias entregan la documentación. Eso podría suceder, incluso, cuando concluya el caso en corte.
Justicia de Puerto Rico interrogó a De Castro Font en septiembre de 2008.
El gobernador Luis Fortuño, mientras tanto, se reiteró ayer en que Martínez no tiene que renunciar a su escaño.
Para el mandatario es suficiente con que no ocupe posiciones de liderato ni en la Legislatura ni en el Partido Nuevo Progresista.
Cuando se le preguntó si eso no supone dos varas, una para medir al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá y otra para medir a Martínez, porque al primero se le pidió la renuncia y al otro no, dijo que se trata de un “asunto de responsabilidades”.
Los gobernadores, señaló, tienen una jornada de trabajo de 24 horas al día que requiere de ellos una concentración completa.
“La responsabilidad de los legisladores es distinta. Ahora, incluso, tendrán un receso de verano”, dijo.
En cuanto a Bravo, el Primer Ejecutivo expresó que en efecto éste participó de la confección de la sección de seguridad del programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista.
“Eso no quita que todo el mundo tiene que cumplir con la ley, no importa a quién conozca, ni si ayudó o no en la plataforma. A su familia va nuestra solidaridad, pero la ley es la ley y todos tienen que cumplir, no importa en qué campaña haya ayudado”, subrayó.
Cuando las autoridades federales acusaron al ex gobernador Acevedo Vilá por cargos de corrupción relacionados con fondos de campaña —de los que finalmente fue absuelto—, Fortuño le recomendó que “por el bien suyo y el de su familia” se retirara y ocupara su tiempo en defenderse.
En cuanto a la participación de Bravo en el programa del PNP, el superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, dijo que él no fue el único que trabajó en la redacción de las propuestas de seguridad.
Figueroa Sancha hizo la salvedad de que él, antes de ocupar el cargo de superintendente, no figuró entre los autores del programa de gobierno, porque para aquel entonces era funcionario del FBI y no podía vincularse a ningún proceso político.
“Que Bravo haya participado del programa en nada afecta nuestros planes. Él no fue el único que estuvo en ese proceso”, insistió el jefe de la Policía.
