La joven, víctima de acoso sexual, sale de la sala junto a sus progenitores Orlando Rosado y Anaibeth Casiano. (Para Primera Hora / Nelson Reyes Faría)
martes, 8 de marzo de 2011
Wilma Maldonado Arrigoitía / Primera Hora
Una joven de 19 años testificó ayer en el Centro Judicial de Utuado que no lleva la vida normal de alguien de su edad, porque su estado emocional y vida familiar cambiaron drásticamente desde que, cuando tenía ocho años, fue atacada supuestamente con lascivia por dos sacerdotes en Jayuya.
La testigo es una de las demandantes en un pleito civil presentado por la familia Rosado Casiano, todos ellos católicos practicantes, contra la Diócesis de Ponce de la Iglesia Católica Romana, a quien le imputan no haber tomado acción inmediata ante reportes de actos impropios por parte de los padres José Florencio Martínez y Manuel de la Cruz Sánchez.
“La Iglesia católica en Puerto Rico tiene un protocolo en los casos específicamente de delitos sexuales y la prueba que se va a pasar en el juicio van a escuchar que se le notificó al padre Félix Lázaro”, dijo el abogado de los demandantes, Iván Ayala Cruz. “Ese protocolo se incumplió... y la Iglesia es negligente por ese acto”, agregó.
Ayala Cruz sostuvo que ante la mera sospecha, la Iglesia debió separar a los sacerdotes de las funciones que realizaban.
El abogado de la Diócesis de Ponce, José Héctor Vivas, prefirió no comentar sobre el caso. No obstante, durante las argumentaciones que se dieron ayer en sala, Vivas indicó que tan pronto se presentaron cargos criminales contra los curas se inició un proceso administrativo. Asimismo, del expediente del caso se desprende que la Iglesia argumentó que “las alegaciones presentadas contra ambos sacerdotes fueron viciosas y falsas, según confirmado por el jurado que los absolvió de las acusaciones criminales”.
Tanto padre Manuel como padre José Florencio fueron acusados, en el 2005, por delitos de actos lascivos y agresión. No obstante fueron encontrados no culpables por dos jurados distintos que atendieron sus juicios en este mismo centro judicial.
Los demandantes reclaman $650,000 por los daños emocionales que alegan haber sufrido.
“Me gustaría que al menos en esto se hiciera justicia. Son muchos los jóvenes que sufren por esto”, dijo la joven, quien junto con otras cuatro menores testificaron contra los sacerdotes en el proceso criminal. “Luego del juicio, como a la semana, volví a la escuela intermedia y me humillaban los estudiant es, se reían de mí, escribían cosas en las paredes como si a mí me hubiesen violado, y en la pizarra”, relató.
La joven dijo que cuando tenía entre ocho y nueve años fue tocada en sus partes íntimas por el padre Florencio, quien estaba asignado a varias parroquias de Jayuya.
“Él se dedicaba a jugar con nosotras (la testigo y su prima), pero era un juego brusco”, narró la testigo. “Me agarraba en la falda, me manoseaba, me tocaba mis senos, mis muslos, me tocaba la vagina”, relató.
La testigo también señaló que posteriormente, el padre José Florencio retornó a su natal El Salvador y fue sustituido en el 2002 por el padre Manuel. Este sacerdote supuestamente también mostró una conducta lasciva contra ella y, en una ocasión, la encerró en un cuarto de la parroquia, metió su mano por dentro del pantalón y le tocó los glúteos, además de tocarla.
Los sacerdotes vinieron de El Salvador para hacer una labor parroquial. Las autoridades eclesiásticas de ese país certificaron la buena reputación de estos sacerdotes, y fueron asignados a la parroquia Nuestra Señora de la Monserrate, en Jayuya, donde hacían labores de vicarios.
Cuando se les radicaron cargos en el 2005, ambos estaban en El Salvador y viajaron a enfrentar el proceso judicial. Para ese entonces, habían sido suspendidos de sus funciones eclesiásticas por el obispo de Ponce, Félix Lázaro, en lo que se veía el caso.
En un juicio por jurado celebrado en el 2005, los dos sacerdotes fueron encontrados no culpables por cargos de actos lascivos.
“Las alegaciones presentadas contra ambos sacerdotes fueron viciosas y falsas, según confirmado por el jurado que los absolvió de las acusaciones criminales”, argumentó el abogado de la Iglesia en el informe preliminar que consta en el expediente del caso.
El juicio continuará mañana, miércoles.
