Durante la conferencia de prensa, los abogados Rafael Casasnovas Cortés, Juan José Troche y Manuel Irizarry invocaron el privilegio de abogado–cliente para no responder sobre las alegaciones surgidas luego de la muerte del menor de ocho años. (Primera Hora / Heriberto Castro)

sábado, 20 de marzo de 2010
Maribel Hernández Pérez / Primera Hora

La investigación del Ministerio Público en torno al asesinato del niño Lorenzo González Cacho, de ocho años, está centrada en la madre del menor Ana I. Cacho González, admitieron sus abogados.

En una conferencia de prensa, los abogados Rafael Casasnovas Cortés, Juan José Troche y Manuel Irizarry reiteraron que le instruyeron a Cacho guardar silencio sobre su conocimiento del caso, tras la fiscal Wanda Casiano, directora de la Unidad de Investigaciones de Bayamón, certificarles que era sospechosa.

“(La) fiscal Casiano me responde y cito: ‘Les voy a contestar la pregunta rapidito. Ella está aquí como sospechosa’. Automáticamente, el Estado, representado en la figura de la distinguida compañera, me dice a mí como abogado en presencia de mi representada que ella es sospechosa de la investigación, se activan todos los derechos constitucionales que a ella le asisten”, dijo Casasnovas.

Por alguna razón, el ex fiscal quiso destacar que Casiano no le leyó las advertencias legales a Cacho, sino que se las dijo de memoria y tampoco le trajo un documento donde se describen las advertencias y donde firma si desea declarar o no.

“Ella le dijo las advertencias legales... ante esa disyuntiva jurídica, este abogado recomendó y es mi responsabilidad, de que guardara absoluto silencio”, insistió.

Troche advirtió que a Cacho le asiste una presunción de inocencia, al tiempo que criticó a la secretaria de la Familia por divulgar que González Cacho era sospechosa, sin pensar en la seguridad de la madre y sus hijas de cinco y 13 años.

“Aquí hay que proteger unas menores también porque el Estado las ha puesto a ellas en un momento hasta en un riesgo a su seguridad de salir a la calle porque se ha entrado a hacer unas adjudicaciones. Es sumamente peligroso”, dijo Troche.

Casasnovas advirtió que la decisión de la madre para que Lorenzo fuera cremado obedece a sus creencias religiosas y no a sus intenciones de eliminar evidencia del crimen.

Agregó que fue tras obtener la autorización de la fiscal Mariela Santini, el día de los hechos, que se dispuso del colchón donde murió el menor y se procedió a limpiar la habitación. Sin embargo, invocaron el privilegio de abogado–cliente para no responder sobre las alegaciones de que la mujer es usuaria de sustancias controladas, sobre la falta de evidencia de que la puerta posterior de la casa fue forzada y en torno a la presencia de dos hombres compartiendo con la madre la noche del crimen.