Durante el día, hubo protestas de estudiantes en las afueras del tribunal. (Primera Hora / Teresa Canino Rivera )
miércoles, 16 de junio de 2010
Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora
El tranque persistió anoche entre la administración universitaria y el Comité Negociador Nacional pese a las largas horas de mediación vividas en el Centro Judicial de San Juan, donde se buscaban avenidas para poner fin a la huelga en la UPR.
Casi a las 11:00 de la noche se esperaba la firma de un acuerdo entre las partes, pero los miembros de la Junta de Síndicos salieron del salón de mediación del Centro Judicial de San Juan, señalando que no había acuerdo.
“No, no se ha logrado el acuerdo, todavía no se ha podido lograr. Todavía hay unos aspectos en discrepancia”, dijo la presidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera.
Cuando se le planteó que los estudiantes habían aceptado un lenguaje de no cuota en agosto pero que reconocía que la UPR podía imponer cuotas, contestó que eso no “era lo único” .
El tranque principal durante todo el día había estado en el tema de las sanciones.
En horas del mediodía, uno de los abogados del movimiento estudiantil, Juan Santiago, consignó que los estudiantes habían demostrado “un gran espíritu de sacrificio, un gran desprendimiento” con lo que estaban dispuestos a conceder.
El consenso era a los efectos de que no se dieran procedimientos sumarios, ya que con ello los huelguistas quedarían sujetos a expulsiones y suspensiones.
Los estudiantes exigían que se agotaran todos los procedimientos apelativos disponibles. La administración universitaria se opuso a eso por entender que de ese modo la efectividad del castigo podría tomar años, pero casi a las 10:00 de la noche se dijo que ponderaba una propuesta que señalaba que si en 60 días no se atendían los procesos de apelaciones, los universitarios podían continuar con sus estudios, hasta que hubiese una decisión final y firme.
En cuanto al tema más sustantivo, el de la cuota especial, éste se suponía superado, no habría una imposición de una cuota en agosto.
Desde temprano se informó que la administración pretendía que el acuerdo incluyera la posibilidad de que esa cuota se fijara a partir del segundo semestre del próximo año académico, es decir a partir de enero de 2011, en atención a la crisis económica que sufre la institución.
Se discutió la posibilidad de que se consignase un lenguaje que le garantizara a la UPR su capacidad de imponer cuotas, aunque los estudiantes dejarían establecido su rechazo a cualquier alza en el costo de los estudios.
En cuanto a las sanciones, ayer se mencionaba que existía una lista de cerca de 200 estudiantes a los cuales la administración universitaria pretendía dejar fuera de la UPR.
“El asunto de las sanciones se cubre en una sola oración”, se le llegó a confiar a este diario con respecto a la oferta de los estudiantes.
Mientras la mediación entre la Junta y el Comité Negociador avanzaba –al estilo de los convenios colectivos que se dirimen en el Departamento del Trabajo: intercambiando propuestas y contrapropuestas-, estudiantes del Recinto de Río Piedras dijeron que esta semana recibieron cartas referentes a sus préstamos de estudio, en las que se les informó que debían comenzar a pagarlos en mayo o en diciembre.
La líder estudiantil Verónica Guzmán confió que en su caso, ella recibió una misiva para que inicie el pago de un préstamo en mayo, aunque se supone que le resta un año de estudio. “Parece que piensan expulsarme”, señaló preocupada la joven universitaria.
Las conversaciones con el mediador Pedro López Oliver conducentes a ponerle fin a la huelga en el sistema universitario comenzaron temprano, primero con miembros del Comité Negociador estudiantil.
A las 10:00 de la mañana todo era optimismo de parte de los asesores legales de los huelguistas que veían como casi seguro el acuerdo, “hoy mismo”.
La Junta de Síndicos se había reunido la noche antes, dando paso a una contrapropuesta que sus miembros entregaron en el Centro Judicial pasadas las 3:00 de la tarde.
Hubo versiones de que la administración barajaba una reducción en el monto de la cuota de menos de $1,000, pero llegada la tarde, se aseguraba que “no había cifra en la mesa de negociaciones”.
Si la intervención de López Oliver da los frutos anticipados, se supone que el juez José Negrón Fernández emita una sentencia que disponga del interdicto para que los huelguistas le entreguen a la UPR el control del Recinto de Río Piedras, recurso que quedó pendiente de solución ante la alternativa de su mediación.
De parte de los estudiantes, el acuerdo necesariamente tiene que ser ratificado por los estudiantes en asamblea.
Se estima que habría varias, en los 10 recintos en paro.
En cuanto a la Junta de Síndicos, a ésta le correspondería certificar todos los entendidos.
El movimiento estudiantil ya había obtenido varios logros con respecto a los reclamos que provocaron la paralización de casi todo el sistema universitario.
Uno de ellos fue en torno al alcance de la polémica Certificación 98 sobre exención en el pago de matrícula. El más importante ahí fue que los becados no perderán su exención.
Otro triunfo de los universitarios estribó en que la UPR garantizó que no se aprobarían alianzas público-privadas en el sistema universitario del pueblo de Puerto Rico.
Los miembros de la Junta de Síndicos que participaron de las negociaciones de ayer fueron la presidenta del cuerpo Ygrí Rivera, Agustín Cabrer, Rosa Amelia Franqui, Carlos Pérez, Marisara Pont, Francisco Fantauzzi, Carmen Elisa Cotto e Isabel Pico.
Estuvieron ausentes José Rosado, Norman Maldonado y German Malaret.
En el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, mientras tanto, quedó suspendida una vista del interdicto preliminar contra la presidenta del Consejo General de Estudiantes de Bayamón, Valerie Rodríguez, y otros estudiantes para que desistan de ejercer control sobre ese recinto en huelga.
El abogado de los universitarios, César Rosado Ramos, dijo que la Universidad le solicitó a la jueza Vivian Duriex que pospusiera el proceso hasta el viernes en atención a la mediación que se da en torno al conflicto en el Centro Judicial de San Juan.
Rosado Ramos también pidió que se aplazara la vista o se consolidara el caso con el de Río Piedras.
La vista finalmente fue suspendida para el lunes y se acordó no emplazar a ningún estudiante.
En este caso existe una controversia en torno a los emplazamientos, dado que a Valerie Rodríguez le dejaron el documento en el buzón de la residencia de su papá y su defensa entiende que eso no constituye un emplazamiento.
La UPR, de otro lado, le presentó ayer al Tribunal Supremo un memorando en respuesta al recurso de certificación intrajurisdiccional presentado por cuatro estudiantes de derecho ante ese foro.
La Universidad le pidió al Supremo que emita una sentencia declaratoria en cuanto a que las protestas estudiantiles rebasan los límites constitucionalmente protegidos de libertad de expresión. Objeta, sin embargo, que se emita una certificación intrajurisdiccional que establezca que la UPR tiene la responsabilidad de garantizar “los servicios a los que se comprometió mediante la relación contractual que asumió con los demandantes y que los estudiantes matriculados tienen derecho a continuar con sus estudios pese a las circunstancias”.
