El abogado de Christian “Chemito” Soto dijo que solicitará una vista de fianza, ya que padece de una condición en una pierna, por la que no ha recibido atención médica adecuada en la Cárcel Federal, en Guaynabo. (Primera Hora / Archivo / Alex Figueroa Cancel)
miércoles, 25 de enero de 2012
Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora
El caso que llevan las autoridades federales contra el Christian “Chemito” Soto Mojica, hijo del alcalde de Canóvanas, José “Chemo” Soto, y otros 27 individuos, cuenta con más de 1,000 grabaciones telefónicas de los implicados que guardan relación con los cargos de conspiración que enfrentan por narcotráfico. Los detalles relacionados con la evidencia salieron a relucir durante una vista de estatus celebrada ayer por la mañana en la sala del juez federal Gustavo Gelpí.
La fiscal Olga Castellón precisó que el punto de origen de la mayoría de las llamadas fue en California, y que arrojan luz sobre los cargos de conspiración que se radicaron el pasado septiembre contra Chemito y el resto de los implicados en la red, algunos de los cuales son de ascendencia mexicana.
Según las autoridades federales, el hijo del Alcalde era uno de los tres líderes puertorriqueños de una poderosa organización que mantenía una cadena de distribución de marihuana entre México, California, Florida y Puerto Rico, pero eran los acusados mexicanos los que supuestamente mantenían el control absoluto de la operación.
Durante la vista de ayer trascendió que los representantes legales de muchos de los acusados están en negociaciones con la fiscalía para llegar a acuerdos de sentencia. Pero el abogado de Chemito, Robert Millán, quien recientemente asumió la representación legal de su cliente, aclaró que él aún no ha iniciado alguna conversación con los representantes de la fiscalía.
Millán aseguró que posiblemente solicitará una vista de fianza para Soto Mojica, quien originalmente renunció a ésta a través de un abogado de la Oficina del Defensor Público Federal, ya que padece de una condición en una pierna, por la cual no ha recibido la atención médica adecuada en la Cárcel Federal, Guaynabo.
El veterano abogado Joseph Laws, uno de los representantes legales del presunto cabecilla de la organización, aseveró en corte abierta que la etapa de negociación está adelantada, aunque cabe destacar que este sujeto, de ascendencia mexicana, no ha hecho una declaración de culpabilidad. El individuo muy bien podría ir a juicio, aunque está por verse por muchos de los abogados que intentan transar con la Fiscalía Federal.
El juez Gelpí fijó el 15 de febrero como la fecha límite para que la fiscalía le entregue a la defensa las transcripciones de las grabaciones, y se pautó otra vista de estatus para marzo.
“La fiscalía no ha ofrecido los acuerdos. Son los abogados (defensores) los que nos han contactado para llegar a unos acuerdos... Los agentes han revisado las conversaciones, y estamos a la disposición de proveerlas (a la defensa)”, indicó la fiscal.
Algunos de los detalles de las grabaciones han salido a relucir durante las vistas de otros implicados en la red. Varias llamadas aparentan implicar directamente a Chemito en la compra de armas de fuego.
Las autoridades también cuentan con evidencia de vídeo y audio que coloca a Soto Mojica aceptando armas de fuego y recogiendo cajas que, aparentemente, contenían sustancias controladas. Durante una vista el pasado octubre ante el magistrado Bruce McGiverin, se presentó una grabación en la que se escucha al hijo del Alcalde presuntamente aceptando una pistola que le ofrecía otro de los acusados, identificado como Carlos Vega García, mejor conocido como “Carlitos Falo”.
La conversación transcurrió de la siguiente manera: “Me están dando una 45”, sostuvo Vega García.
“Yo paso por ahí ahora. Bajo a Quintas (aparentemente en referencia al residencial Quintana)”, supuestamente, respondió Soto Mojica.
Los acusados enfrentan un mínimo de 10 años hasta un máximo de cadena perpetua por cargos que se relacionan con una empresa que se dedicaba a importar marihuana desde México. La acusación incluye una confiscación de $5 millones y varias propiedades.
Su modus operandi intentaba eludir el radar federal con envíos de cargamentos a residencias lujosas cuando sus dueños no estaban en la casa, aunque los propietarios de las residencias no estaban vinculados a la empresa criminal. Los cargamentos de droga se escondían dentro de casas o negocios para luego ser distribuidos a residenciales públicos, incluyendo el complejo Manuel A. Pérez.
Se alega, además, que “los acusados poseían y cargaban armas de fuego como parte de las actividades narcodelictivas”.
